Sobre la Unidad Nacional de Protección – Colombia
- Sobre la Unidad Nacional de Protección – Colombia
- Sobre el mecanismo
- Cómo ingresar
- Desde la solicitud hasta la ejecución
- Desafíos
- Dudas frecuentes
- Más información
Los mecanismos de protección son programas implementados en las administraciones del Estado para responder a la violencia estructural contra determinados grupos. En la mayoría de los casos, son el resultado de presiones de la sociedad civil y organismos internacionales, que exigen medidas de protección para garantizar la integridad de las personas amenazadas como consecuencia de su actividad.
La misión de los mecanismos consiste esencialmente en recibir las denuncias de amenazas, realizar una evaluación de riesgo, decidir la necesidad y tipo de medidas a adoptar, implementar un esquema de protección y acompañar al/a la beneficiario/a, quien pasa a estar oficialmente bajo la protección del Estado. Las medidas pueden ir desde patrullas policiales regulares y el uso de escoltas, vehículos blindados y chalecos antibalas, hasta la reubicación del beneficiario en otra ciudad.
Desde 1997, el Estado colombiano tiene la obligación de implementar políticas de protección para las personas en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad, generada por la violencia política o ideológica o por el conflicto armado.
Sobre el mecanismo
La Unidad Nacional de Protección (UNP), creada en 2011, unificó los diferentes programas de protección existentes, estableciendo las distintas responsabilidades y competencias de las autoridades locales y nacionales en la aplicación de las medidas protectivas.
La UNP atiende a 16 poblaciones objetivo, incluyendo a periodistas y comunicadores/as.
Más allá de la protección física individual, la UNP debe ofrecer medidas como el fortalecimiento de las organizaciones y comunidades , el apoyo a la infraestructura de protección, el refuerzo de la presencia institucional y la promoción de medidas jurídicas y administrativas para hacer frente a factores que generan situaciones de riesgo colectivo.
La Unidad abarca todo el territorio colombiano, con 26 grupos regionales de protección en funcionamiento. A pesar de esta denominación, algunos de ellos no son exactamente grupos, sino una persona que funciona como enlace con el/la encargado/a del nivel central.
Según datos de agosto de 2022, la UNP atendía a 8.114 beneficiarios/as, de los/as cuales 162 eran periodistas y comunicadores/as. Más del 40% contaba con escoltas, la medida más extendida en este grupo.
Los/as analistas del Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo (CTAR) son los encargados de establecer el riesgo como individuo o como colectivo. El órgano deliberativo del programa es el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM). Su misión, a partir de los análisis del CTAR, es evaluar de forma integral el nivel de riesgo, definir medidas de protección y recomendar medidas complementarias.
El CERREM Mujeres es el espacio del Comité constituido para atender las necesidades específicas de las mujeres. Las periodistas que deseen que su caso sea analizado por este comité deben manifestarlo en el momento de la notificación de los hechos de los que han sido víctimas.
Los/as beneficiarios/as no participan en las decisiones sobre su evaluación de riesgo y su plan de protección y no tienen derecho a voz en las reuniones del CERREM.
Cómo ingresar
Llenar y entregar el Formulario de Inscripción al Programa de Protección Individual en el punto de atención de la UNP más cercano, en cualquier entidad del Estado (Personería, Defensoría, Fiscalía, Alcaldías) o en la dirección de correo electrónico: [email protected].
La solicitud de protección individual debe basarse en la conexión directa entre el riesgo que se sufre y el ejercicio de la actividad de comunicador/a o periodista.
Este documento explica el conjunto de acciones que una persona o comunidad, colectivo o grupo étnico y el Estado realizan desde el momento en que se solicitan las medidas de protección hasta que finalizan.
Importante: Si en su municipio no hay oficinas de la UNP, puede acercarse a la Personería, Defensoría del Pueblo, Alcaldía municipal o Gobernación para recibir apoyo en la descarga del formulario. También puede comunicarse con la línea gratuita 01 8000 118 228 para que los asesores de la UNP le envíen el formulario.
Desde la solicitud hasta la ejecución
En el formulario de inscripción, debe ser descrita una situación de riesgo o amenaza puntual, concreta y actual (documento o relato de los hechos). Es necesario adjuntar una fotocopia de la cédula de ciudadanía y un certificado que acredite la pertenencia del/de la solicitante a las poblaciones competencia de la UNP.
Verificados los requisitos básicos, un/a analista del CTAR se pondrá en contacto con el/la solicitante. Una vez confirmado el nexo causal de las agresiones, se pasa a la recolección de información con las autoridades, a fin de verificar si existen registros de la situación denunciada por el/la peticionario/a.
Si el/la analista observa que existe una inminencia en el riesgo reportado, puede solicitar al director de la UNP la aprobación de medidas inmediatas de protección, mientras prosigue el proceso de análisis de riesgo. El trámite de emergencia se aplica en 3 días, no interrumpe el flujo de análisis y ofrece protección inmediata hasta por 3 meses. Si, una vez completado el estudio de riesgo, el/la analista concluye que se trata de un caso ordinario, las medidas de protección urgente son retiradas.
Utilizando el llamado Instrumento Patrón de Evaluación, el/la analista indica si el nivel de riesgo encontrado es ordinario, extraordinario o extremo. El resultado del análisis de riesgo debe presentarse al CERREM en un plazo máximo de 30 días hábiles. El análisis se fundamenta en: los factores de riesgo de amenaza y su gravedad, reportados por la persona y certificados por las autoridades; el riesgo específico, incluyendo amenazas y agresiones previas; y las vulnerabilidades que tienen que ver con el entorno del/de la peticionario/a.
En esta etapa, el Comité puede recomendar medidas o sugerir, basándose en las aportaciones de las organizaciones que participan en la evaluación del caso en la sesión del Comité, acciones complementarias para los diferentes órganos del Estado colombiano que puedan contribuir a la protección integral del beneficiario/a.
La UNP dispone de un plazo de 8 días para aplicar los esquemas de protección recomendados por el CERREM. Quien asume esta fase es la Subdirección de Protección, que se apoya en diversos grupos de trabajo, como los que coordinan las actividades de escoltas subcontratadas y la operación de los carros blindados, y los que monitorean las medidas de infraestructura otorgadas y los esquemas de protección a los/as beneficiarios/as reubicados/as.
La revisión del análisis de riesgo de cada beneficiario/a se realiza una vez al año y en caso de que se produzcan nuevos episodios de amenazas y agresiones. La desvinculación del programa de protección ocurre por solicitud del/de la beneficiario/a o por decisión del CERREM, por ejemplo, en caso de la desaparición del riesgo o del uso indebido de las medidas otorgadas.
Desafíos
Las organizaciones de la sociedad civil representantes de las poblaciones atendidas no participan en la revisión y desarrollo de metodologías de análisis de riesgo. En las reuniones del CERREM, éstas sólo participan si son parte activa en el acompañamiento del caso en discusión, y sin derecho a voto.
Los/as beneficiarios/as tampoco participan en las decisiones sobre su evaluación de riesgo y su plan de protección. En la implementación de las medidas, existen problemas que coartan la actividad periodística: esquemas que limitan el movimiento en zonas de riesgo; acceso restringido a fuentes de información; escoltas que informan de la ubicación de un reportero o que fotografían lugares que frecuenta, entre otros.
En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró urgente que el Estado colombiano reforzara las estrategias de prevención y estableciera medidas de protección integral, culturalmente adecuadas y especializadas, considerando enfoques diferenciales, interseccionales y colectivos. A pesar de ello, las evaluaciones de riesgo todavía se construyen desde una perspectiva individualista.
Aspectos relacionados con el género, la edad, la comunidad y si el/la beneficiario/a pertenece a la población indígena – factores todos ellos agravantes del riesgo de los protegidos en zonas de conflicto armado – no son efectivamente considerados en los análisis de riesgo.
Existen también problemas con la disponibilidad de escoltas capacitados con una perspectiva de derechos humanos y que hayan recibido formación de analistas sobre realidades territoriales y enfoques diferenciados, especialmente en términos de género y etnia.
Las medidas, además, tardan, a menudo, en estar listas y suelen ser elaboradas por analistas con poco conocimiento de la realidad de los territorios. Hay casos de demoras de entre 60 y 70 días solo para recibir las respuestas, ya que la UNP cuenta únicamente con 260 funcionarios para realizar más de 12.000 análisis de riesgo al año.
Otro desafío por resolver es que la ley extiende las medidas de protección a los miembros de la familia solo cuando también se encuentran en un nivel de riesgo extraordinario. Asimismo, el concepto de familia adoptado en los decretos que regulan el trabajo de la UNP ignora composiciones distintas a la tradicional.
Dudas frecuentes
Riesgo ordinario es aquel al que están sometidas todas las personas, en igualdad de condiciones, por el hecho de pertenecer a una determinada sociedad. Genera para el Estado la obligación de adoptar medidas de seguridad pública y no comporta la obligación de adoptar medidas de protección.
Riesgo extraordinario es el que sufren las personas que, como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón al ejercicio de su cargo, no están obligadas a soportar. Este nivel de riesgo supone el derecho a recibir del Estado la protección especial por parte del Programa.
Es necesario que el riesgo extraordinario sea concreto, fundado en acciones o hechos particulares y manifiestos y no en suposiciones abstractas; que sea serio y de materialización probable por las circunstancias del caso; entre otras características.
Riesgo extremo es aquel que se presenta al confluir todas las características señaladas para el riesgo extraordinario y que, además, es grave e inminente.
La información completa está disponible en el sitio de la UNP.
Sí. Para proceder a la evaluación de riesgo para el/la periodistas, éste/a “debe incluir en esta valoración (i) su perfil como periodista, (ii) el contenido de la información que presenta y (iii) el contexto de la región en la que desempeña su oficio de comunicador”.
Celular: 310 215-0197 – Avantel: 350 426-9800 5*1 – Teléfono: (+57) 601 426-9800 ext. 9370.
Las solicitudes de desplazamiento deben ser enviadas por correo. De manera excepcional y solo para los casos donde los esquemas son numerosos, la entidad podrá recibir las solicitudes de desplazamiento directamente a través de su personal de confianza (secretario/a, asistente, jefe de esquema de protección), previa autorización firmada por su parte, la cual debe ser comunicada por escrito.
El paso a paso está disponible en la página web de la UNP.
Más información
Entre 2021 y 2022, RSF investigó y analizó la situación de los mecanismos de protección de periodistas en los cuatro países más peligrosos para la prensa de América Latina: México, Honduras, Colombia y Brasil.
El informe “Bajo riesgo – Cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina” analiza el funcionamiento, la efectividad y el impacto de las medidas de protección adoptadas para asistir a periodistas amenazados/as que solicitan apoyo estatal.
Para la producción de este informe, publicado en febrero de 2022, RSF realizó 75 entrevistas con beneficiarios/as, responsables de implementar mecanismos de protección y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Consulte también el resumen ejecutivo del informe, que sintetiza los resultados del estudio.
Exigir al Estado que cumpla con su obligación es solo una parte del desafío para mejorar la protección de los comunicadores/as. La seguridad tampoco debe ser concebida como un compromiso individual del periodista, sino de todas las empresas, organizaciones sociales y colectivos que implicados en el proceso de la comunicación.
Para obtener más información, acceda al Manual de Seguridad para Periodistas - Guía práctica para reporteros en zonas de riesgo. El manual cuenta con información detallada sobre: cómo preparar bien el viaje, cómo garantizar tu seguridad durante la misión, el reto de la seguridad digital, buenas prácticas en las redacciones, y otros aspectos relevantes para el ejercicio de la profesión.