China: RSF pide a los líderes del G20 que se manifiesten sobre la represión a los informadores en China

El 21 de noviembre de 2013, el Tribunal Supremo del Pueblo Chino puso en marcha una directriz para poner fin al uso de la tortura en la obtención de confesiones. “La utilización de la congelación, el hambre, la fatiga y otros métodos ilegales para obtener confesiones deben ser eliminados”, rezaba el texto.

Sin embargo, pese a constar en la nueva legislación china, nunca se ha violado tanto en China el “derecho a permanecer en silencio” como en los últimos tres años.

La Televisión Central China difundió la “confesión” de la periodista Gao Yu en mayo de 2014, apenas dos semanas después de haber sido detenida por la policía. Un video vergonzoso que probaba cómo China continuaba utilizando el maltrato a los periodistas encarcelados y a todo el que se atreva a criticar al Partido.

La difusión de este video por un canal controlado por el Estado constituía una amenaza directa al derecho a tener un juicio justo, como lo confirmó la propia Gao Yu, en noviembre de ese año, cuando informó ante el tribunal que la juzgaba que había confesado bajo la amenaza represalias contra su hijo.

También el periodista ciudadano Xiang Nanfu, detenido en mayo de 2014, apareció en la televisión estatal confesando haber “difamado al Partido y al Gobierno”. Nanfu, de 64 años, era un habitual colaborador del la web Boxum, con sede en Nueva York.

Entre 2015 y 2016, las autoridades chinas han detenido a numerosos abogados, activistas de los derechos humanos y editores con sede Hong Kong, así como ciudadanos extranjeros, a quienes han impuesto confesiones forzosas en una represión sin precedentes.

Todos ellos han sido sometidos a presiones, a veces físicas, otras amenazas de posibles represalias a familiares. En muchos de los casos, se han difundido sus confesiones a través de la agencia gubernamental Xinhua, como parte de la campaña de intimidación contra los proveedores independientes de información.

Fue el caso de Gui Minhai, propietario de una empresa que publica ensayos críticos con el Partido Comunista chino, cuya “confesión” fue difundida en la televisión estatal el 17 de enero. También Peter Dahlin, empleado de la ONG china Urgent Action, vio su “confesión” difundida en la televisión dos días después. La agencia Xinhua se encargó de publicar en Internet sus confesiones ese mismo día.

“¿Por qué se castiga severamente a los detenidos en China si no dicen nada?”, se pregunta Benjamín Ismaïl, responsable de la oficina de Asia-Pacífico de Reporteros sin Fronteras. “Porque las autoridades saben que censura a la información crítica e independiente no es suficiente para controlar la información. Las confesiones forzadas son una parte importante de la estrategia de propaganda del Gobierno, que busca imponer su retorcida visión de la realidad china al resto del mundo”, advierte Ismaïl.

“Con su silencio, la comunidad internacional refuerza esta actitud. No diciendo nada sobre la difusión de confesiones forzosas y la ausencia del derecho a un juicio justo se respalda el totalitarismo establecido por el Partido Comunista chino. Habrá más juicios tan injustos como el de Gao Yu”, advierte el responsable de RSF.

“El silencio de los líderes del G20 sobre la culpabilidad de los medios de comunicación estatales chinos refuerza la legitimidad de la propaganda empleada por ellos, en detrimento del trabajo de los defensores de los derechos humanos y la libertad de prensa”, añade.

Reporteros sin Fronteras lleva más de dos años pidiendo a la Unión Europea que adopte sanciones contra la Televisión Central China (CCTV) y sus directivos. Una actitud que iría al encuentro de la resolución adoptada por el Consejo de Europa, en marzo de 2013, cuando determinó que algunos oficiales iraníes -incluidos directivos de Press Tv- habían violado el derecho a un juicio justo usando confesiones forzosas y siendo cómplices del uso de la violencia para obtener las “confesiones” de los detenidos.

Las confesiones forzosas que el público chino ha visto por televisión han sido obtenidas con los mismos métodos ya condenados por el Consejo de Europa.

“Reporteros sin Fronteras reitera su llamamiento a la aplicación de sanciones contra oficiales del gobierno chino y ejecutivos de medios estatales responsables de este sistema de propaganda, que no solo pretende desacreditar a los activistas de los derechos humanos, disidentes y críticos con el Gobierno, sino que además contribuye al uso sistemático de la violencia física y mental contra ellos, y construye una clara negación del derecho a la justicia de los detenidos y sus familiares”, concluye Benjamin Ismaïl.

China es la mayor cárcel del mundo de periodistas y blogueros, con más de 200 informadores detenidos en la actualidad. El pais ocupa el puesto 176 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros sin Fronteras.