RSF expresa su rechazo a la intención del gobierno chileno de sancionar filtraciones en la prensa

Reporteros sin Fronteras (RSF) expresa su rechazo a dos proyectos de ley en Chile, conocidos como ‘leyes mordaza’. Con estas reformas legislativas se busca sancionar a quien filtre o divulgue información sobre investigaciones judiciales en curso.

El 5 de abril de 2016 el Senado de Chile aprobó con 29 votos a favor y 3 en contra una iniciativa de ley que contempla castigar con penas que van de 61 a 540 días de prisión a quienes revelen información sobre investigaciones judiciales declaradas en reserva a los medios de comunicación. Al mismo tiempo, se votó en el Senado un proyecto de ley similar –apoyado por el gobierno de Michelle Bachelet–, que prevé sanciones financieras para los periodistas que publiquen información sobre casos judiciales que entren en el ámbito de la ley antiterrorista, así como penas de prisión para los informantes que hayan revelado esta información a la prensa.

Ambos proyectos de ley, llamados ‘leyes mordaza’ por quienes se oponen a ellos, podrían entrar en vigor el próximo 21 de mayo si la Cámara de Diputados los aprueba. Las dos iniciativas han provocado un gran debate en la sociedad chilena y son votados en medio de un clima muy tenso, pues varios políticos –cercanos a la presidencia de Bachelet–, así como importantes empresarios y militares chilenos, son investigados por casos de corrupción, abuso de poder e, incluso, financiamiento ilegal de campaña.

“Reporteros sin Fronteras denuncia las maniobras de los poderes Ejecutivo y Legislativo chilenos. Estas dos iniciativas constituyen un grave atentado contra el derecho a la información, así como una regresión significativa en la democracia de Chile", señaló Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF. "Los diputados chilenos deben optar por la transparencia y votar contra estas ‘leyes mordaza’, que claramente buscan proteger intereses privados y ocultar información comprometedora para el poder actual", agregó.

Es como volver al “secreto de sumario”, señaló Hugo Dolmetsch, presidente de la Corte Suprema de Chile. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, consideró que estas reformas establecerán “una norma que ayudará a muy pocas personas, todas ellas cercanas al poder y a los grandes capitales”.