Caso Swissleaks: la justicia brasileña atenta contra el secreto de fuentes

El 8 de octubre de 2016, la Asociación Nacional de Editores de Revistas (Aner) hizo pública una decisión de la justicia federal brasileña, que data del 17 de agosto, que autoriza el acceso a los registros telefónicos del periodista Murilo Ramos, cronista de la revista Época. Éste, reveló en febrero de 2015 la lista de los ciudadanos brasileños que poseían cuentas secretas en el banco HSBC en Suiza.

Esta decisión se tomó en el marco de una investigación emprendida hace varios meses por la justicia brasileña para descubrir la identidad de la fuente de Murilo Ramos en el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf). Este órgano, que depende del Ministerio de Economía, se encarga de luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y fue el que creó la famosa lista de evasores fiscales.

En julio de 2016 Ramos fue citado por la policía federal y, naturalmente, se negó a revelar la identidad de su informante, mencionando el derecho a la protección de fuentes contemplado en la ley brasileña. No obstante, en opinión de Joao Quirino Florio, encargado de la investigación y quien solicitó tener acceso a los registros telefónicos de Murilo Ramos, acceder a ellos es el único camino para identificar el origen de las filtraciones.

“Reporteros sin Fronteras condena firmemente esta violación al secreto de fuentes y pide a la justicia brasileña que suspenda inmediatamente su decisión”, señaló Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF. “El secreto de fuentes es un derecho fundamental de los periodistas y uno de los pilares de la libertad de prensa. Las autoridades brasileñas no deberían ignorar este derecho garantizado por la Constitución de Brasil y por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA)".

RSF se une a la Aner para denunciar este ‘gravísimo atentado contra el libre ejercicio de la profesión de periodista’”, añadió.

No es la primera vez que no se respeta el derecho al secreto de fuentes en Brasil. El periodista Allan de Abreu, reportero del periódico Diário da Região, se encontró en el centro de una investigación que duró cerca de cuatro años tras haber revelado en 2011 las escuchas telefónicas realizadas en una operación de la policía federal, así como un caso de corrupción en el que estaban implicados funcionarios de Río Preto (estado de Sao Paulo). El Supremo Tribunal Federal (STF), la más alta instancia del poder judicial brasileño, tuvo que intervenir dos veces para proteger los derechos del periodista. La investigación fue clasificada en 2015.

Brasil ocupa el lugar 104, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de RSF.