La escalada de la seguridad pública y la pesadez burocrática en medio del calvario de la prensa mexicana

Reporteros sin Fronteras hace público, hoy 28 de septiembre, el informe sacado de su última misión efectuada en México del 4 al 12 de julio de 2009. La publicación de este documento coincide con la conferencia de prensa dada por la organización en Washington, durante la cual intervendrá entre otras personas Emilio Gutiérrez Soto, periodista mexicano exiliado a Estados Unidos y a la espera de la obtención del estatuto de refugiado (ver el video : http://www.youtube.com/watch?v=dK_nyHwtYaI&feature=related ). Con 55 periodistas asesinados y ocho desaparecidos desde el año 2000, en relación comprobada o probable con su actividad profesional, México se clasifica en el rango de país más peligroso del continente para la libertad de prensa. La instauración, en febrero de 2006, de una Fiscalía Especial de Atención a los Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), desgraciadamente no ha cambiado nada a esta situación ni tampoco ha permitido que la impunidad retroceda. Al realizar esta nueva misión, Reporteros sin Fronteras quería entender precisamente los mecanismos del sistema judicial mexicano así como sus límites, como prueba de varios casos recientes. La delegación, llevada por el secretario general de la organización, Jean-François Julliard, consiguió reunirse con el número dos del gobierno federal, el titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta. Lo que se constató tras esta misión es, por desgracia, abrumador para las autoridades, tanto locales como federales. La pasividad, la negligencia o la neutralización mutua de instituciones de más dedicadas a la defensa de la libertad de prensa en todos los niveles del poder (ejecutivo, parlamentario y judicial), no son las únicas en tela de juicio en la perpetuación del calvario de la prensa mexicana. Las autoridades también se han convertido en cómplices, e incluso responsables, de graves violaciones de los derechos humanos, entre otros el de informar. La amplitud del drama viene no solamente de la infiltración del crimen organizado en algunos engranajes del poder, sino también en la escalada de la seguridad pública alimentada por la ofensiva militar contra los cárteles de la droga, lanzada en diciembre de 2006. El balance de esta guerra sin nombre se eleva ahora a casi 14 000 víctimas en dos años. La ofensiva federal se arraiga en los Estados de Michoacán y Guerrero, dos etapas mayores de la misión, donde la plaga del narcotráfico y de la extrema violencia hace tantos estragos como en la frontera con Estados Unidos. Reporteros sin Fronteras quiere creer en una restructuración en profundidad del sistema judicial mexicano y en importantes modificaciones legislativas en relación con la prensa, que anhela en la conclusión del informe. No obstante, la organización sigue convencida de que ninguna solución a la tragedia mexicana es factible sin la contrapartida de Estados Unidos en materia de control de las armas.