Se archiva el caso de las 92 vídeos destruidas por la CIA: “otro revés para la información”

Al decidir, el 9 de noviembre de 2010, aparcar la investigación sobre las destrucciones de 92 vídeos de interrogatorios llevados a cabo en las prisiones secretas de la CIA, el fiscal federal John Durham acaba de asestar un nuevo golpe a la manifestación de una verdad de interés público y al acceso de los ciudadanos a la información oficial. Tal decisión resulta aún más incomprensible si tenemos en cuenta que la propia CIA reconoció haber destruido las 92 grabaciones en marzo de 2009. ¿Entonces, cómo puede decidir el juez que no hay motivos suficientes para abrir un juicio? Otro despropósito: la investigación sobre las destrucciones de las vídeos se archiva cuando se supone que la relativa a las torturas infligidas a los detenidos de las prisiones secretas debe proseguir. Es probable que ésta última padezca las consecuencias si se abandona la primera, pues habría permitido reunir elementos o testimonios sobre el contenido de las grabaciones destruidas. Reporteros sin Fronteras, que siempre apoyó la solicitud de investigación, quiere expresar su profunda decepción. Actualmente, nadie ignora ya a qué extremos recurrieron los servicios secretos y el ejército bajo las órdenes de la administración George W. Bush, en nombre de la “guerra contra el terrorismo”. La administración del presidente Barack Obama sigue retractándose en cuanto a la promesa de transparencia que formuló en su investidura, en enero de 2009. En nombre de la democracia y de la Constitución, el gobierno de Estados Unidos les debe toda la verdad a sus ciudadanos y a la comunidad internacional. Una garantía de su buena voluntad se daría con la liberación del soldado Bradley Manning, presunta fuente del sitio Web Wikileaks en sus revelaciones - documentos clasificados como prueba – de los crímenes cometidos en nombre de la “guerra contra el terrorismo”. ____________ 05.10.10 - Mutismo de la Corte Suprema en relación con escuchas extrajudiciales: el FOIA sigue sufriendo
La Corte Suprema desestimó el 4 de octubre de 2010 la denuncia puesta por 23 abogados de detenidos de la base de Guantánamo tras eventuales escuchas de sus conversaciones con sus clientes por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). El mutismo de la más alta jurisdicción de Estados Unidos representa un nuevo revés para el derecho de acceso a la información pública, acordado por el Freedom of Information Act (FOIA). No obstante, la administración Obama se había comprometido, desde la investidura del nuevo presidente, en garantizar la aplicación de tal derecho, antes de cambiar de pronto de opinión. Apoyándose en el FOIA, los 23 abogados acudieron en mayo de 2007 a un tribunal de Nueva York para conseguir que la NSA les entregue los informes de las escuchas de sus conversaciones telefónicas con sus clientes detenidos en Guantánamo. La causa fue desestimada en primera instancia y su recurso en apelación no tuvo más éxito. La Corte Suprema constituía para ellos la última alternativa pero la alta jurisdicción simplemente se negó a examinar el caso. Aunque unos servicios de inteligencia no puedan revelar el conjunto de sus datos, el rodeo sistemático del FOIA en nombre de la seguridad nacional viola, en este caso, algunos principios fundamentales de la Constitución. Los derechos de la defensa de los presos de Guantánamo se verían pisoteados en caso de que se confirme que la NSA ha espiado las conversaciones de sus abogados. Estos tienen derecho a ser informados de ello. Más allá de los casos concretos que concierne, esta denuncia cuestiona el programa de escuchas telefónicas fuera de cualquier marco legal, a cargo de la NSA por orden de la administración Bush en el año 2002, unos meses después de los atentados del 11-S. Miles de ciudadanos estadounidenses y extranjeros fueron objeto de este programa, en particular periodistas, sin tener en cuenta el derecho a informar libremente ni tampoco la confidencialidad de las fuentes. Al revelar la existencia de dicho programa, el 16 de diciembre de 2005, el New York Times decía haber sido presionado por la Casa Blanca para que no publicase su artículo (http://www.nytimes.com/2005/12/16/politics/16program.html). La administración federal y los servicios de inteligencia tienen el deber de rendir cuentas de los abusos cometidos en nombre de la “guerra contra el terrorismo” bajo la presidencia de George W. Bush. Esta información resulta ser de interés público, en Estados Unidos y fuera del país. Las esperanzas albergadas en este sentido con el gobierno Obama se perdieron rápidamente. ¿De hecho, qué ha sido de nuestra solicitud para investigar las destrucciones de vídeos de la CIA, confirmadas por la propia agencia? La doble legislatura del predecesor de Barack Obama fue marcada, en particular, por encarcelamientos de periodistas que se negaban a revelar sus fuentes o sus archivos. Siempre en nombre de la seguridad nacional. Entre el 16 de junio de 2002 y el 1 de mayo de 2008, Sami Al-Haj cámara sudanés de la cadena qatarí Al-Jazira, fue detenido en Guantánamo, a modo de presión del Departamento de Estado sobre su medio de comunicación. De hecho, las autoridades militares intentaron comprometer a su abogado, Clive Stafford-Smith. El imperativo de seguridad nacional sigue impidiendo la aprobación, en el Congreso, de una legislación que garantizaría la protección de las fuentes a nivel federal, tratándose a pesar de todo de una protección reconocida, a diferentes niveles, por 40 Estados de la Unión.