“Los periodistas, solos frente al tráfico ilegal”, investigación sobre la situación de los periodistas paraguayos
Organización:
Reporteros sin Fronteras publica hoy su informe “Paraguay, los periodistas solos frente al tráfico ilegal”, elaborado tras realizar una misión en el país del 3 al 10 de julio pasado. Esta investigación, desarrollada con la colaboración de representantes del Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP), intenta describir de la manera más aproximada la situación de los profesionales de los medios de comunicación frente al reto –a la vez de seguridad e informativo– que representa la presencia del crimen organizado.
Descargar el informe
Este documento profundiza en la temática, analizada a nivel mundial, de un informe precedente publicado en febrero pasado.
A la sombra de Brasil y de Argentina, Paraguay es el primer productor de mariguana del continente americano y una plataforma elegida por los diferentes tráficos (droga, armas, prostitución). Dominado durante mucho tiempo por una dictadura militar (1954-1989) que se apoyó en la economía de contrabando, el país ha cedido hoy a las mafias internacionales, en particular a los cárteles brasileños que lo han hecho su base trasera. Desde la década de los años 2000 la población también se enfrenta al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), cuyas actividades criminales no tardaron en reemplazar sus pretensiones de “guerrilla revolucionaria”.
En este contexto, los periodistas, en especial los de las provincias fronterizas, desarrollan su trabajo de forma aislada y sin recursos, obligados a encontrar fuentes informativas junto a autoridades con frecuencia gangrenadas por la corrupción, incluso, coludidas con el tráfico. Si bien la violencia contra la prensa en Paraguay no se iguala a la de México, Colombia o algunos Estados de Centroamérica, eso se debe, en principio, a una muy fuerte autocensura alimentada con presiones directas; a lo que se suma la falta de apoyo de las redacciones a sus corresponsales, así como una casi completa impunidad judicial en los casos más graves.
Al mismo tiempo, el presente informe subraya algunos motivos de esperanza. En las fronteras se desarrolla la solidaridad entre los periodistas paraguayos y sus colegas brasileños y argentinos. Además, la intención de transparencia del actual gobierno de Asunción anima a la prensa y a la sociedad civil, durante mucho tiempo reprimidas, a movilizarse más respecto a temas delicados.
De acuerdo con los representantes del FOPEP que participaron en esta misión, Reporteros sin Fronteras considera que pueden contemplarse varias iniciativas urgentes, destinadas a mejorar las condiciones generales del ejercicio del periodismo en Paraguay:
-Una reforma del sistema judicial y penal que implique un mejor seguimiento administrativo de la actividad de los magistrados y policías, que pueda poner fin a la impunidad existente en los casos de asesinatos de periodistas o los casos más graves de atentados al derecho de informar.
-El voto de una ley de acceso que garantice a los periodistas y, más aún, a los ciudadanos, la capacidad de cuestionar y controlar las políticas públicas.
-Una legislación que regule de forma más clara el financiamiento de los medios de comunicación o de cualquier otra entidad u organización que produzca información de interés público, para proteger a estas estructuras de cualquier operación de infiltración o blanqueo por parte del crimen organizado.
-Una limitación de los procesos judiciales que contemplan demandas financieras exorbitantes, peligrosas para la situación económica personal de los periodistas y, en ocasiones, para la supervivencia de su medio de comunicación. Foto: AFP
-Una reforma del sistema judicial y penal que implique un mejor seguimiento administrativo de la actividad de los magistrados y policías, que pueda poner fin a la impunidad existente en los casos de asesinatos de periodistas o los casos más graves de atentados al derecho de informar.
-El voto de una ley de acceso que garantice a los periodistas y, más aún, a los ciudadanos, la capacidad de cuestionar y controlar las políticas públicas.
-Una legislación que regule de forma más clara el financiamiento de los medios de comunicación o de cualquier otra entidad u organización que produzca información de interés público, para proteger a estas estructuras de cualquier operación de infiltración o blanqueo por parte del crimen organizado.
-Una limitación de los procesos judiciales que contemplan demandas financieras exorbitantes, peligrosas para la situación económica personal de los periodistas y, en ocasiones, para la supervivencia de su medio de comunicación. Foto: AFP
Publié le
Updated on
20.01.2016