Los principales grupos mediáticos chinos, como la agencia de noticias Xinhua, la Televisión Central de China (CCTV), la Radio Nacional de China (CNR), los periódicos China Daily, el Diario del Pueblo y el Global Times pertenecen al Estado y están directamente controlados por las autoridades. Todos los días, el Departamento de Propaganda del Partido Comunista envía al conjunto de medios una lista detallada de los temas a destacar y una lista de los temas que está prohibido tratar, so pena de sanciones. Los grupos audiovisuales del Estado China Global Television Network (CGTN) y Radio China International (RCI) difunden la propaganda del régimen en el mundo entero.

A ojos del régimen, los medios tienen que actuar como portavoces del partido y difundir su propaganda. Los periodistas y blogueros independientes que se atreven a investigar sobre un tema considerado sensible son puestos bajo vigilancia, acosados, detenidos y, en algunos casos, torturados. Para obtener y renovar su acreditación de prensa, los periodistas deben descargarse la aplicación propagandística “Estudiar a Xi, reforzar el país”, capaz de recabar todos sus datos personales.

La Constitución de la República Popular de China garantiza “la libertad de expresión y de prensa”, pero el régimen vulnera regularmente el derecho a la información, con total impunidad. Para reducir a los periodistas al silencio, los acusa de “espionaje”, “subversión” o de “incitar peleas y provocar problemas”, tres delitos cuya definición es tan vaga que pueden invocarse cualquiera que sea el contexto. La ley permite castigar a los periodistas independientes aislándolos durante seis meses, mediante la “residencia vigilada en un lugar designado” (RSDL), en las llamadas “prisiones negras” chinas, donde son privados de toda defensa jurídica y pueden ser torturados.

El sector es muy rentable, pero está casi enteramente en manos del gobierno y del Partido Comunista Chino, que prevé adoptar una ley para prohibir cualquier inversión extranjera en los medios. De ser aprobada, podría aportar una base legal a las restricciones ya existentes y reforzar el control del régimen sobre los medios, reduciendo al silencio a las últimas voces independientes.

El presidente Xi Jinping, que ascendió al poder en 2012, ha restaurado una cultura mediática digna de la era maoísta, en la cual informarse libremente es un crimen e informar a otro, un crimen aún peor. Los medios públicos y privados chinos están sometidos a un control cada vez más férreo, al tiempo que la administración multiplica los obstáculos al trabajo de los corresponsales extranjeros.

El régimen chino recurre a la vigilancia, la coerción, la intimidación y el acoso para impedir a los periodistas independientes rendir cuenta de los temas que juzga “sensibles”. China es la mayor cárcel de periodistas del mundo, con más de 100 actualmente en prisión, en condiciones muy duras.