RSF exhorta al Consejo de Derechos Humanos a validar el informe del Relator Especial Frank LaRue sobre cibervigilancia

Reporteros sin Fronteras celebra el informe de Frank LaRue, relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, que será sometido a votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 3 de junio 2013. Este informe, dedicado a la vigilancia de Internet por parte de los Estados, muestra el impacto que ésta tiene en los derechos humanos en general y en la libertad de información en particular. Reporteros sin Fronteras exhorta a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos a que voten este informe, que puede y debe ser un primer paso para el establecimiento de mecanismos internacionales y regionales restrictivos. Por primera vez, la comunidad internacional se ocupa del problema de la vigilancia de Internet. Reporteros sin Fronteras acoge aún con más esperanza esta iniciativa dado que la organización ha abordado este tema desde hace cerca de diez años (ver la nota Empresa y DH - Inglés -). Reporteros sin Fronteras ha denunciado en varias ocasiones las artimañas de los Estados y las empresas en lo que respecta a la vigilancia de la población, en particular en su Informe Especial sobre Vigilancia en Línea publicado el 12 de marzo de 2013 (Día Mundial contra la Cibercensura). Este informe subraya que en la actualidad ningún Estado está exento de desvíos securitarios ligados a este tipo de vigilancia. Frank LaRue muestra que el uso de herramientas tecnológicas que permiten espiar a los ciudadanos no es exclusivo de los Estados autoritarios. En especial, menciona las leyes sobre terrorismo, la seguridad nacional o la lucha contra la gran criminalidad, en vigor en numerosas democracias, que autorizan la cibervigilancia y siguen la pista de “blancos vulnerables”, entre los que se encuentran los periodistas (párrafo 52: "Journalists are also particularly vulnerable to becoming targets of communications surveillance because of their reliance on online communication"). El relator especial subraya que la “violación a los derechos humanos” que representa la vigilancia en Internet tiene un impacto negativo en los periodistas (párrafo 51). Cuando menciona el uso de datos personales y el respeto de la vida privada, considera que en el caso de los periodistas y sus fuentes, los efectos de la vigilancia de sus comunicaciones llegan a ser desastrosos (párrafos 26 y 52). Asimismo, este documento señala la necesidad de: adaptar legislaciones a menudo obsoletas (párrafo 50) y/o imprecisas, establecer un delito para poder sancionar la vigilancia ilícita y de instaurar un control jurisdiccional (párrafo 54) de estas prácticas, en especial de la obtención y conservación de datos personales. También preconiza el informar y sensibilizar a los ciudadanos y los usuarios. Al igual que Reporteros sin Fronteras en su Informe Especial sobre Vigilancia en Línea, el relator especial toma muy en serio la amenaza que representan las “nuevas formas de vigilancia” (párrafo 62), como la tecnología ofensiva de intrusión informática (por ejemplo los troyanos) o la interceptación legal. Reporteros sin Fronteras alaba el llamado que hace Frank La Rue a la responsabilidad de los Estados. Estos no sólo tienen la obligación de respetar los derechos, sino también y sobre todo, de protegerlos (párrafo 76). Por otra parte, la organización coincide con sus recomendaciones en lo que concierne al sector privado (párrafo 97: "States must take measures to prevent the commercialization of surveillance technologies, paying particular attention to research, development, trade, export and use of these technologies considering their ability to facilitate systematic human rights violations"). En efecto, la organización considera que tales recomendaciones conciernen no sólo a los Estados, sino a los actores privados (intermediarios técnicos, empresas de la Web, fabricantes y exportadores de material de vigilancia). Por otra parte, Reporteros sin Fronteras pide que se impongan sanciones a las empresas implicadas en actividades de vigilancia perjudiciales para la libertad de informar. En ese sentido, Reporteros sin Fronteras confirma la tendencia observada en este informe por Frank LaRue: "the burden of such policy is transferred to private intermediaries" (párrafo 46). La organización ha denunciado con frecuencia el creciente poder y los desvíos del sector privado en materia de vigilancia.