Acusadas de “incitar al delito”, las radios comunitarias podrían padecer represión

Tras la purga padecida en los medios de comunicación públicos después del golpe parlamentario que derrocó al presidente Fernando Lugo el 22 de junio de 2012, las radios comunitarias podrían sufrir muy pronto las embestidas del nuevo poder. La Unión de Radiodifusores del Paraguay (URP) fue uno de los primeros organismos gremiales en reunirse con el gobierno de Federico Franco horas después de la destitución del jefe de Estado. El 13 de agosto pasado, en una entrevista con el Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, el presidente de la URP, Javier Correa, pidió ayuda para “combatir a más de 1.200 radios piratas existentes en el país” y acusó a las emisoras comunitarias de muchas veces “incitar al delito”. Asimismo, solicitó ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) que cancelara las licencias de todas las estaciones de radio implicadas en “actos de ilegalidad”, aunque no precisó cuáles. Javier Correa aseguró haber obtenido una respuesta favorable de las autoridades. El 8 de julio la CONATEL ya planeaba el desmantelamiento de unas 200 radios comunitarias que no contaban con “autorización legal” para operar. “No se engaña a nadie con el barniz legal y administrativo del que se vale el representante de las principales emisoras de radio privadas y comerciales del país; casi todas ellas apoyaron el golpe de Estado parlamentario contra Fernando Lugo. Este cabildeo sirve directamente a los intereses de un gobierno de dudosa legitimidad. La mayoría de las radios comunitarias –parte de los movimientos sociales–, apoyan la movilización ciudadana que se desarrolla tras la destitución del presidente, el 22 de junio. ¿Se quiere creer que esta movilización cesará haciendo callar a estas radios? ¿Qué quedará entonces de los principios de libertad de expresión y de pluralismo? Cediendo a presiones económicas y políticas de este orden, el gobierno rompería definitivamente con la base constitucional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, declaró Reporteros sin Fronteras. “Sólo una ley de telecomunicaciones que garantice un espacio equitativo para todos los tipos de medios de comunicación audiovisuales (públicos, privados y comunitarios) y que asegure su independencia, permitirá salir del actual callejón sin salida. Que el portavoz de los grupos audiovisuales dominantes del país vaya a reclamar la censura de los otros soportes de expresión es particularmente inadmisible”, agregó la organización. La inquietud por la suerte de las radios comunitarias, que ya existía desde la destitución del 22 de junio, creció aún más el 31 de julio pasado, cuando tres funcionarios de la CONATEL intentaron realizar una “visita de verificación técnica” en las oficinas de Radio Candela, en Encarnación (sur). La estación, que pertenece a la organización feminista Kuña Róga (“Casa de la mujer”, en lengua guaraní), transmite desde hace diez años con una autorización otorgada por la CONATEL. Sin embargo, los funcionarios argumentaron ante la redacción un “funcionamiento irregular”, antes de tener que retirarse debido a que no presentaron los documentos administrativos requeridos, y ante la ausencia del representante legal de Radio Candela. Días antes la estación había transmitido un acto local de protesta contra el presidente Federico Franco. Foto interior: Coco Arce, Ápe Paraguay