Sentencia de seis meses de prisión y multa abusiva por “difamación”

Johnny Alberto Salazar, director de la radio comunitaria Vida FM y del portal vidadominicana.com en Nagua, fue condenado, el 18 de enero de 2012, a una pena de seis meses de prisión y a pagar una multa de un millón de pesos (unos 25.600 dólares) después de que se le hallara culpable de "difamación" e "injuria" del abogado Pedro Baldera, presidente del Comité de los Derechos Humanos de la provincia María Trinidad Sánchez (noreste). El periodista dijo que la sentencia in extensa será dada a conocer el 26 de enero de 2012 y que tras ello sus abogados iniciarán el proceso de apelación. "Independientemente de la veracidad de las declaraciones incriminadas, consideramos peligrosa una sentencia desproporcionada en sí y que atenta contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en nombre de la cual no se puede poner en riesgo la libertad de nadie por sus palabras o escritos. Es urgente que la Asamblea Nacional vote finalmente la propuesta de ley que despenaliza los delitos de prensa, y que tiene en su poder desde hace cerca de cinco años. Queremos creer que el juez de apelación sabrá medir el peligro provocado por este precedente judicial, no sólo para Johnny Alberto Salazar sino para todo el gremio en el país”, declaró Reporteros sin Fronteras. La organización también deplora que la juez Selma Bonilla se haya negado a que la prensa asistiera a las audiencias que dieron como resultado esta condena, cuando se trataba de un proceso público y de interés público. Asimismo, espera que este atentado contra el derecho de informar no se confirme una vez más en la apelación. El abogado Pedro Baldera demandó al periodista por sus declaraciones recientes contra el Comité de los Derechos Humanos. Johnny Alberto Salazar denunció que el organismo “protegía” a delincuentes y personas ligadas al crimen organizado. Esta condena constituye “un punto negativo para la libertad de prensa en República Dominicana", afirmó Johnny Alberto Salazar, quien agregó: "los sectores que nos adversan no soportan que a través de nuestra emisora de radio y otros medios al servicio del pueblo, nos pongamos al servicio de la comunidad sin responder a ningún sector político, empresarial o social en particular”. Al enterarse del juicio, habitantes de Nagua y representantes de la sociedad civil se movilizaron de forma espontánea para reunir la suma de dinero que se necesitaría para pagar la indemnización impuesta al periodista. “El dinero que el pueblo de Nagua entregue a esta causa lo destinaremos a la construcción de obras de bien social para varias familias necesitadas de esta provincia, porque estamos seguros de que esta aberrante sentencia será desconocida por un tribunal superior”, nos explicó Johnny Alberto Salazar.