Un juez pone fin al proceso por desacato emprendido contra la CIA tras la destrucción de 92 videos de interrogatorios de detenidos

El 1 de agosto de 2011 Alvin K. Hellerstein, juez federal de la Corte de Justicia del Distrito Sur de Nueva York, puso fin al proceso legal por “desacato a la Corte” emprendido contra la CIA, después de que esta agencia federal destruyera grabaciones que mostraban escenas de torturas infligidas a prisioneros en el marco de la “guerra contra el terrorismo”. Reporteros sin Fronteras se encuentra perplejo por la impunidad de la que gozan los altos funcionarios del gobierno estadounidense responsables de esta grave violación al acceso a la información. Al final del proceso, abierto en 2007 por una queja presentada por la American Civil Liberties Union (ACLU, organización de defensa de las libertades civiles) por “desacato a la Corte”, el juez Hellerstein ordenó a la CIA pagar los honorarios de los abogados de la ACLU, pero se negó a condenarla. “No podemos ir más lejos. Vivimos en un mundo peligroso. Necesitamos a nuestros espías y también su trabajo de vigilancia”, declaró el juez. "Lo que usted y sus colegas hicieron para dar a conocer mejor esta historia al público estadounidense es extraordinario”, agregó Hellerstein felicitando a la ACLU por querer hacer públicos esos documentos. También pidió a la CIA que publicara las reglas de destrucción de documentos. El 2 de marzo de 2009 las autoridades federales confirmaron que 92 videos que mostraban las torturas infligidas a dos prisioneros saudíes, Abu Zubaydah y Abd Al-Rahim Al-Nashiri, habían sido destruidos por la CIA en 2005. Según CNN, dos años más tarde el ex director de la CIA, Michael Hayden, afirmó en un memorándum, para proteger a los agentes implicados en los actos de tortura, que “(los videos) no tenían ningún valor ni de inteligencia ni para una investigación legislativa o judicial”. No obstante, desde septiembre de 2004 la Corte había ordenado a la CIA presentar o identificar esas grabaciones, pero la agencia no proporcionó los videos ni reveló su existencia sino hasta 2007, justo antes de la promulgación de la reforma de la Freedom of Information Act (Ley de Libertad de Información, FOIA por sus siglas en inglés), el 31 de diciembre de 2007. En noviembre de 2010 el fiscal federal, John Durham, archivó el caso sin dar seguimiento al proceso penal contra los agentes que destruyeron los videos. Quedaba por definir si la destrucción de las pruebas en forma de video por parte de la CIA constituía un desacato a la Corte. “Sostuvimos que la CIA había demostrado un completo desprecio hacia la Corte, así como al Estado de Derecho, ignorando los fallos judiciales que le pedían presentar las grabaciones de video y destruyéndolas”, afirmó la UCLA al respecto. En nombre de la democracia y de su Constitución, Estados Unidos debe revelar la verdad a los ciudadanos y a la comunidad internacional. Reporteros sin Fronteras considera necesario que se lleve a cabo una investigación tanto de las prácticas efectuadas en este periodo, como de la destrucción de pruebas que revelaban las técnicas ilegales de interrogatorio practicadas bajo la administración de Bush.