¿Qué esperanza para la libertad de prensa en vísperas de las elecciones presidenciales en Honduras?

A ocho años del golpe de Estado, registrado el 28 de junio de 2009, la situación de la libertad de información sigue deteriorándose en Honduras. Los asesinatos de periodistas, los procesos judiciales y los actos de violencia en su contra, han instaurado de manera duradera un clima de miedo y autocensura, que se vio reforzado durante el mandato del presidente Juan Orlando Hernández, en el poder desde enero de 2014. El balance de su gobierno en materia de libertad de prensa es catastrófico.

En 2015 Juan Orlando Hernández logró que la Corte Suprema de Justicia suprimiera de la Constitución los artículos que prohibían al presidente reelegirse por un segundo mandato. Así, el próximo domingo 26 noviembre será de nuevo candidato en las elecciones presidenciales, y existen muchas probabilidades de que las gane. La perspectiva de su reelección es fuente de preocupación para RSF; también es la ocasión para recordar la triste realidad cotidiana de los periodistas del país.

Uno de los países más peligrosos del continente para la prensa

Honduras es uno de los países más peligrosos de América Latina para la prensa. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registró que entre enero de 2001 y agosto de 2017 fueron asesinados en Honduras 70 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación; 91% de estos casos permanecen en la impunidad.

Desde enero de 2014, RSF ha registrado al menos cuatro casos de periodistas asesinados en los que el crimen estuvo relacionado directamente con su labor profesional. El último caso registrado fue el de Carlos William Flores, periodista del Canal 22, asesinado el 13 de septiembre de 2017, el cual suscitó la indignación de la comunidad internacional. Muchos otros profesionales de los medios de comunicación han sido asesinados en estos últimos años en Honduras, pero como se carece de información confiable y de investigaciones serias, es difícil conocer si el crimen estuvo relacionado con su profesión.

En mayo de 2015 fue creado el Sistema Nacional de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Desafortunadamente, su aparición no ha mejorado la situación. Debido a la falta de recursos financieros y humanos, lentitud en su respuesta y falta de voluntad política del Estado para investigar la procedencia de las amenazas, este sistema no ha respondido a las expectativas que había suscitado. Además, en un país roído por la corrupción y la impunidad, el mecanismo no inspira mucha confianza entre los periodistas.

En marzo de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la ineficacia de este dispositivo e hizo algunas recomendaciones para mejorar este mecanismo, que RSF compartió.

“Con ocasión de estas elecciones presidenciales RSF da la señal de alarma respecto al peligroso ambiente en que se desempeñan los periodistas hondureños", señaló Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF. "El presidente electo, sea quien sea, tendrá la gran responsabilidad de parar esta espiral de violencia y de revalorizar el trabajo del gremio periodístico. Para ello, deberá demostrar voluntad política y llevar a cabo acciones concretas para fortalecer de manera duradera los mecanismos de protección y prevención de riesgos, luchar contra la impunidad y poner fin a la censura sistemática de las voces críticas en el país”, añadió.

Censura de Estado y procesos judiciales

El gobierno de Juan Orlando Hernández ha intentado por todos los medios controlar la información y amordazar las voces críticas en todo el país. Los medios de comunicación comunitarios y la prensa de oposición han sido los más afectados: tienen un acceso limitado a la información pública, enfrentan dificultades para obtener acreditaciones, sufren un encarnizamiento judicial disuasivo, padecen amenazas, etc.

Los periodistas que investigan la inseguridad, las violaciones a los derechos humanos, la corrupción, el crimen organizado y su infiltración en la esfera pública corren el riesgo de sufrir represalias.

Una muestra del encarnizamiento judicial de las autoridades contra las voces críticas es el caso del periodista Ariel Armando D’Vicente, director y conductor de un programa del canal independiente Libertad TV, quien en 2016 fue condenado por difamación a tres años de prisión, así como el largo proceso contra el conductor de un programa de Globo TV, Julio Ernesto Alvarado –defendido numerosas veces por RSF–; este periodista fue juzgado por difamación en 2013, en 2015 se le prohibió de ejercer cualquier actividad relacionada con la difusión de información.

Muchos otros periodistas hondureños, con los que RSF estuvo en contacto durante una misión realizada en octubre de 2017, actualmente se encuentran en una situación complicada, en el punto de mira del crimen organizado y de funcionarios corruptos. Es, por ejemplo, el caso de Jonny Lagos, director del diario El Libertador, quien el 24 de agosto pasado escapó a un intento de asesinato, lo atacaron a tiros en Tegucigalpa, la capital del país, y de Jairo López, periodista y conductor de un noticiero del Canal 21, quien fue víctima de una campaña de desprestigio y enfrenta un juicio por difamación en el que se han registrado graves irregularidades, así como de Milthon Robles, quien se exilió en España en diciembre de 2016 debido a las amenazas que sufría en su país.