Considerado antaño como uno de los más dinámicos de la región de los Grandes Lagos, el panorama mediático burundés se ha empobrecido considerablemente desde la tentativa fallida de golpe de estado de 2015 y la posterior crisis. Varias emisoras de radio fueron destruidas o forzadas al exilio, fundamentalmente a Ruanda. Radio-Télé Isanganiro, Bonesha FM y el grupo de prensa Iwacu forman parte de los medios más seguidos e independientes. La emisora Rema FM y la radiotelevisión RTNB también tienen una audiencia importante, pero están totalmente alineadas en la defensa y la promoción del régimen actual.   

Tras la muerte del presidente Pierre Nkurunziza en 2020, su sucesor, el general Ndayishimiye, prometió la normalización de las relaciones con los medios burundeses, pero esta promesa nunca se ha llegado a concretar. El CNDD-FDD, en el poder desde 2005, es un partido-Estado que no tolera ninguna voz discordante. Se vigila a la prensa muy de cerca, hasta el punto de que en determinadas provincias los periodistas deben tener una autorización o estar acompañados por un miembro de un medio estatal para poder abordar ciertos temas. La policía de los medios, el Consejo Nacional de Comunicación (CNC), está totalmente sometida al régimen y el presidente designa a sus miembros.  

Aunque la libertad de expresión está garantizada por la Constitución y la ley de prensa, el marco legal actual no ofrece ninguna medida de protección concreta en favor del libre ejercicio del periodismo. A finales de 2022, la censura a la que estaba sometido el digital informativo Iwacu desde hacía cinco años llegó a su fin. En 2020, los cuatro periodistas de Iwacu que habían pasado más de un año encarcelados tras ser detenidos cuando iban a realizar una cobertura, fueron liberados no tras un proceso judicial, sino a través de un indulto presidencial. A principios de 2023, una periodista acusada de "atentar contra la integridad del territorio nacional" fue condenada a diez años de cárcel, tras un procedimiento sin garantías basado en acusaciones infundadas. Privada de cuidados y detenida en condiciones indignas, su salud se ha deteriorado desde su encarcelamiento. 

Burundi es uno de los países más pobres del mundo y el mercado publicitario es mínimo. En este contexto, resulta muy difícil que un medio sobreviva  sin el apoyo del régimen, de otras instituciones u ONG extranjeras. 

El régimen ha instaurado una auténtica cultura del terror, tanto en la sociedad como en las redacciones, que sucumben mayoritariamente a la autocensura. Cuando realizan una cobertura, los periodistas suelen encontrarse con un “comité de bienvenida”, formado por personas sin libertad de expresión elegidas por las autoridades. El régimen considera a los profesionales de los medios como patriotas que deben ser formados como tales. Los que se resisten son tratados como enemigos de la nación. 

Los periodistas burundeses viven con el temor de ser amenazados, agredidos o detenidos. La represión puede provenir de las autoridades o de los militantes del partido gobernante, como la violentísima milicia de jóvenes Imbonerakure, que usa a la vez la violencia y el chantaje para silenciarlos. En 2021, el presidente se ensañó públicamente con dos periodistas burundeses que trabajaban en el extranjero, acusándolos de destruir el país. Cualquiera que cometa atropellos contra los profesionales de la información goza de total impunidad. Siete años después de la desaparición del periodista de Iwacu Jean Bigirimana, y pese al cambio de régimen en 2020, las autoridades siguen sin mostrar una voluntad política real de esclarecer este caso, ya que podría implicar a las autoridades de la época.