El 12 de enero de 2015 el Departamento de Justicia anunció que no citará a James Risen a declarar como testigo en el juicio de Jeffrey Sterling. Con esta decisión
concluye una larga batalla judicial, una pugna de siete años en la que se enfrentaron la justicia estadounidense y el periodista, que se negaba a revelar sus fuentes.
James Risen, periodista de investigación de
The New York Times especializado en la cobertura de temas relacionados con la seguridad nacional, se encontraba en el punto de mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos desde 2008, debido al proceso legal contra el exagente de la CIA, Jeffrey Sterling, por violación a la Ley de Espionaje
(Espionage Act). James Risen fue citado a comparecer para determinar si Jeffrey Sterling era el responsable de la filtración de información confidencial publicada en su libro "State of War : The Secret History of the CIA and the Bush Administration" (Estado de Guerra: la historia secreta de la CIA y del Gobierno de Bush). Esta investigación revelaba una operación secreta en la que los servicios de inteligencia estadounidenses intentaron proporcionar a oficiales iraníes planes de armamento nuclear defectuoso.
Cuando una corte de Virginia dictaminó que James Risen debía comparecer como testigo en el juicio de Jeffrey Sterling, el periodista recurrió a la Corte Suprema de Estados Unidos, pero ésta
se negó a hacerse cargo de la apelación del periodista el 2 de junio de 2014. Sin embargo, el 16 de diciembre de 2014 el Departamento de Justicia afirmó que los fiscales no lo obligarían a revelar sus fuentes. El 5 de enero de 2015 James Risen fue citado a comparecer como testigo de una audiencia preliminar en el marco del proceso de Jeffrey Sterling, en la que reiteró su intención de no revelar la identidad de sus fuentes. Los fiscales dictaminaron entonces que ya no sería citado como testigo en el juicio del exagente de la CIA que comenzó esta semana.
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Reporteros sin Fronteras expresa su alivio al saber que concluyó el hostigamiento judicial que padecía James Risen", señaló Claire San Filippo, responsable del Despacho Américas de nuestra organización. "
Sin embargo, es inadmisible que un periodista deba enfrentar una batalla judicial como ésta para preservar el secreto de sus fuentes. También estamos muy preocupados por la frecuencia, sin precedentes, de los procesos emprendidos por el gobierno estadounidense contra los informantes", agregó.
Desde que el presidente Barack Obama asumió su cargo, ocho informantes (whistleblowers), entre ellos
Edward Snowden, exinformático de la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA), y el soldado
Bradley Manning, han enfrentado procesos legales basados en la Espionage Act. Los gobiernos anteriores habían usado La Espionage Act –adoptada el 15 de junio de 1917– por casos de filtración de información sólo en tres ocasiones. Esta caza a las fuentes, en menosprecio de los principios de la Primera Enmienda, afecta directamente la actividad de los periodistas, en los que recae la sospecha de atentar contra la seguridad del país.
Una ley escudo (shield law) garantizaría a los periodistas el derecho de no revelar la identidad de sus fuentes ni información confidencial sobre su trabajo. El carácter confidencial de las fuentes es vital para el gremio periodístico. Si no existe esta protección, ningún informante se atreverá a colaborar y la verdad sobre ciertos acontecimientos controversiales no saldrá nunca a la luz.
Estados Unidos se encuentra en el lugar 46, entre 180 países, en la
Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras; descendió 13 lugares respecto a la edición de 2013.