RSF pide sanciones económicas de la Unión Europea contra Polonia

El plazo que la UE dio a Polonia para que modifique sus polémicas reformas del sistema judicial expira este 27 de octubre, y Reporteros sin Fronteras pide que se ponga en marcha el procedimiento de sanciones previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.

El gobierno polaco se ha burlando de la libertad de prensa, sobre todo de la independencia de los medios, durante el año pasado. En virtud del artículo 7, en caso de "violación grave por un Estado miembro" de los valores fundamentales de la UE, el Consejo Europeo "podrá decidir que se suspendan determinados derechos" del Estado miembro, "incluyendo los derechos de voto del representante del gobierno de ese estado miembro en el Consejo".

RSF pide a la UE que se acoja al procedimiento del artículo 7 y suspenda el derecho de Polonia a recibir ciertas ayudas y beneficios estructurales, ya que es uno de los países miembros que más fondos recibe.

"La Unión Europea no puede permitir que uno de sus miembros más importantes pisotee los valores de la libertad de prensa, el pluralismo y la independencia, que constituyen la identidad de la UE, su fuerza y tal vez hasta su razón de ser", afirma el secretario general de Reporteros sin Fronteras, Christophe Deloire .

"La UE debe utilizar las herramientas legales a su disposición para sancionar a Polonia y poner fin a las violaciones de libertad de prensa. Como este país es uno de los principales beneficiarios de los fondos de la UE, ésta no debe dudar en golpear a Polonia donde financieramente le duele y cortar ciertas ayudas".

La independencia de los medios se ha visto muy afectada en Polonia desde que salió elegido el actual Parlamento, en octubre de 2015. Los medios públicos están bajo el control político, los periodistas reciben presión económica y los medios de comunicación privados han sido asfixiados.

Se trata de graves infracciones contra valores fundamentales de la UE como la libertad, la democracia, el estado de derecho y el pluralismo, valores que se supone que son "comunes a los estados miembros", según el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. La libertad de prensa y el pluralismo no son sólo una parte de estos valores, sino también una condición esencial para su existencia.

Como resultado de la ley de medios aprobada en noviembre de 2015, fueron despedidos de inmediato los directores y los consejos de supervisión de la televisión y radio públicas, mientras que se habilitó al ministro de Hacienda para nombrar a nuevos consejeros sin pasar por el independiente Consejo Nacional de Radiodifusión. Los medios públicos se convirtieron en medios de comunicación nacionales de propiedad estatal, que el gobierno ha transformado en herramientas de propaganda.

Como la ley de medios de noviembre de año 2015 dejó de tener vigencia en junio, se redactó una nueva ley que se ha pospuesto por el momento debido a la presión nacional e internacional. Bajo el título de "Gran Ley de Medios de Comunicación", planea consagrar la "preservación de los valores patrióticos, cristianos (...) (...) y familiares". También se prevé obligar a los medios de comunicación "a difundir todos los anuncios del Parlamento, el presidente del senado y el presidente".

El Consejo de Europa ha publicado comentarios negativos sobre el proyecto de ley, que violaría la independencia y la libertad editorial de los medios de comunicación.

En respuesta a las críticas, se creó a toda prisa, a finales de julio, el Consejo Nacional de Medios (CNM) hasta que se apruebe la nueva y polémica ley. Entre sus atribuciones se cuentan el poder nombrar y despedir a los jefes de los medios nacionales: TVP, la radio nacional y la agencia de noticias PAP. La ley puente que creó el CNM utiliza buena parte del texto de la nueva proposición de ley y da prerrogativas desproporcionadas al CNM, lo que le permite influir en las decisiones editoriales de estos medios de comunicación y ejercer presión sobre sus directores.

Ha habido otras formas de presión sobre los medios públicos. En la primavera de 2016, unos 150 periodistas fueron despedidos, obligados a renunciar o forzados a aceptar puestos de menor rango, y alrededor de 100 periodistas que trabajaban en medios públicos locales se vieron recientemente afectados por una ola de despidos y bajas voluntarias.

También se presiona a los medios privados, hoy por hoy, la única resistencia frente a los medios de propaganda populista de Jaroslaw Kaczynski. El diario pro europeo Gazeta Wyborzca, en particular, está en el punto de mira porque encarna los valores democráticos liberales que el partido gobernante de Kaczynski, Ley y Justicia (PiS), no puede sostener.

Entre las medidas de presión está la prohibición a las entidades gubernamentales y los tribunales de la renovación de sus suscripciones a Gazeta Wyborzca, en un intento de estrangular económicamente al periódico. Otras dos publicaciones independientes, Polityka y Newsweek Polska, han sido objeto de prohibiciones similares. La publicidad estatal en estos periódicos también se ha reducido, lo que merma sus ingresos aún más.

Por su parte, la derecha ultranacionalista ha comenzado a reescribir la historia de Polonia para rediseñar los episodios sombríos. Una nueva ley sanciona a quienes "dañen la imagen de Polonia", mientras que el uso público del término "campos de concentración polacos" en lugar de "campos de concentración nazis" ahora se castiga con hasta tres años de prisión.

Polonia, que ocupa el puesto 47, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de Reporteros Sin Fronteras, ha perdido 29 posiciones este año.