Singapur: RSF explica por qué es tan espantoso el nuevo proyecto de ley contra las noticias falsas

El problema de las noticias falsas en internet es real pero la respuesta del gobierno de Singapur es completamente inapropiada. Eso es lo que opina RSF sobre el proyecto de ley para la protección contra falsedades y manipulación en la web que ha sido presentado al Parlamento el 1 de abril.

Esta propuesta de ley es en realidad una herramienta para censurar e intimidar a los medios de comunicación digitales y los usuarios de internet, por el hecho de que da a los miembros del gobierno discrecionalidad casi total para controlar los contenidos que circulan por la Red.

"Al gobierno no le corresponde determinar arbitrariamente qué es y qué no es verdad" manifiesta Daniel Bastard, responsable de la oficina de RSF en Asia y el Pacífico. "En su forma actual, esta ley orwelliana establece nada menos que un ‘ministerio de la verdad’ que sería libre de silenciar las voces independientes imponiendo la misma línea del partido gobernante. Condenamos este proyecto de ley en los términos más enérgicos posibles porque, tanto en forma como en fondo, plantea obstáculos inaceptables para la libre circulación de informaciones verificadas".

Redacción imprecisa 

El proyecto de ley combina una redacción vaga con formulaciones imprecisas que extienden la aplicabilidad de las sanciones a absolutamente todo el contenido que circula en la web. Desde el principio, en la sección preliminar sobre las definiciones, el artículo 2 establece que "una declaración es falsa cuando es falsa o engañosa".

Sobre la base de esta tautología, el proyecto de ley otorga a cada ministro del gobierno el derecho de emitir una directiva que censure, corrija o bloquee el acceso al contenido que supuestamente amenaza lo que él considere "en el interés público" sin necesidad de explicar satisfactoriamente este concepto (artículo 4). De manera similar, los artículos 4, 7, 8 y 9 permiten a los ministros tomar medidas contra cualquier entidad para "evitar una disminución de la confianza pública en el [...] gobierno [o] un órgano del Estado".

Poder discrecional del gobierno

Las formulaciones extremadamente vagas del proyecto de ley brindan a los ministros del gobierno un poder de interpretación casi absoluto. El procedimiento para impugnar la decisión de censura de un ministro limita con lo absurdo. Como primer paso, se puede enviar una solicitud a la oficina del ministro pidiéndole que reconsidere su decisión, aunque la práctica política sugiere que hay pocas posibilidades de que cambie de opinión.

Como segundo paso, se puede presentar una apelación contra una directiva ministerial ante el tribunal superior en virtud del artículo 35. Pero pocos medios digitales independientes y aún menos periodistas ciudadanos tendrán el tiempo, la energía y los recursos para preparar y presentar una apelación que, conforme a las decisiones judiciales anteriores, tendrá muy pocas posibilidades de ser aceptada. E incluso si el tribunal finalmente admite la apelación, la orden de censura del ministro permanece vigente hasta la sentencia del tribunal.

En el artículo 61 se otorgan aún más poderes a los ministros del gobierno. "El ministro puede, por orden en la Gazette, eximir a cualquier persona o colectivo de cualquier disposición de esta ley", señala. En otras palabras, el gobierno puede autorizar a cualquier entidad pro gubernamental a difundir noticias falsas con total impunidad.

Sanciones desproporcionadas

Los medios digitales o los periodistas ciudadanos que no cumplan con una orden de censura están expuestos a sanciones que son, cuanto menos, disuasorias: hasta un año de prisión y 20,000 dólares de Singapur (13,000 euros) para particulares y 500,000 de dólares de Singapur (330.000 euros) para los medios.

Los proveedores de acceso a internet pueden recibir una multa de hasta 20,000 dólares de Singapur por día hasta que cumplan con la directiva ministerial de eliminar el contenido o "corregirlo" de acuerdo con la versión del gobierno.

Los "intermediarios de Internet", es decir, las redes sociales como Facebook o Twitter, se enfrentan una pena similar en virtud del artículo 34. En otras palabras, se hace todo lo posible para alentar la censura previa y fomentar la autocensura por parte de los usuarios que quieren difundir contenidos contrarios a la línea de gobierno.

Proceso legislativo sesgado

El ministro Interior y Justicia K. Shanmugam, anunció en junio de 2017 la intención de redactar una ley sobre las noticias falsas, lo que llamó "una obviedad". En marzo de 2018 se creó un comité especial, compuesto por ministros del gobierno y parlamentarios, que tenía que escuchar a los representantes de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías para tener en cuenta sus recomendaciones.

Pero el informe que el comité entregó al gobierno en septiembre pasado ocultó muchos de estos comentarios. Además, las profundas reservas expresadas por los representantes de los gigantes tecnológicos fueron cuidadosamente excluidas.

Entre quienes comparecieron ante la comisión se encontraba la periodista independiente Kirsten Han. Ella participó en una audiencia tormentosa junto con Terry Xu, editor del diario digital The Online Citizen, que ha sido acosado por la policía. Luego, comentó que estaba "horrorizada" al ver sus opiniones "tan drásticamente mal representadas" en el resumen oficial de la audiencia.

La bloguera Han Hui Hui contó a RSF que, después haber recibido inicialmente una invitación para presentarse ante el comité, los parlamentarios la estuvieron mareando. "Cambiaron regularmente la fecha y la hora de mi audiencia, y finalmente la cancelaron", reveló. Aunque se suponía que las audiencias eran públicas, el 29 de marzo fue expulsada arbitrariamente de la sala donde tenían lugar y fue retenida durante varias horas.

RSF recibió una invitación a comparecer ante el comité, pero declinó la invitación porque prefería tener una mejor idea de la propuesta y luego dar sus recomendaciones. Aunque privado, el intercambio de correos electrónicos sobre este tema se publicó en los medios gubernamentales de Singapur.

Agenda oculta

Esta apariencia de proceso legislativo sugiere que la adopción de una ley draconiana con el pretexto de combatir las noticias falsas se planificó con mucha antelación. En diciembre pasado, el primer ministro Lee Hsien Loong sorprendió a todos al anunciar de repente que las elecciones anticipadas podrían celebrarse antes de acabar 2019.

Dado que 2018 estuvo marcado por un escándalo de corrupción y una disputa familiar sobre las voluntades de su padre, se entiende el interés del primer ministro en suprimir todas las informaciones no deseadas durante la campaña electoral.

En este sentido, una de las disposiciones del proyecto parece estar hecha a medida. Como los ministros no pueden ejercer sus funciones habituales durante un período electoral porque el parlamento está disuelto, el artículo 52 admite que estos poderes puedan ser ejercidos por una "autoridad alternativa designada por el (...) ministro". En otras palabras, Los ministros pueden nombrar asistentes cercanos para emitir las órdenes de censura.

Autorregulación

RSF siempre ha expresado su preocupación por la posibilidad de que los gobiernos adopten leyes contra las noticias falsas como pretexto para imponer la censura. Como respuesta, hace un año RSF lanzó una innovadora iniciativa de autorregulación llamada Journalism Trust Initiative (JTI), cuyo objetivo es promover un periodismo fiable dando ventajas concretas a los medios de comunicación que se adhieren a los estándares periodísticos.

Singapur ocupa el puesto 151 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2018 de Reporteros Sin Fronteras.