El panorama mediático es muy abundante y cuenta con más de 4 800 publicaciones, 1 186 emisoras de radio, 243 canales de televisión y más de 4 000 webs de información en línea. El gobierno de Nepal es uno de los mayores propietarios de medios. Ejerce un control directo y designa a los directores de los periódicos, como es el caso del diario en nepalí Gorkhapatra y del periódico en inglés Rising Nepal, fundado en 1901. Las dos radiodifusoras nacionales, Radio Nepal y Nepal Television, siguen siendo propiedad del gobierno. La agencia nacional de noticias, Rashtriya Samachar Samiti, es la única que difunde noticias gubernamentales. El principal actor del sector privado es Kantipur Media Group (KMG), un conglomerado cuyas actividades van más allá de la esfera mediática. Su posición dominante se está viendo disputada en Internet con el auge de digitales innovadores, como onlinekhabar.com, ratopati.com o setopati.com.

Desde el advenimiento de la República, el clima político en el que trabajan los periodistas se ha suavizado progresivamente, al menos en apariencia, pues la sociedad nepalí está extremadamente politizada y cada partido político destacado tiene apoyo en un sindicato o en una asociación de periodistas. Incluso la Federación de Periodistas Nepalíes (FNJ) recibe un importante apoyo presupuestario del Tesoro Público. Este contexto crea conflictos de intereses, especialmente fuertes en los medios locales, donde los redactores y propietarios casi siempre son, a la vez, militantes de un partido. Dirigentes políticos y personas con cargos de responsabilidad en el gobierno han lanzado en varias ocasiones diversas acusaciones contra la prensa, utilizando argumentos infundados para desacreditar a la profesión.

La República Democrática Federal de Nepal es uno de los pocos países del mundo que consagra una “libertad de prensa total” en el preámbulo de su Constitución. Esta declaración de intenciones se ve avalada por otras garantías fundamentales, especialmente  la libertad de opinión y de expresión, el derecho a la información y el derecho a la vida privada. Otros proyectos legales están todavía por desarrollar, particularmente la creación de un consejo de la prensa independiente del gobierno, o el refuerzo a la independencia editorial de los medios de servicio público. Pese a este entorno favorable, varias disposiciones del código penal, aprobado en 2018, obstaculizan la labor del periodismo de investigación y limitan la crítica a las personalidades públicas. Algunas provincias, como las de Bagmati o de Madhesh, son punteras en materia de la protección de los periodistas.

Los medios están teóricamente obligados a pagar a sus periodistas un salario mínimo fijado por la ley de empleo de los periodistas, lo que ocurre rara vez en la práctica. Esta precariedad de los profesionales de los medios, que penaliza su independencia y el respeto a la deontología, les empuja a abandonar la profesión.  Las autoridades garantizan parte de la viabilidad financiera de los medios con contratos de publicidad institucional, pero este sistema tiende también a favorecer sesgos editoriales, ya que el gobierno prima a los medios que le son favorables. La independencia editorial está gravemente comprometida y la autocensura es habitual, principalmente debido a intereses económicos. 

Desde el final de la guerra civil, en 2006, la libertad de prensa en Nepal cuenta con un sustrato sociocultural tradicionalmente favorable al debate. Algunos segmentos de la sociedad están, no obstante, infrarrepresentados, y la profesión no logra aún reflejar la diversidad social. Solo el 15% de los periodistas nepalíes son mujeres. El periodismo también sigue fuera del alcance de las capas más desfavorecidas de la sociedad, una tendencia reforzada por la persistencia de los viejos modelos de castas heredados de la tradición hinduista, que se refleja en un acceso limitado a los medios y a la educación. Estas disparidades se plasman en los contenidos ofrecidos por los grandes medios del país, que tienden a minimizar los asuntos relacionados a las poblaciones marginales, especialmente en las zonas rurales y/o desfavorecidas.

Las actuaciones de las fuerzas del orden y de los criminales siguen siendo temas tabú para los periodistas. Aunque existen mecanismos de protección, entre los que destacan los del Consejo de la Prensa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pocos ofrecen soluciones de urgencia para periodistas en peligro. Los casos de vigilancia, amenazas e intimidaciones son legión, lo que empuja a muchos periodistas a la autocensura. Por miedo al descrédito, muchos periodistas son víctimas de presiones insidiosas que los disuaden de abordar cuestiones sensibles.