“Un paso adelante, dos hacia atrás en la libertad de información”

Reporteros sin Fronteras celebra la decisión del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, que modificará las directrices (enlace en inglés) empleadas por sus fiscales en casos de investigación a medios de comunicación. Por otra parte, la organización expresa su preocupación por la situación general de la libertad de información. Las nuevas pautas del DOJ fueron concebidas tras la controversia que suscitó la obtención de los registros telefónicos de The Associated Press, que generó fuertes críticas, y la orden de registro de la que fue objeto un reportero de Fox News. El ambiente en que se desenvuelve la libertad de información en Estados Unidos deja mucho que desear. “Mientras que las nuevas directrices del DOJ constituyen un paso en la dirección correcta, puesto que restringe el uso de citatorios y órdenes de registro dirigidos a periodistas, la guerra contra los informantes (whistleblowers) y la falta de protección de las fuentes periodísticas son cuestiones pendientes a escala federal. También el reciente fallo del que es objeto James Risen, reportero de The New York Times, es muy preocupante. Finalmente, todo esto constituye un paso adelante y dos hacia atrás para la libertad de información en Estados Unidos”, señaló Reporteros sin Fronteras. El 19 de julio la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, en Richmond, Virginia dictaminó que James Risen debía comparecer como testigo en el juicio de Jeffrey Sterling, un ex agente de la CIA juzgado por filtración de información clasificada. El ex funcionario está acusado de haber proporcionado información a Risen, en violación a la Espionage Act (Ley de Espionaje). Risen hizo pública esta información en un capítulo de su libro State of War: The Secret History of the CIA and the Bush Administration (Estado de Guerra: la historia secreta de la CIA y de la administración Bush), que revelaba una operación secreta de la CIA relacionada con un programa de armas nucleares (los agentes intentaron proporcionar a oficiales iraníes planes de armamento nuclear defectuoso). Tras este veredicto Risen dijo a Reporteros sin Fronteras: "aunque me decepcionó la decisión de la corte, sigo decidido a seguir luchando. Siempre protegeré a mis fuentes”. Al cierre de esta edición James Risen y su abogado aún no habían decidido cuál sería su próxima acción legal. “Las filtraciones son el corazón del periodismo de investigación”, recordó Reporteros sin Fronteras. “Dado que casi toda la información relacionada con la seguridad nacional se considera ‘secreta’ y que el DOJ ha dicho que los privilegios de los reporteros (como el secreto de fuentes) desaparecen cuando se trata de informes de seguridad nacional, podemos asegurar que las enérgicas medidas emprendidas contra los informantes buscan que la información se limite a las versiones aprobadas oficialmente. Estos hechos subrayan la necesidad de contar con una ley escudo (shield law) a escala federal que proporcione una protección integral”, agregó la organización. Una ley escudo protegería a los periodistas para que no los obliguen a revelar información confidencial o la identidad de una fuente. El carácter confidencial de las fuentes es un elemento vital para la profesión periodística. Si no cuentan con protección, probablemente las fuentes no se atreverán a colaborar y la verdad que rodea ciertos acontecimientos controversiales no saldrá a la luz. El 15 de mayo de 2013 la Casa Blanca pidió al senador Charles E. Schumer (demócrata, Nueva York) que presentara una versión de la Free Flow of Information Act, una propuesta de ley escudo que había defendido en el Senado en 2009. Los representantes John Conyers (demócrata, Michigan), Ted Poe (republicano, Texas) y Trey Radel (republicano, Florida) también presentaron una versión de ley escudo que ya había sido debatida. Sin embargo, la versión por la cual se inclina el gobierno de Obama es la que se presentó en 2009 en el Senado, que contempla más excepciones –respecto a la otra versión– en las que los periodistas deben revelar sus fuentes, así como información confidencial. Similar a la Whistleblower Protection Act (Ley de protección de Informantes), el proyecto de ley contiene más exenciones respecto a cualquier reportaje basado en filtraciones que afecten la seguridad nacional. Además, la propuesta de ley escudo del Senado excluiría expresamente a WikiLeaks y a otros sitios web que no encajan con el estrictos criterios empleados por los legisladores para definir una organización de medios de comunicación. Del mismo modo, los criterios que definen quién tiene derecho a la protección como periodista, no incluirían a algunos reporteros en línea, blogueros y escritores que trabajan de manera independiente, esto depende del estatus de su contrato. “Es importante que toda ley escudo incluya realmente las cuestiones que afectan actualmente a los periodistas”, indicó Reporteros sin Fronteras. “La propuesta de ley del Senado no habría protegido a The Associated Press de la investigación de sus registros telefónicos realizada por el gobierno, ni tampoco al periodista de Fox News James Rosen”, agregó la organización. “Las fuentes confidenciales han sido cruciales para informar a la población de ciertas acciones del gobierno, como los abusos sufridos por los presos en Abu Ghraib y el escándalo del Watergate. Estos acontecimientos demuestran que el debate público sobre los métodos empleados por el ejército y el departamento de inteligencia estadounidenses es indispensable para establecer una vigilancia ciudadana. Sin una ley escudo diseñada apropiadamente, el periodismo de investigación podría volverse un dolor de cabeza en Estados Unidos”, agregó Reporteros sin Fronteras. Estas preocupaciones por la libertad de información se deben en parte a una tendencia más amplia observada en los últimos meses. El gobierno de Obama llamó a James Rosen, de Fox News, ‘cómplice o colaborador’, en el caso del juicio de un funcionario del Departamento de Estado, Stephen Jin-Woo Kim, por filtración de información. Jeffrey Sterling, ex agente de la CIA, es el séptimo funcionario juzgado con base en la Espionage Act desde que Obama asumió su cargo, junto con el ex colaborador de la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA) Edward Snowden, y Bradley Manning, quien actualmente es juzgado por filtrar documentos a WikiLeaks.