Sorprendente registro del domicilio de un periodista; frágil protección de las fuentes

Con consternación y preocupación Reporteros sin Fronteras tuvo conocimiento del registro realizado el 15 de marzo de 2012 en el domicilio Éric-Yvan Lemay, de Le Journal de Montréal (grupo de Quebec). Al periodista le confiscaron su ordenador y, además, le tomaron las huellas digitales. Asimismo, la policía se llevó la ropa que llevaba puesta el día que realizó un reportaje sobre las graves negligencias en el medio hospitalario, trabajo por el que se le acusó de haber “robado al menos 5.000 dólares” y de “tráfico de información”, lo que dio lugar al registro llevado a cabo por la policía. “Éric-Yvan Lemay no ha hecho sino mostrar las serias amenazas que existen sobre el secreto médico, lo que en sí constituye un tema de interés público. No cometió ningún robo ni tráfico. Así, la calificación de la acusación presenta un problema. Más sorprendente aún es el registro llevado en su casa, digno de un caso de terrorismo, donde el menor rastro de identificación de un individuo es examinado con detenimiento. Estos procesos contravienen tanto la libertad de informar, como los derechos individuales fundamentales. Apoyamos las protestas de la Federación Profesional de Periodistas de Quebec (Fédération professionnelle des journalistes du Québec, FPJQ), que denunció el caso, y esperamos que este proceso sea declarado inválido”, declaró Reporteros sin Fronteras. El reportaje de Éric-Yvan Lemay, con fecha del 8 de febrero, ponía en evidencia la enorme facilidad con que puede tenerse acceso al expediente de los pacientes de varios hospitales de la región de Montreal. El mismo periodista habría logrado consultar documentos que fueron dejados descuidadamente en los pasillos de estos establecimientos. Evidentemente, Éric-Yvan Lemay no mencionó en su reportaje los nombres de los pacientes concernidos. Secreto maltrecho
El caso de Éric-Yvan Lemay ofrece razones para alimentar las preocupaciones respecto a la protección de datos y de fuentes periodísticas, mientras que las garantías en esa materia parecen subordinadas a la buena voluntad de tal o cual representante del poder público. El 1 de marzo pasado Alain Gravel, de Radio Canadá, ganó un proceso ante la Corte Suprema de Quebec, el caso del promotor inmobiliario Tony Accurso. Éste conminó al periodista a revelar las fuentes que lo implicaban en un vasto fraude fiscal (por el cual no fue procesado personalmente). Por el contrario, el 28 de febrero otro magistrado de la Corte Suprema ordenó a Maurice Giroux, del diario en línea MediaSud, que proporcionara el nombre de sus fuentes, tras haber acusado al presidente de las compañías aéreas Max Aviation y Cargair, Marie-Josée Prud’homme, en un caso de filtrado de documentos confidenciales. Finalmente, el gremio sigue en guardia por el caso Ian Davidson, nombre del ex policía que se dijo se había suicidado el 18 de enero pasado –y quien habría vendido a la mafia de Montreal una lista de 2.000 nombres de informantes de la policía de la ciudad–. La investigación sigue abierta en lo que concierne a las fuentes que transmitieron la información a los medios de comunicación. C-30 en suspenso
Reporteros sin Fronteras continúa pidiendo la abrogación del proyecto de ley federal C-30, presentado en la Cámara de los Comunes de Canadá el 14 de febrero y que implicaría una verdadera vigilancia de los internautas en nombre de la lucha –legítima– contra la cibercriminalidad. El texto autorizaría a la policía a obtener de las empresas de telecomunicación los datos personales de sus clientes sin una orden judicial.