Condenan a once personas por el asesinato de Christian Poveda: alivio y frustración ante el veredicto

Un tribunal especializado de San Salvador condenó el 9 de marzo de 2011 a once de las 31 personas juzgadas por su implicación en el asesinato, el 2 de septiembre de 2009, del documentalista franco-español Christian Poveda. Las penas dictadas van de cuatro a treinta años de prisión. “El transcurso de los hechos parece claro y el móvil directo, establecido. No obstante, dos días de audiencia para tantos acusados, ¿habrán bastado para atribuir todas las responsabilidades y esclarecer todas las zonas oscuras del expediente? ¿Habrán permitido reconstruir por completo el hilo de la historia de Christian Poveda y los jóvenes que aparecen en su película? ¿Cómo explicar la diferencia entre los requerimientos del fiscal y las penas dictadas? Es a la vez, con una nota de alivio y de frustración que podemos recibir este veredicto. Si la lucha contra la impunidad ganó, la manifestación de la verdad fue quizá demasiado rápida”, declaró Reporteros sin Fronteras. Considerados como los autores intelectuales y materiales del crimen, Luis Roberto Vásquez Romero (alias “El Tiger”) y José Alejandro Melara (alias “El Puma”) fueron condenados, cada uno, a treinta años de prisión. Declarada culpable de “complicidad”, Keiry Geraldina Mallorga Álvarez fue condenada a veinte años de cárcel. Ocho condenas a cuatro años de prisión por “agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública” fueron pronunciadas contra los mareros Javier Amilcar Fuentes, Daniel Cabrera Flores, Juan Anastacio Jiménez, José Mateo Cruz, Armando Rivera, Carlos Peraza y Salvador Peraza, y el ex policía Juan Napoleón Espinoza Pérez. La Fiscalía General de la República había pedido cincuenta años de cárcel contra 30 de los acusados por “homicidio agravado”, “proposición y conspiración”, y la misma pena, aumentada con seis años y medio por “agrupaciones ilícitas”, contra Juan Napoleón Espinoza Pérez. Se desconoce el paradero de otros dos individuos inculpados. Preguntas en suspenso
Los testimonios recabados durante estos dos días de audiencia y publicados por la prensa salvadoreña llaman, en nuestra opinión, a la mayor prudencia. Por otra parte, la comparecencia comenzó a puerta cerrada. La prensa sólo pudo asistir el segundo día de los debates. Según las declaraciones, Christian Poveda habría incumplido su promesa de ayudar financieramente a los protagonistas de su documental La Vida Loca –al que dedicó 16 meses de rodaje–, a cambio de que le permitieran filmarlos. Los miembros de la Mara 18, que aparecen en la película, también se habrían sentido traicionados cuando comenzó a circular un DVD pirata de La Vida Loca. Según ellos, Christian Poveda se había comprometido a no difundir su obra en territorio salvadoreño y a cortar varias escenas que podrían exponer a algunos mareros. Hoy es imposible establecer, con un testimonio que lo contradiga, si Christian Poveda efectivamente prometió ayuda financiera a los actores de La Vida Loca. Por desgracia, los pretextos de ese tipo para desacreditar a una víctima son frecuentes. En cuanto al episodio del DVD pirata, no podría constituir un móvil válido si se considera que Christian Poveda no tenía ningún interés en que su documental fuera pirateado, vendido y difundido sin su consentimiento. ¿Quién desvió la obra y con qué objetivo? La pregunta queda en el aire. Estos acontecimientos habrían dañado gravemente la confianza que existía entre Christian Poveda y los mareros, pero no explican el asesinato como tal. Es la tesis aparentemente retenida por la justicia salvadoreña. El acto habría sido decidido cuando Juan Napoleón Espinoza Pérez denunció que el documentalista era un “informador” de la policía, contra los intereses de la banda. ¿Qué razones condujeron al ex policía, entonces en funciones, a entregar a Christian Poveda a sus asesinos? Otra pregunta clave. Según las declaraciones registradas durante las audiencias, quince mareros reunidos en una casa de la periferia de la capital condenaron a muerte a Christian Poveda el 25 de agosto de 2009, y decidieron ejecutarlo cinco días más tarde, en una primera cita a la que no asistió debido a un viaje al extranjero. El asesinato fue efectuado el 2 de septiembre de 2009 en las circunstancias ya conocidas. “Tengo cita en La Campanera (localidad ubicada en las periferias de San Salvador donde filmó La Vida Loca) con cuatro locos furiosos”, confió el documentalista poco antes de su muerte a Carole Solive, la productora de la película, y a su amigo Alain Mingam, miembro del consejo de administración de Reporteros sin Fronteras. Pese a sus reservas al final de este caso, Reporteros sin Fronteras no ignora la dificultad que implica luchar contra el crimen organizado y que se haga justicia en un contexto como este. Leer el informe sobre ese tema publicado por la organización el 24 de febrero.