La periodista Amalfi Rodríguez se vio obligada a dejar el departamento de la Guajira

Temiendo por su vida y la de su familia, la periodista Amalfi Rosales decidió dejar el departamento de la Guajira después de que desconocidos dispararan a su domicilio, el 2 de septiembre de 2014. Amalfi Rosales, corresponsal de la radio Noticias Uno y del diario Al Día, es víctima de amenazas desde hace casi un año. Estas culminaron el 2 de septiembre pasado cuando desconocidos dispararon tres veces a su casa. De inmediato Amalfi Rosales presentó una denuncia por el atentado. El Cuerpo Técnico de Investigación de Fonseca, departamento de la Guajira, dijo a Reporteros sin Fronteras que había abierto una investigación. La periodista ya había denunciado (hace dos meses) ante las autoridades las amenazas constantes que sufría. "Mientras más me amenacen más notas sacamos", afirma Amalfi Rosales quien, sin embargo, se vio obligada a dejar la Guajira para proteger su vida y la de su familia. Las amenazas comenzaron en noviembre de 2013. Una vez “un desconocido me mostró un arma y me dijo que me calle, que no sea sapa", relató. Recientemente la periodista cubrió los escándalos políticos del actual gobernador de la Guajira, José María Ballesteros, y del exgobernador, Francisco “Kiko” Gómez, encarcelado por presuntos nexos con los paramilitares y porque supuestamente está implicado en tres asesinatos. La Unidad Nacional de Protección (UNP) ya se puso en contacto con Amalfi Rosales, pero por el momento no le ha ofrecido ninguna medida de protección. “Reporteros sin Fronteras pide a la UNP que actúe cuanto antes para garantizar la seguridad de Amalfi Rosales”, señaló Camille Soulier, responsable del Despacho Américas de la organización. “Su partida es sólo una solución temporal frente a los riesgos que corren la periodista y su familia. Las autoridades deben emprender una investigación seria e independiente para identificar la fuente de las amenazas, que ya han durado demasiado tiempo”, agregó. Esa misma semana el periodista Gonzalo Guillén volvió a exiliarse por cuarta vez porque teme sufrir un nuevo atentado, a pesar de que cuenta con la protección de la UNP. Según sus fuentes informativas, Kiko Gómez envió a Bogotá más de 5.000 millones de pesos para comprar jueces y pagar para que se cometan atentados contra Gonzalo Guillén y sus colegas León Valencia y Ariel Ávila, así como contra la diputada y experiodista Claudia López. Reporteros sin Fronteras ya ha advertido que el arresto de Kiko Gómez no bastará para acabar con las amenazas que enfrentan los periodistas. Colombia se encuentra en el lugar 126, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras publicada el 12 de febrero pasado.