Seis años después de la reconversión de la base de Guantánamo en campo de prisioneros, Reporteros sin Fronteras sigue reclamando su cierre y la libertad de Sami Al-Haj

El 11 de enero de 2002, varios cientos de personas capturadas por el ejército norteamericano en Afganistán, en el marco de la operación “libertad duradera”, fueron trasladadas a la base militar de Guantánamo, en el este de Cuba. Esa fecha representa la reconversión del sitio militar en un auténtico presidio, donde han llegado a estar detenidas hasta 770 personas, privadas de todas las garantías jurídicas que establecen la Constitución de Estados Unidos y la Convención de Ginebra, para los prisioneros de guerra. Entre las cerca de 300 personas que continúan detenidas allí figura el camarógrafo sudanés del canal qatarí Al-Jazira Sami Al-Haj, que nunca ha sido inculpado. A principios del mes de enero, el secretario general de Reporteros sin Fronteras, Robert Ménard, a viajado a Guantánamo. El viaje dará lugar a la publicación de un texto en el próximo número de la revista Médias. “Pedimos la libertad de Sami Al-Haj, o el traslado a su país que, por otra parte, sabemos que se está negociando. Nosotros hemos viajado a Guantánamo para poder hablar con él, pero no nos lo ha autorizado. En cambio, sí pudimos visitar los centros de detención y entrevistarnos, entre otros, con guardias, responsables del hospital, militares encargados de la revisiones administrativas anuales (ARB) y el comandante de la Joint Task Force de Guantánamo, contralmirante Mark H. Buzby”, ha indicado Reporteros sin Fronteras. “El escándalo jurídico y humanitario que supone Guantánamo dura ya desde hace seis años. ¿Con qué resultados? Sin cargos, 500 prisioneros han salido de la base, con frecuencia devueltos a sus países de origen. No se entiende que sigan manteniendo detenidas a cerca de 300 personas, cuando las autoridades tienen previsto juzgar solamente a entre sesenta y ochenta. Porque, precisamente el 30 de junio de 2006, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró anticonstitucionales los tribunales militares de excepción, destinados a juzgar a los ‘enemigos combatientes' y, el 7 de junio de 2007, el Comité Judicial del Senado se pronunció a favor de que se les aplique el habeas corpus. Pero hay que ir aun más lejos. El ganador de las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre, que asumirá sus funciones en enero de 2009, tendrá que pone fin a una situación humanamente intolerable y jurídicamente insostenible. Llamamos a todos los candidatos, en liza para las primarias, a que se comprometan a cerrar Guantánamo”, ha declarado la organización. Sami Al-Haj, detenido por las fuerzas de seguridad pakistaníes en diciembre de 2001, en la frontera entre Afganistán y Pakistán, fue entregado un mes después al ejército norteamericano, y trasladado a la base de Guantánamo el 13 de junio de 2002. El ejército norteamericano le acusa de haber entrevistado a Osama Ben Laden, haberse dedicado al tráfico de armas por cuenta de Al-Qaeda y haber animado un sitio de Internet islamista. En ningún momento ha aparecido ninguna prueba que lo corroborara, y al periodista no le han inculpado nunca. Torturado con frecuencia, sometido por sus carceleros a cerca de 200 interrogatorios, Sami Al-Haj inició, el 7 de enero de 2007, una huelga de hambre, en señal de protesta por su detención y para reclamar que se respeten sus derechos. En represalia, le alimentaron a la fuerza varias veces. Según su abogado, Clive Stafford-Smith, que le visitó el pasado julio, ha perdido dieciocho kilos y tiene graves problemas intestinales. También está teniendo accesos de paranoia y cada vez más dificultades para comunicarse con normalidad. Dos de los nueve presos sudaneses de Guantánamo quedaron en libertad en el mes de diciembre de 2007. Según un memorando, entregado recientemente por la administración norteamericana al gobierno sudanés, las contrapartidas exigidas para poner en libertad a Sami Al-Haj serían la prohibición de que reanude su actividad periodística, y la de salir de territorio sudanés. El 15 de diciembre de 2007, la CIA anunció que había destruido las grabaciones de vídeo de los interrogatorios a los presos detenidos en Guantánamo y en las cárceles secretas, a pesar de que había orden judicial de conservarlas. El 2 de enero de 2008 se abrió una investigación criminal pero, una semana después, el juez federal Henry H. Kennedy ha hecho saber que no va ordenar la audición del antiguo oficial de inteligencia José Rodríguez. Ante las protestas del Congreso, el magistrado ha respondido que espera los resultados de la investigación interna llevada a cabo por el Departamento de Justicia. En el mes de diciembre, el New York Times reveló que cuatro consejeros jurídicos de la Casa Blanca dieron su aval para la destrucción de las comprometidas grabaciones. Hace más de dieciséis años, Reporteros sin Fronteras creaba el “apadrinamiento”, y llamaba a los medios de comunicación internacionales a apoyar a un periodista encarcelado. Más de 200 redacciones de todo el mundo apoyan así a un colega, pidiendo frecuentemente su libertad a las autoridades concernidas y mediatizando su situación, para que el caso no caiga en el olvido. Sami Al-Haj está apoyado por los medios españoles La Sexta, IPS-Comunica, La Voz del Occidente, Colexio de Xornalistas de Galicia, y los canadienses Corriere Canadese, Atlas media, Magazine de Saint-Lambert, Mouton Noir, CIBL, Radio Canada Sudbury.