El panorama mediático del Congo es abundante, con una veintena de cadenas de televisión privadas y cerca de cuarenta emisoras de radio. Digital Radio Télévision (DRTV), primera cadena de televisión privada, y Vox TV son las cadenas más populares. La emisora de radio Radio Mucodec es una de las más escuchadas. El periódico Dépêches de Brazzaville es el único diario, y el semanal La semaine africaine, fundado en 1952, es el más antiguo. Detrás de este vasto panorama de apariencia pluralista, la independencia de la información está comprometida por la afinidad o pertenencia de numerosos medios, especialmente las cadenas de televisión, a personas próximas al poder.  

Dentro del régimen autoritario dirigido desde 1997 por Denis Sassou-Nguesso, las presiones, amenazas, multas y la autocensura son automáticas en cuanto se aborda cualquier tema relacionado con el presidente o sus fieles. El poder tiene una influencia importante en el nombramiento y el despido de los responsables de medios públicos. El presidente del Congo es quien nombra directamente al presidente del Consejo Superior de Libertad de Comunicación, el organismo regulador. 

La ley sobre la Libertad de la Información y de la Comunicación, la relativa al pluralismo en el sector audiovisual y la que define  las funciones del Consejo Superior de la Libertad de Comunicación, son los tres instrumentos jurídicos que, supuestamente, deben asegurar el libre ejercicio del periodismo. Pero este marco favorable a priori apenas se aplica y los encarcelamientos arbitrarios de periodistas persisten. En diciembre de 2022, el Consejo Superior para la Libertad de Comunicación decidió suspender el canal Vox TV durante una semana, sin recibir antes a sus responsables y sin especificar qué contenidos eran vetados. Pocos días después, el director del canal anunció su dimisión.

El cierre por motivos financieros de varios medios en los últimos años, entre los que se encuentran las tres cadenas de televisión de Brazzaville Top Tv, MNTV, CB+ y DVS+ en Pointe Noire, ilustra la precariedad del sector mediático. Las ayudas públicas, que sólo benefician a los medios estatales, y un mercado publicitario muy reducido, contribuyen a la fragilidad de los medios privados.

Los periodistas viven diariamente en un ambiente de inseguridad real y se enfrentan a la intimidación a través de las redes sociales, amenazas telefónicas, detenciones y encarcelamientos arbitrarios, incluso la expulsión del país o el exilio obligado. Sobre todo si critican al gobierno o dan voz a la oposición. En 2021, Raymond Malonga fue condenado a seis meses de prisión por difamación en un caso que implicaba a la mujer del jefe de los servicios de seguridad congoleses. Su caso recuerda al de otro director de una publicación encarcelado durante 18 meses, dos años antes. Los actos de violencia hacia ellos siguen impunes.