Reporteros sin Fronteras, IFEX-ALC y Media Defence apoyan a la FLIP y a la periodista Diana Díaz contra el acoso del estado colombiano

El acoso comenzó en enero de 2019, cuando la FLIP dio a conocer un audio que evidenciaba que el entonces gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), un medio público (radio y televisión) de alcance nacional, Juan Pablo Bieri, había dado la orden de retirar del aire el programa “Los Puros Criollos”, luego de que el presentador de dicho programa criticara públicamente una iniciativa de ley sobre tecnologías de la información y comunicaciones, promovida por el gobierno.

Luego de que la grabación se publicara, Bieri denunció penalmente a la periodista Diana Díaz, quien había trabajado para RTVC como directora de Señal Colombia y de buena fe entregó a la FLIP información sobre irregularidades que ocurrían en dicha institución.

En el marco de este proceso penal que se adelanta contra Diana Díaz, la Fiscalía requirió a la FLIP informar la fecha para realizar una inspección judicial en sus oficinas, los registros de ingreso de personas a las instalaciones de la FLIP entre diciembre de 2019 y enero de 2020, y entregar la grabación del audio que  evidenciaba la orden de censura dada por Bieri.  Además, tres funcionarios de la organización fueron citados a una entrevista.

Para que organizaciones como la FLIP puedan realizar su trabajo, necesitan como garantía básica que quienes acuden a pedir su apoyo puedan entregar información sobre vulneraciones al derecho a la libertad de expresión y de prensa, sin el temor de sufrir retaliaciones. En ese sentido, las acciones de la Fiscalía en este caso violan esa garantía básica y generan un efecto intimidatorio.

Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la sensibilización, el intercambio de información, la solicitud de respuestas, la promoción de la democracia y los Derechos Humanos y la responsabilidad de los gobiernos. Además de contribuir a la existencia de un entorno democrático saludable, las organizaciones de la sociedad civil también promueven respuestas comunitarias resilientes e innovadoras a las crisis de salud, fortalecen las voces de los grupos marginados y defienden los Derechos Humanos.

Tal y como lo ha señalado el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacifica y asociación de Naciones Unidas, “[l]as ONG pueden asumir funciones que los agentes políticos no son capaces de desempeñar, ya que estas organizaciones tienen más posibilidades de actuar con independencia, imparcialidad y flexibilidad. En algunos casos, los grupos de la sociedad civil también pueden tener mejores conexiones con los grupos de base comunitaria, son capaces de mantener la confidencialidad y tienen una relación de más confianza con la población local”.

Por su parte, la Relatoría Especial para la libertad de Expresión de Naciones Unidas, ha señalado que “[a] menudo, los investigadores de derechos humanos se basan en fuentes que requieren confidencialidad por razones de seguridad”.  En ese sentido, el principio 8 de la Declaración de principios sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.”

Además del acoso a la FLIP, rechazamos categóricamente el proceso penal que se lleva en contra de la periodista Diana Díaz, quien realizo una denuncia de una violación al derecho a la libertad de expresión y por ende debería contar con la protección que como denunciante de temas de interés publico tiene bajo los estándares internacionales en la materia. El proceso penal adelantado en su contra, también genera un efecto intimidatorio en otros periodistas o funcionarios o funcionarias públicas, que como ella, presencian actos que constituyen violaciones de derechos humanos.

Las organizaciones firmantes solicitamos:

• A la Fiscalía General de la Nación, respetar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de las y los periodistas garantizando derechos como el de la reserva de la fuente y cumplir con las directivas de la institución al respecto. En ese sentido, debe desistir de los cargos en contra de la periodista Diana Díaz y de los procedimientos en los que ha sido citada la FLIP.
• A la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, velar por la protección de los derechos de la periodista Diana Díaz.
• Al presidente de la República, que envié un mensaje contundente de respeto por el trabajo de las y los periodistas y de las organizaciones de la sociedad civil que defienden y promueven los derechos humanos.
• A las autoridades colombianas en general, abstenerse de utilizar el aparato estatal para intimidar a las voces críticas.
• A las autoridades colombianas en general, cumplir las obligaciones internacionales contenidas en los instrumentos de derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales garantizan el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión

Firman:

IFEX-ALC

Media Defence

Reporteros sin Fronteras (RSF)