Arabia Saudita. RSF lanza una alerta sobre la situación del país en la Clasificación Mundial de la Libertad de prensa

Arabia Saudí tiene un puesto muy bajo, el 169 de 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2018 que RSF publicó el pasado abril, pero probablemente caerá aún más bajo en la tabla de 2019 por la gravedad de la violencia y los abusos de todo tipo contra los periodistas.

Las puntuaciones de Arabia Saudí en los apartados de "abusos y actos de violencia contra periodistas" y "clima de trabajo para los medios y autocensura", dos de los siete indicadores utilizados por RSF para determinar la posición de un país, probablemente empeorarán de manera significativa a menos que las autoridades tomen medidas extraordinarias.

Graves abusos contra periodistas

Desde el nombramiento de Mohamed bin Salman como príncipe heredero, en junio de 2017, RSF ha observado un aumento constante de los abusos contra periodistas. El asesinato de Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul el 2 de octubre ha demostrado que, a pesar de la fachada de modernidad, el régimen no se detiene a la hora de silenciar a los periodistas críticos.

La cantidad de periodistas y blogueros en las prisiones de Arabia Saudita se ha duplicado desde que Bin Salman se convirtió en el príncipe heredero. Actualmente hay al menos 27 detenidos. A la mayoría los arrestaron a finales de 2017. El motivo de su detención y el lugar donde se encuentran recluidos generalmente se mantienen en secreto en el momento de su arresto. Muchos periodistas han "desaparecido" de esta manera para reaparecer algún tiempo después en una prisión saudí.

Una vez que se conocen, las razones de estos arrestos apuntan a un deseo de silenciar las voces independientes y disidentes. La difusión de información que contradice la línea oficial tiende a verse como una amenaza a la seguridad nacional o como un insulto a los líderes del país.

Después de acusar a la familia real de tolerar la corrupción y el nepotismo en una aparición televisiva en diciembre de 2017, el periodista Saleh al Shehi fue condenado a cinco años de prisión en febrero por "insultar a la corte real". A dos columnistas, el economista Essam al Zamel y el académico Abdullah al Malki, los están juzgando actualmente por compartir informes y sus propios análisis, a menudo críticos, de la política y la economía saudí.

Clima mediático y autocensura

El gobierno saudí, que ya controlaba completamente los medios tradicionales, ha redoblado su control sobre las redes sociales durante 2018, reforzando así  su arsenal como depredador de la libertad de prensa. El fenómeno de "desinformación, amplificación e intimidación", que RSF ha condenado a menudo, ha alcanzado inauditas cotas máximas en las últimas dos semanas.

La amenaza de encarcelamiento o la vergüenza de ser acusado de traición persuade a los periodistas de quedarse callados. Desde que se desató la noticia de la desaparición de Khashoggi, los medios de comunicación gubernamentales han estado recordando a los saudíes la existencia de la ley de delitos informáticos, según la cual "difundir rumores o noticias falsas" se castiga con cinco años de prisión. Es una clara invitación a alinearse con el gobierno, que durante tres semanas negó cualquier implicación en la desaparición de Khashoggi.

Cuando en mayo detuvieron a Eman al Nafjan, bloguera que escribía sobre temas tan delicados como la política y los derechos de las mujeres en Arabia Saudí, fue acusada oficialmente de amenazar la "seguridad y estabilidad" del reino, mientras que los medios de comunicación sauditas la acusaron de ser una "traidora". Hasta donde llega la información que posee RSF, sigue en espera de juicio.

Propaganda amplificada

La respuesta del régimen a las acusaciones sobre Khashoggi ha sido demostrar una vez más su capacidad para orquestar un sistema de propaganda bien establecido. Los medios de comunicación gubernamentales han inundado los medios y redes sociales con la posición del gobierno, que es acusar a Catar y a Turquía de una cobertura parcial y alarmista del asunto. Los medios sauditas también han negado que Khashoggi se hubiera prometido a Hatice Cengiz, quien desempeñó un papel clave al dar la voz de alarma sobre su desaparición.

Las actividades de los ejércitos de trolls del reino y los hashtags progubernamentales en Twitter, que comparan cualquier crítica a la traición o a la falta de patriotismo, han aumentado desde el inicio del asunto Khashoggi. Etiquetas como "Todos somos Salman y Mohammad" (refiriéndose al rey y al príncipe heredero), "El Reino saudí rechaza las amenazas" y "Deja de seguir a los enemigos de la patria" se han publicado y retuiteado decenas de miles de veces.

En estas circunstancias, la puntuación de "clima de trabajo para los medios y autocensura" de Arabia Saudí, que ya era mala el año pasado, probablemente empeorará. Este indicador representa el 13% de la evaluación de un país en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Sumado al criterio de "abusos y actos de violencia contra periodistas" (el20%) significa que un tercio del puntaje general de Arabia Saudita para la tabla de 2019 ya está seriamente comprometido.

Recomendaciones

Para revertir esta tendencia, RSF recomienda que las autoridades saudíes:

• Difundir toda la información recopilada en las fuentes de su investigación sobre el destino de Jamal Khashoggi y avenirse a cooperar con la comisión internacional de investigación encomendada por el secretario general de las Naciones Unidas.

• Poner en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los periodistas profesionales y no profesionales que se encuentren en espera de juicio o que hayan sido condenados simplemente por ejercer su profesión o su libertad de informar; y, en particular, implementar la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria con respecto a Raif Badawi , Fadhel al Manasef y Waleed Abu-l-Khair .

• Garantizar a los periodistas el derecho a un juicio justo, incluido el derecho a comparecer ante un juez independiente e imparcial dentro de un plazo razonable, y el derecho de acceso a un abogado.

• Modificar las disposiciones draconianas de la ley de terrorismo de 2014 (modificada en 2017) y la ley de delitos informáticos de 2007; abolir las penas de prisión y multas exorbitantes por delitos de prensa, y abstenerse de utilizar mecanismos legislativos y técnicos para vigilar y acallar a los críticos, disidentes y periodistas.

• Poner fin a la intimidación política basada en la seguridad y al acoso digital de periodistas y personalidades de los medios que comparten información diferente de la línea oficial.

RSF emite un "procedimiento de alerta" cuando observa un deterioro importante en uno o más de los indicadores que se utilizan para determinar la posición de un país en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Pretende ser una advertencia a las autoridades del país en cuestión.

Los siete indicadores utilizados para compilar la Clasificación son: pluralismo; independencia de los medios; abusos y actos de violencia contra periodistas; clima de trabajo para los medios y autocensura; marco legislativo; transparencia, y calidad de las infraestructuras que apoyan la producción de noticias e información.