Un caricaturista denunciado por "delito contra el honor"

Reporteros sin Fronteras (RSF) ha expresado su preocupación por la posibilidad de que sea condenado a dos años de cárcel Víctor Ramos, caricaturista del diario La Prensa, denunciado por "delito contra el honor". "Resulta escandoloso que una caricatura pueda originar para su autor diligencias penales", declaró Robert Ménard, secretario general de RSF. Este último se dijo "asombrado" por el motivo de las persecuciones, "ofensa al honor", cuya interpretación remite a lo subjetivo y a lo arbitrario. Ha recordado que "la penalización de las expresiones de periodistas constituye un atentado contra la libertad de circulación de la información garantizada por el Articulo 19 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Panamá". La organización ha pedido, en una carta dirigida a Adan Arnulfo Arjona, presidente de la Corta Suprema de Justicia, que las diligencias contra el caricaturista sean abandonadas. Según las informaciones recogidas por Reporteros sin fronteras, a Víctor Ramos, del diario La Prensa, le denuncio el ex presidente Ernesto Pérez Balladares. El periodista fue citado a comparecer ante la Fiscalía el 7 de junio. Según el articulo 175 del Código penal, podría ser condenado a hasta dos años de cárcel. Ernesto Pérez Balladares interpuso una querella contra Víctor Ramos, después de la publicación, el 11 de abril, de una caricatura del dibujante, denunciando la mala gestión del ex presidente. Otro caricaturista del diario, Julio Enrique Briceño, está denunciado por "delito contra el honor" desde 2001. Ricardo Arias Calderón, ex-presidente de la democracia cristiana, denuncio a Julio Enrique Briceño después de la publicación, en 2000, de una caricatura en el diario La Prensa. En un texto adoptado en enero de 2000, el relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión estableció claramente que "la pena de prisión por la expresión pacífica de una opinión vulnera gravemente los derechos humanos." También, de acuerdo con el artículo 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión ratificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos (…) atentan contra la liberta de expresión".