Un mes de marzo mortífero para los periodistas de México

Frente al estallido de la violencia observado en el mes de marzo, RSF se une a la prensa mexicana e incita al gobierno mexicano a que tome medidas firmes para frenar esta espiral mortífera.

El martes 28 de marzo hombres armados irrumpieron en el domicilio del periodista independiente Julio Omar Gómez Sánchez, en la ciudad de Cabo San Lucas, estado de Baja California Sur (norte del país). Gómez Sánchez y su familia salieron ilesos del ataque, pero el escolta que los protegía murió al enfrentarse a los agresores. Gómez Sánchez contaba con las medidas de protección del Mecanismo para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos desde diciembre 2016, cuando desconocidos incendiaron intencionalmente su vivienda.

Tras haber sufrido diversos ataques, Gómez Sánchez decidió dejar sus actividades periodísticas en 2016. El reportero publicaba en e portal informativo 911 Noticias información sobre los abusos de las autoridades locales, la corrupción y el narcotráfico, muy presente en este estado de México.

“RSF solicita de nuevo a los responsables del Mecanismo para la protección de periodistas que refuercen lo antes posible las medidas de seguridad con que cuenta Gómez Sánchez”, señaló Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF.

Según información de las autoridades federales, Gómez Sánchez se fue temporalmente de la región para ponerse a salvo.

El 29 de marzo, Armando Arrieta Granados, jefe de redacción del diario La Opinión de Poza Rica, estado de Veracruz, fue víctima de un intento de asesinato. Según la información obtenida por RSF, cuando Armando Arrieta Granados salía de su casa, camino al trabajo, hombres armados empezaron a dispararle. Actualmente está hospitalizado, se encuentra grave. Arrieta Granados es un aguerrido profesional, que ha trabajado en La Opinión la mayoría de sus 28 años de carrera.

En abril 2005 el director de este diario, Raúl Gibb Guerrero, fue asesinado frente a su domicilio. Es uno de los 20 periodistas asesinados en Veracruz desde el año 2000.

“El ambiente de terror en el que se encuentran sumergidos los periodistas mexicanos no puede perdurar”, agregó Emmanuel Colombié. "El crimen organizado y la corrupción hacen imposible el trabajo informativo y condenan a los periodistas a la censura y al silencio. Es responsabilidad de las autoridades federales encontrar una solución durable a este problema y reforzar los mecanismos de protección que ya existen, así como recordar el papel fundamental que tiene la prensa en un país democrático”, añadió.

Estos dos intentos de asesinato tuvieron lugar tan solo días después del asesinato de Miroslava Breach, ocurrido el 23 de marzo en el estado de Chihuahua. Esta periodista de 54 años de edad, que trabajaba para los diarios La Jornada (como corresponsal) y Norte de Ciudad Juárez, fue asesinada a balazos cuando se encontraba en su automóvil. Murió mientras era trasladada al hospital. La periodista cubría temas relacionados con el crimen organizado y la corrupción; acababa de publicar un reportaje sobre un conflicto armado entre los líderes de un grupo delictivo relacionado con el Cártel de Juárez.

Miroslava es la tercera periodista asesinada en México desde el inicio del año: Cecilio Pineda Birto perdió la vida el 2 de marzo en Ciudad Altamirano (estado de Guerrero), y Ricardo Monlui fue asesinado a balazos 19 de marzo en el municipio de Yanga (cerca de la ciudad de Córdoba, estado de Veracruz).

México ocupa el lugar 149, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de RSF. En un informe titulado: “Veracruz: los periodistas frente al Estado de miedo”, publicado el 2 de febrero de 2017, RSF muestra las dificultades que enfrentan quienes ejercen el periodismo en México y hace una serie de recomendaciones a las autoridades federales y locales para acabar con esta espiral de violencia.