Según las leyes internacionales, la sentencia dictada por el tribunal de Tegucigalpa contra Renato Álvarez, presentador del programa "Frente a Frente" constituye una violación grave de la libertad de prensa. Reporteros sin Fronteras pide al presidente del Tribunal Supremo que revoque el veredicto.
El 18 de febrero de 2004 un tribunal de Tegucigalpa condenó a Renato Alvárez, presentador de un programa difundido por el grupo Corporación Televicentro, a dos años y ocho meses de cárcel, con la condena en suspenso y puesta a prueba, y a la privación de algunos de sus derechos civiles. El pasado 4 de febrero, el mismo tribunal le había declarado culpable de difamación y calumnia.
En una carta dirigida a Vilma Cecilia Morales Montalbán, presidenta del Tribunal Supremo, Reporteros sin Fronteras critica la sentencia. "Resulta incomprensible que Renato Alvárez haya sido condenado simplemente por plantear una pregunta a un ministro. Su condena es aun más sorprendente porque, en el mes de enero, otro tribunal dejó en libertad a Alvárez, por un asunto similar", ha manifestado Robert Ménard, secretario general de la organización.
"Por otra parte, e independientemente de la cuestión de la culpabilidad del periodista, le recordamos que la condena de un periodista a una pena de cárcel por difamación constituye una sanción excesiva, que atenta a la libertad de expresión. De otra parte, la puesta a prueba significa para el periodista una presión intolerable, y la privación de algunos de sus derechos civiles es una sentencia desmesurada", ha subrayado Reporteros sin Fronteras. "Esperamos que el Tribunal Supremo, al que el periodista tiene intención de recurrir, anulará esta sentencia".
Reporteros sin Fronteras recuerda que en un texto, aprobado en enero de 2000, el Relator especial para la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de Naciones Unidas estableció claramente que "el encarcelamiento, en tanto que condena de la expresión pacífica de una opinión, constituye una grave violación de los derechos humanos".
Por otra parte, el artículo 10 de la Declaración de Principios sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece claramente que "la protección de la reputación debe garantizarse únicamente por medio de sanciones civiles, en los casos en que la persona lesionada sea un funcionario público".
Recordatorio de los hechos
El 18 de febrero de 2004, Renato Alvárez, presentador del programa "Frente a Frente", difundido por el grupo Corporación Televicentro (Canal 3, Canal 5 y Canal 7), fue condenado a treinta y dos meses de cárcel, con la condena en suspenso, y a una puesta a prueba de cinco años. El tribunal añadió a la pena de cárcel el pago de las costas del juicio y la suspensión de algunos de sus derechos civiles, entre ellos el derecho al voto, la administración de bienes, la posibilidad de asumir funciones públicas y la patria potestad. El tribunal, compuesto por los jueces Félix Avila, Thelma Cantarero y Enilda Geraldina Mejía, consideró al periodista culpable de difamación y calumnia el pasado 4 de febrero, y retrasó la sentencia hasta el 18 de febrero.
Se trata del segundo proceso por difamación contra el periodista, por este asunto. Una semana antes, otro tribunal declaró inocente a Renato Alvárez.
El 23 de junio de 2003, Renato Alvarez preguntó al Ministro de Seguridad, Oscar Alvárez, si eran fundadas las sospechas que pesaban sobre una treintena de personalidades, cuyos nombres figuraban en una lista que le habían entregado poco tiempo antes del comienzo de su programa, emitido en directo. El periodista leyó en antena los nombres de esas personalidades, entre las que figuraban Eduardo Sarmiento y Rossel Barralaga, sospechosos de estar relacionados con el tráfico de droga.
Renato Alvárez ha declarado que tiene intención de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Su abogado subraya, entre otras cosas, que la acusación ha imputado al periodista algunas declaraciones que no se corresponden con las efectuadas en el programa. Tras el veredicto del 4 de febrero, el periodista manifestó también su intención de querellarse por "amenazas" contra Eduardo Sarmiento y su abogado, Antonio Ocampo Santos quien, en el proceso, pidió a los jueces que no obligaran a su cliente a lavar su honor "con sangre", si declaraban inocente al periodista.