Aunque Singapur se presenta regularmente como una ciudad-estado de vanguardia, la libertad de prensa y la independencia editorial son poco respetadas. El Partido de Acción Popular, actualmente en el poder, rechaza la idea de la prensa como "cuarto poder" u "órgano de vigilancia" de los poderosos, y los ciudadanos tienen que convivir con una maquinaria mediática estrechamente controlada por el gobierno. Confrontados a numerosos retos, existen pocos medios independientes que cubran las cuestiones políticas y sociales. Las escasas webs de información independiente están siendo reducidas paulatinamente al silencio, a fuerza de ser acosadas por las autoridades, como le sucedió al portal The Online Citizen, obligado al cierre a finales de 2021.

El Partido de Acción Popular (People’s Action Party) del Primer Ministro Lee Hsien Loong, en el poder de forma ininterrumpida desde la independencia de Singapur en 1965, dispone de un arsenal que permite al gobierno la designación directa de los miembros de consejos de administración y los directores de los grandes medios, responsables de hacer respetar las líneas dictadas por el ejecutivo. Éste último decide también si un medio de prensa extranjero puede ser distribuído o difundido en la ciudad-Estado, o no.

Desde la aprobación de la Ley “anti-fake news” en 2019, el ejecutivo puede también “corregir” cualquier información que pueda considerar falsa o que pueda “mermar la confianza pública hacia el gobierno”. La Ley sobre la injerencia extranjera, que entró plenamente en vigor a finales de 2023, tiene una articulado demasiado amplio que podría repercutir en la labor de los medios. En septiembre de 2023, el gobierno de Singapur advirtió al responsable de la delegación en Singapur de la revista británica The Economist de que no interfiriera en la política nacional simplemente porque había apoyado a un nuevo medio independiente. 

Dos grandes grupos controlan la totalidad de la prensa impresa, radiofónica y audiovisual. El primero, MediaCorp, pertenece a una sociedad de inversión estatal. El segundo, SPH Media Trust, se creó después de que Singapore Press Holdings separara sus actividades mediáticas en una nueva entidad. Se trata de una estructura sin ánimo de lucro que recibe financiación directa del gobierno. El presidente de SPH Media Trust es un antiguo ministro del gobierno del PAP. Como resultado de este contexto, existe una autocensura generalizada incluso para los medios independientes que, a pesar de financiarse de forma alternativa, sufren el acoso judicial y económico del gobierno de forma sistemática. 

Las líneas rojas implícitas que definen los temas prohibidos - las llamadas “Out of Bounds Markers”, o temas fuera del límite -, generan miedo y autocensura, lo que afecta a la cobertura de numerosos asuntos juzgados como políticamente delicados. Como la prensa local generalista no quiere o no puede cuestionar la retórica gubernamental, los ciudadanos sólo tienen acceso a las opiniones aprobadas por el Estado sobre cuestiones como el trabajo o los derechos humanos. 

Los blogueros y los periodistas independientes han sido objeto de procedimientos judiciales, con importantes reclamaciones por daños y perjuicios, interpuestos directamente por miembros destacados del partido gobernante, incluido el primer ministro. En una sociedad extremadamente conectada, los medios y periodistas que cruzan las líneas rojas pueden exponerse también a campañas de humillación y descrédito orquestadas por los defensores del partido en el poder.