RSF registra 20 casos de ataques a la libertad de prensa en Perú entre agosto y septiembre de 2024
Durante los dos últimos años, Perú ha experimentado un fuerte retroceso en materia de libertad de información y un desplome de 48 puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Sólo entre agosto y septiembre de 2024, RSF ha registrado y documentado 20 vulneraciones de la libertad de prensa, muchas de ellas protagonizadas por funcionarios públicos atacando a profesionales de la información. Uno de los casos más alarmantes es el de la periodista de investigación Paola Ugaz, cuyos derechos a la intimidad y al secreto de las fuentes han sido violados por el poder judicial, evidenciando las crecientes amenazas que se ciernen sobre el secreto periodístico y la libertad de prensa en el país.
La periodista peruana Paola Ugaz, conocida por sus investigaciones sobre los crímenes cometidos por la secta ultraconservadora Sodalicio de Vida Cristiana, descubrió recientemente un nuevo y preocupante ejemplo del deterioro de la libertad de prensa que sufre su país, aunque no directamente por su labor informativa. Ugaz, que ha sido víctima de acoso judicial desde 2018, se enteró de que, en agosto de 2023, un juez había admitido la solicitud del fiscal para revelar sus comunicaciones telefónicas de 2013 a 2020, en el marco de la investigación en curso contra ella por un presunto delito de “enriquecimiento ilícito”. Ni Paola Ugaz ni su abogado fueron informados de esta decisión, que fue adoptada amparándose en el secreto de sumario. La solicitud, basada en acusaciones falsas relacionadas con su trabajo como responsable de redes sociales en la Municipalidad de Lima entre 2013 y 2014, constituyó un claro intento de acceder a su información periodística confidencial, incluida la identidad de sus fuentes.
Es la primera vez que las autoridades peruanas revelan las comunicaciones de un periodista sin notificárselo, lo que sienta un peligroso precedente que podría socavar la protección de las fuentes periodísticas. El pasado 26 de septiembre, Ugaz recurrió la decisión de hacer público el sumario de su caso. RSF continuará vigilando de cerca el acoso judicial contra la periodista, que ha revelado casos de torturas físicas y psicológicas por parte de dirigentes de Sodalicio, así como casos de tráfico de tierras y de tráfico de influencias.
Paola Ugaz es sólo una de las muchas y muchos periodistas que se enfrentan a la creciente presión del Estado, que se acompaña, según ha observado RSF, de un preocupante aumento de las amenazas legales y el discurso difamatorio por parte de funcionarios públicos. El diputado Darwin Espinoza, investigado por corrupción, ha calificado de “chismes baratos” las investigaciones sobre él, mientras que el diputado Alejandro Soto ha presentado varias demandas por difamación contra periodistas que investigan sus ilegalidades. En septiembre de 2024, el portavoz presidencial, Fredy Hinojosa, acusó a los periodistas que cubrían las protestas antigubernamentales de “incitar a la violencia”, alimentando aún más el clima de hostilidad hacia la prensa.
"La divulgación de los registros telefónicos de Paola Ugaz -sin su conocimiento- es una flagrante violación de la confidencialidad de las fuentes y un claro ejemplo de la creciente hostilidad hacia el periodismo de investigación en Perú. El aumento de las violaciones de la libertad de prensa pone de manifiesto la grave crisis que atraviesa el país. Instamos al gobierno a tomar medidas rápidas y decisivas para proteger a los periodistas y salvaguardar la libertad de prensa.
El 28 de agosto de 2024, Gustavo Gorriti, director del medio digital IDL-Reporteros, fue agredido por un grupo de extrema derecha vinculado a políticos que aparecían en sus investigaciones sobre corrupción. Durante unas protestas en Lima, este grupo exhibió carteles con mensajes difamatorios contra Gorriti, conocido por sus indagaciones sobre el escandaloso caso de corrupción Odebrecht y las donaciones no reveladas a las campañas políticas de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. El pasado 25 de septiembre, el mismo grupo volvió a hostigar al periodista profiriendo mensajes de odio y blandiendo carteles ofensivos ante la sede de la fiscalía.
Otros periodistas que se han enfrentado a esta hostilidad son Ernesto Cabral, del medio digital La Encerrona, y Stefanie Medina, del noticiario Contracorriente del canal privado Willax, a quienes se ha obstaculizado el acceso a información política clave durante sus investigaciones. El periodista colombiano Jaime Dinas recibió, por su parte, un trato discriminatorio mientras cubría un acontecimiento deportivo. En agosto de 2024, Patricia Hoyos y Rosario Romaní, periodistas del medio digital Ojo Público, ambas procesadas por presunta difamación por exponer casos de corrupción, fueron víctimas de un ciberataque durante el lanzamiento del informe “Mordaza Judicial” del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
El desplome de Perú en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa no hace sino confirmar la gravedad de la situación.
