PERIODISTAS DETENIDOS
En cifras
326
periodistas detenidos
-6% * comparado con las cifras de 2016
202 son periodistas profesionales
107 son periodistas-ciudadanos
17 son colaboradores de medios de communicación
Hasta el 1 de diciembre de 2017, en todo el mundo, 326 periodistas estaban detenidos por haber ejercido su labor informativa. Menos que en 2016, cuando la cifra de periodistas que se encontraban tras las rejas ascendía a 348 (187 periodistas profesionales, 146 periodistas-ciudadanos y 15 colaboradores de medios de comunicación). El número de periodistas-ciudadanos detenidos descendió, en particular en China, donde la opacidad de las autoridades sobre la suerte de los periodistas dificulta contar con datos estadísticos. RSF ha logrado recabar más información en este país tan poco transparente respecto a lo que sucede con los reporteros encarcelados, gracias a la abertura este año de una nueva oficina en Taiwán.
Aunque en cuestión de detenciones la tendencia general es a la baja, en 2017 ciertos países se distinguieron por la cantidad –inusual– de periodistas encarcelados. Es el caso de Marruecos, donde un periodista profesional, Hamid El Mahdaoui, cuatro periodistas-ciudadanos y tres colaboradores de medios de comunicación, están detenidos por haber cubierto un tema muy delicado para el gobierno: la rebelión que agita a la región de Rif desde finales de 2016. Hace un año, en la misma fecha, ningún periodista se encontraba en las prisiones marroquíes. Por otra parte, en Rusia aumentó la presión ejercida sobre los medios de comunicación independientes y los periodistas de investigación que trabajan en Moscú y otras ciudades, sobre temas como la corrupción. Cinco periodistas y un bloguero están tras las rejas.
2 - Las cinco mayores prisiones del mundo para los periodistas
Casi la mitad de los periodistas detenidos se encuentran en las prisiones de cinco países.
CHINA: UNA MUERTE LENTA TRAS LAS REJAS
China sigue siendo la mayor prisión de periodistas en el mundo (tomando en cuenta todas las categorías). El régimen de Pequín, que ha perfeccionado su arsenal de medidas para reprimir a periodistas y blogueros, ya no emplea la pena de muerte contra sus opositores, sino que deja que su salud se deteriore en prisión hasta que mueran.
Este año se supo que Liu Xiaobo, quien recibió el Premio Nobel de la Paz 2010 y el Premio a la Libertad de Prensa RSF 2004, y el bloguero Yang Tongyan, ambos condenados a largas penas de prisión, padecían cáncer en fase terminal y murieron poco después de ser trasladados al hospital. Ahora, la comunidad internacional teme por la vida de Huang Qi, fundador del portal informativo 64 Tianwang, quien también recibió el Premio a la Libertad de Prensa RSF 2004. Huang Qi está en el centro penitenciario de Mianyang, donde padece actos de violencia, carece de atención médica y sufre presiones para que se declare culpable de los crímenes de los que se le acusa.
TURQUÍA, PRISIÓN PREVENTIVA COMO ARMA DE CASTIGO
Desde el fallido intento de golpe de Estado registrado en julio de 2016 Turquía se ve sacudida por una purga sin precedentes y se ha convertido en la mayor prisión del mundo para los periodistas profesionales (42 + 1 colaborador). Bajo el estado de emergencia, ya no existe el derecho a un proceso justo y equitativo, y los procesos arbitrarios afectan a todos los ciudadanos. Hacer críticas al gobierno, colaborar con un medio de comunicación “sospechoso”, estar en contacto con una fuente delicada o usar un servicio de mensajería encriptado son motivos que por lo general bastan para encerrar en prisión a periodistas por “terrorismo”.
La mayoría de los reporteros detenidos no ha sido sentenciada: la prisión preventiva, que debería ser una medida excepcional, tiende a volverse una práctica sistemática y permanente en Turquía. Así, varios periodistas esperan tras las rejas, desde hace año y medio, un veredicto que no llega. Es el caso de Şahin Alpay, columnista del diario Zaman; de la periodista Nazlı Ilıcak, quien trabajaba para el diario Bugün, y de Nedim Türfent, reportero de la agencia de noticias Dicle (DIHA, por sus siglas en turco). Esta medida arbitraria incluso se ha llegado a emplear con los extranjeros. El joven periodista francés Loup Bureau permaneció 51 días detenido; antes que él, el fotógrafo Mathias Depardon estuvo un mes en un centro de detención y luego fue expulsado del país.
El Balance de RSF se basa en una metodología rigurosa con la que se comprueba, caso por caso, que la detención del reportero estuvo relacionada con su ejercicio del periodismo. De la centena de periodistas detenidos en Turquía, RSF está en medida de afirmar que al menos 43 de ellos fueron privados de su libertad debido a su profesión periodística. Aún se siguen investigando numerosos casos.
Triste desempeño: con 19 periodistas en prisión, Vietnam se convirtió en 2017 en una de las cinco principales prisiones del mundo para los periodistas, por delante de Egipto, donde actualmente se encuentran tras las rejas 15 periodistas (el año anterior eran 27). Censura, detenciones arbitrarias, violencia encubierta por el Estado… en los últimos meses el gobierno de Hánoi ha impulsado una ola de represión sin precedentes contra toda libertad de informar. Al menos 25 blogueros han sido detenidos o expulsados de su país. A la fecha 19 están detenidos. Una de las tantas razonas por las que RSF continúa con su campaña#StopTheCrackdownVN.
3-Detenidos a modo de ejemplo
Los periodistas no sólo son interpelados o perseguidos por sus escritos. En regímenes autoritarios muchos reporteros pueden ser encarcelados para que su caso sirva de ejemplo, a fin de aterrorizar y hacer callar a sus colegas, o para ejercer presión en conflictos que no les conciernen directamente.
Es el caso del periodista egipcio Mahmoud Hussein Gomaa, a quien las autoridades mantienen en prisión preventiva desde hace un año sin que exista ningún cargo sólido en su contra. ¿Cuál fue su error? Mahmoud Hussein Gomaa ejerce su profesión de periodista en Doha, donde trabaja para la cadena catarí Al-Jazeera, pesadilla del gobierno egipcio, y regresó a su país por las fiestas de fin de año. Esto lo convirtió en una víctima de la guerra que libra el gobierno egipcio contra el medio de comunicación para el que trabaja; el periodista está acusado de «incitación al odio y publicación de información falsa».
Deniz Yücel, corresponsal de Die Welt, está encarcelado en Turquía desde febrero de 2017, víctima también de un conflicto externo. El reportero de 44 años de edad cuenta con dos nacionalidades, pues nació en Alemania, pero sus padres son turcos. Se le acusa de hacer «propaganda terrorista» y de «incitación al odio», pero estos cargos en su contra aún no se han presentado formalmente. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que en sus discursos califica al periodista de espía y criminal, parece haber tomado al reportero como rehén en sus relaciones cada vez más turbulentas con Alemania.
En Vietnam, el nombre de “Me Nam” (Madre Hongo) figura en la larga lista de blogueros que han sido detenidos desde que el ala dura del Partido Comunista asumió el poder – venciendo a los reformistas, tras el Congreso de 2016– y busca retomar por completo el control de la información. Por haber sido una de las principales figuras de la libertad de expresión del país y haberse atrevido a abordar en las redes sociales la cuestión de la violencia policíaca, la bloguera, cuyo verdadero nombre es Nguyen Ngoc Nhu Quynh, fue condenada a finales de junio a diez años de prisión por hacer “propaganda contra el Estado”, tras un proceso a puerta cerrada que duró un día.
En Camerún el corresponsal de RFI, Ahmed Abba, es otra víctima colateral de los conflictos de su país. El simple hecho de mencionar las crisis atravesadas por Camerún –como la insurrección de Boko Haram en el norte o las manifestaciones en las regiones anglófonas del sur– puede ser sancionado bajo diversos pretextos. La prolongada detención del periodista muestra cómo el gobierno se empeña en controlar el discurso público y evitar cualquier cuestionamiento a la autoridad del Estado. A pesar de la movilización de RSF, de diversos organismos de periodistas y de organizaciones internacionales que pidieron que fuera puesto en libertad, Ahmed Abba fue condenado en abril de 2017 a diez años de prisión por “blanquear el producto de un acto terrorista”. El veredicto se dará a conocer el jueves 21 de diciembre.
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