Reporteros sin Fronteras pide que las autoridades administrativas competentes se tomen en serio dos casos de agresiones de policías a medios de comunicación, cometidos el mismo día en la capital y en el Estado de Sinaloa. La impunidad tendría un peso aun mayor en la situación de inseguridad que padece la profesión.
Reporteros sin Fronteras condena la amenazante actitud de algunos agentes de policía, en particular federales, durante las agresiones cometidas contra periodistas el 15 de 2008, en el Distrito Federal y en el Estado de Sinaloa (Noroeste).
“Esos abusos de las autoridades hacen aun más vulnerable a una prensa ya expuesta a las represalias del crimen organizado, particularmente en los Estados dominados por los carteles de la droga, como el de Sinaloa. La seguridad de los periodistas mexicanos es más precaria que nunca y la situación solo puede empeorar si las autoridades deciden, en nombre de la razón de Estado, sobreseer sin consecuencias las denuncias de las víctimas. Las sanciones tienen que ser ejemplares”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.
El 15 de julio en Los Mochis (Estado de Sinaloa), una treintena de agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) amenazaron a Rafael Leyva Mexía y Luis Vásquez Vega, fotógrafos de los diarios regionales El Diario de Los Mochis y Noroeste respectivamente, cuando acababan de fotografiar un convoy policial poco después de que abandonara el sitio donde tuvo lugar una manifestación. Los funcionarios amenazaron a los periodistas con sus armas, acusando a la “prensa sensacionalista”, y después les fotografiaron mientras les injuriaban. A otros periodistas que acudieron al lugar les interrogaron de forma agresiva, y tuvieron que escaparse.
Rafael Leyva Mexía y Luis Vásquez Vega presentaron una denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Recordando que, en el pasado mes de mayo, se produjeron hechos de la misma naturaleza con periodistas del diario regional El Debate, uno de los fotógrafos ha confiado a Reporteros sin Fronteras que están pensando en llevar el caso ante la Procuraduría General de la República.
El mismo día, en la capital, unos agentes de la policía judicial del Distrito Federal atacaron a Jacobo Velásquez Gordillo, periodista del canal nacional privado TV Azteca, y a sus técnicos. Hacia las 2 de la madrugada el equipo regresaba a la sede de su redacción cuando se vio interceptado por cinco vehículos policiales. Amenazándoles con sus armas, los funcionarios obligaron a los periodistas a presentar sus documentos de identidad y después se incautaron de sus teléfonos móviles y la batería de la cámara, con la excusa de que pretendían inmiscuirse en una investigación. Los policías intentaron también, moliéndole a palos, encerrar a Jacobo Velásquez Gordillo en la cajuela de su vehículo.
Los periodistas presentaron una denuncia, por “abuso de autoridad”, en la fiscalía encargada de los servicios públicos. También ha presentado denuncia la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y está a la espera de que los periodistas la firmen.