El panorama mediático del Reino Unido sigue adoleciendo de falta de pluralismo: sólo tres empresas – News UK, Reach y Daily Mail and General Trust – dominan el mercado nacional de los diarios, concentrando el poder y la influencia en muy pocas manos. La corporación pública de radiodifusión, la BBC, sigue bajo presión, pues la cuestión de su financiación está fuertemente politizada, mientras que se intensifica el debate sobre la propiedad extranjera de los diarios británicos.  

A pesar de que el gobierno haya garantizado que la libertad de los medios es una prioridad, un clima político restrictivo ha afectado a la libertad de prensa en el Reino Unido durante los últimos años. La detención e interrogatorio –en virtud de la legislación antiterrorista– de varios periodistas que entraron en el país constituye un hecho preocupante, en un país en el que, por lo general, los periodistas siempre han podido trabajar libremente. El encarcelamiento de Julian Assange, que espera su extradición a Estados Unidos, también sigue siendo motivo de preocupación.  

Se ha avanzado en la lucha contra las acciones judiciales abusivas destinadas a silenciar a los periodistas –conocidas como “procesos mordaza” o SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation)– con una nueva normativa para contrarrestar estos procedimientos en los casos de delitos económicos. Aunque sigue siendo necesaria una legislación más amplia contra los “procesos mordaza”, el reconocimiento oficial por parte del gobierno de que tales abusos constituyen un problema de seguridad para los periodistas ha sido una buena noticia. 

Las dificultades presupuestarias, agravadas por la pandemia, han obligado a numerosos medios a echar el cierre o a reducir significativamente sus plantillas. La amenaza de costosas demandas por difamación y la precariedad del trabajo freelance han impedido a muchos medios y periodistas independientes emprender investigaciones sobre temas delicados y les han obligado a recurrir a la financiación colaborativa para costearse asesoramiento legal. El desarrollo de iniciativas de apoyo a la información sobre la democracia local ha supuesto un avance positivo en los últimos años. 

Aunque los periodistas del Reino Unido suelen tener libertad para trabajar sin limitaciones culturales significativas, la polarización política expone cada vez más a la gente a la crítica y la intimidación, especialmente en Internet. Los periodistas de Irlanda del Norte siguen amenazados por los grupos paramilitares y el crimen organizado. La impunidad persistente en torno al asesinato, en 2001, del periodista del Sunday World, Martin O'Hagan, es una asignatura pendiente para el país. Por otro lado, nadie ha sido condenado aún por el asesinato de la periodista Lyra McKee en 2019. 

Las amenazas contra los periodistas iraníes que trabajan en el Reino Unido se recrudecieron en 2023. El canal Iran International se vio incluso obligado a suspender sus operaciones en el país por motivos de seguridad. Los periodistas exiliados en el Reino Unido se enfrentan a un amplio abanico de amenazas transnacionales, incluidos ataques en Internet que suelen ser de carácter sexista. La seguridad de los periodistas también sigue siendo motivo de preocupación en Irlanda del Norte, donde reciben amenazas por sus investigaciones sobre el crimen organizado y las actividades paramilitares. La publicación de un Plan de Acción Nacional para la Seguridad de los Periodistas, en marzo de 2021, fue una iniciativa bien acogida, aunque los avances en su aplicación se han visto ralentizados por la pandemia del Covid-19 y la inestabilidad del gobierno.