Una campaña de acoso político y judicial contra algunas ONG's pone en peligro la libertad de expresión y de asociación

Reporteros sin Fronteras protesta enérgicamente contra la investigación ordenada por el Ministerio de Gobernación, por “triangulación” y “lavado de dinero”, contra diecisiete organizaciones no gubernamentales, y en particular contra el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), dirigido por el director de programas audiovisuales Carlos Fernando Chamorro, y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), que preside la periodista Sofía Montenegro. Hasta ahora, ambos han sido objeto de una violenta campaña de denigración y calumnia, puesta en marcha por el entorno cercano al presidente Daniel Ortega. El 8 de octubre de 2008, el Ministerio Público amenazó con encarcelarles si no acudían a un nuevo citatorio. La organización teme que las consecuencias de este asunto pongan en peligro los derechos de informar y asociarse, dos libertades constitucionales fundamentales. “El acoso administrativo y judicial llevado a cabo entre otros contra CINCO y el MAM es un escándalo. Aparte del hecho de que se está instrumentando la justicia para saldar cuentas políticas, el propio principio de las indagaciones - dirigidas fundamentalmente contra ONG's dedicadas a la comunicación, a los derechos humanos y a la defensa de los derechos de las mujeres -, compromete el futuro de la sociedad civil como vector de debate democrático. Una cita judicial que viene a sumarse a lo que algunos llaman ‘campaña negra', es decir una operación mediática destinada a mancillar la reputación de Sofía Montenegro y Carlos Fernando Chamorro, dos voces críticas procedentes del sandinismo, al precio de acusaciones tan infundadas como infamantes. La polarización, e incluso la ‘guerra mediática', practicada en otros países de América Latina, hace que corra un gran peligro la integridad física de las personas señaladas públicamente como enemigos de su propia nación. El presidente Daniel Ortega, garante de las prerrogativas constitucionales, debe poner fin a esa campaña, y a sus consecuencias en los terrenos administrativo y judicial”, manifestó Reporteros sin Fronteras. Productor de varios programas audiovisuales, Carlos Fernando Chamorro ya sufrió una primera campaña de ataques personales tras revelar, en junio de 2007, un caso de extorsión de fondos en el que estaba implicada la Secretaría del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, en el poder) ; un caso que finalmente se clasificó. “En aquel momento, todos los días aparecía mi foto en Canal 4, el canal progubernamental, con la mención ‘mafioso', ‘terrorista', ‘traficante de droga' o ‘asesino de campesinos'. Sin embargo, la propia justicia admitió entonces que no se me podía reprochar nada. Desde el pasado mes de mayo, y hasta ahora, ha vuelto a usarse ese mismo procedimiento, esta vez con las etiquetas ‘agente de la CIA' y ‘agente del imperialismo', en alusión al hecho de que CINCO ha recibido este año 20.000 dólares del USAID, apenas el 1% de nuestro presupuesto”, aclaró el periodista a Reporteros sin Fronteras. En el mes de septiembre de 2008, la Primera Dama, Rosario Murillo, acusó públicamente a CINCO, el MAM y la organización OXFAM-Gran Bretaña, que supervisa un acuerdo de cooperación con las dos primeras, de urdir “un plan de desestabilización contra el gobierno”. Eso dio paso a que el Ministerio de Gobernación ordenera una investigación administrativa y judicial por “triangulación” y “lavado de dinero” contra diecisiete ONG's nicaragüenses, y entre ellas CINCO y MAM. Carlos Fernando Chamorro ha sido el primero que ha tenido que responder, el 2 de octubre, de dichas sospechas, ante un fiscal durante cinco horas. Juanita Jiménez, Patricia Orozco, Ana María Pizarro y Sofía Montenegro, del MAM, fueron citadas a declarar los días 7 y 8 de octubre. Estas mujeres ya enfrentan una demanda judicial, abierta poco después de la investidura del presidente Daniel Ortega, el 10 de enero de 2007, contra una decena de reconocidas militantes de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres que, desde 2006, se han manifestado públicamente en contra de la derogación de la ley que autoriza el aborto terapeútico. El Ministerio de Gobernación ha hecho saber, en su sitio de Internet, que las diecisiete ONG's incriminadas carecen de personería jurídica y, por tanto, de estatuto legal, al no haberse inscrito en el registro de control de las asociaciones. Las sospechas de “triangulación” y “lavado de dinero” se refieren oficialmente a 58 acuerdos económicos - algunos de ellos de más de 400.000 dólares - con otras ONG's que sí tienen estatuto legal y a las que ya se ha multado, y se les podría retirar la personería jurídica. A la fecha, las explicaciones solicitadas por Reporteros sin Fronteras a las autoridades, entre ellas a la Ministra de Gobernación Ana Isabel Morales Mazún, han quedado sin respuesta. En el mes de mayo de 2008 se anuló la personalidad jurídica de dos partidos de la oposición, el Movimiento de la Renovación Sandinista (izquierda) y el Partido Conservador (derecha). “En este contexto de enorme tensión política y mediática se ha reanudado la ‘campaña negra'. Contra mí, pero también contra otras personalidades, y entre ellas Sofía Montenegro, a causa de que milita por la despenalización del aborto”, ha manifestado Carlos Fernando Chamorro. “La esposa del presidente, Rosario Murillo, ha hecho declaraciones particularmente denigrantes en contra de Sofía Montenegro, en las páginas del semanario El 19, llamándola por ejemplo ‘asesina' porque es hermana de un oficial de la guardia nacional, conocido torturador bajo la dictadura de Anastasio Somoza. ¡Cuando se sabe que Sofía Montenegro militaba en las filas del FSLN !”. Desde entonces, la periodista ha sido objeto de numerosas amenazas e intentos de intimidación. “Más allá del procedimiento contra nosotros, el gobierno quiere promover una amplia revisión de la Ley de cooperación internacional, cuyo objetivo es reducir a cerca de 4.500 ONG's a un papel de asistencia”, subrayó Carlos Fernando Chamorro.