Reporteros sin Fronteras y la Red Damocles serán parte civil en el proceso de los presuntos asesinos del periodista y humorista Jaime Garzón

Ahora que, teóricamente, el día 11 de julio de 2002 podría iniciarse el proceso de los presuntos asesinos del periodista y humorista Jaime Garzón (foto), Reporteros sin Fronteras y la Red Damocles, brazo judicial de Reporteros sin Fronteras, anuncian que serán parte civil en las audiencias. Las organizaciones estarán representadas por el abogado Alirio Uribe, de la asociación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Preocupadas por el curso que ha tomado la investigación - algunos testigos que implicaban a militares habrían sido descartados demasiado pronto por los investigadores -, Reporteros sin Fronteras y la Red Damocles quieren, por eso, participar en el desarrollo del proceso. "Esperamos que en esta fase procesal se pratique por fin las pruebas que no fueron praticadas por los investigadores durante la fase de investigación", subrayaron Robert Ménard, secretario general de Reporteros sin fronteras, y Jean-Pierre Getti, en una carta dirigida al juez Julio Roberto Ballesta Silva, que presidirá las audiencias. Para Reporteros sin Fronteras, este paso, el primero de la organización en América Latina, va dirigido también a mantener la atención de la sociedad colombiana en el seguimiento de un asesinato que provocó, en agosto de 1999, una movilización sin precedentes en el país. El día de los funerales, varios cientos de miles de colombianos salieron a las calles, para rendir un último homenaje a Jaime Garzón. Ambas organizaciones esperan así crear un precedente importante en la lucha contra la impunidad que, frecuentemente, disfrutan los asesinos de periodistas en Colombia. Durante los diez últimos años se han producido en el país cuarenta asesinatos de profesionales de la información y, al día de hoy, prácticamente todos ellos permanecen sin castigo. Colombia figura en la lista negra de los veintiún países del mundo en que los asesinos, los responsables de desapariciones y los torturadores de periodistas, disfrutan de una impunidad total. Esa lista negra la publicaron Reporteros sin Fronteras y la Red Damoclès el 1 de julio de 2002. Recordatorio de los hechos Jaime Garzón, periodista y humorista en la emisora Radionet, y en el canal de televisión Caracol Televisión, resultó abatido el 13 de agosto de 1999, en Bogotá, por dos hombres que circulaban en moto. El 2 de enero de 2002, el fiscal encargado del caso, Eduardo Meza, dio por terminada la investigación que determinó que se trataba de un asesinato por encargo de Carlos Castaño, el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares), y ejecutado por Juan Pablo Ortiz Agudelo, alias El Bochas, autor de los disparos, y Edilberto Antonio Sierra Ayala, alias Toño, conductor de la moto. Ambos fueron detenidos en enero de 2000 y septiembre de 2001, respectivamente. En junio de 2000 se dictó una orden de detención contra Carlos Castaño. El móvil del asesinato habría sido la participación de Jaime Garzón en unas negociaciones, destinadas a conseguir la liberación de personas secuestradas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El jefe de los paramilitares acusaba al periodista de estar haciendo el juego a la guerrilla, y también de haber recibido dinero a cambio de sus servicios. Sin embargo, algunas informaciones aparecidas en la prensa mencionan algunos testimonios, descartados por los investigadores, que implican a militares. Según esas informaciones, determinados sectores del ejército temían las revelaciones del periodista sobre su presunta implicación en el tráfico de armas y el tráfico de personas secuestradas, con la guerrilla de las FARC. Los investigadores afirman que esos testimonios no han sido confirmados por ninguna prueba. Una vez terminada la investigación, el caso se entregó al juzgado séptimo penal del circuito especializado de Bogotá. Desde el 1 de julio, las partes del caso -los abogados de la familia y de la compañera del periodista, los de los acusados y el representante del Ministerio Público- tenían diez días para dar a conocer al juez las pruebas que quieren que se pratiquen durante el juicio. Teóricamente, el proceso podría iniciarse inmediatamente a partir del 11 de julio y terminar un año después de su apertura, como muy tarde.