Reporteros Sin Fronteras denuncia las restricciones impuestas a la prensa extranjera

El 10 de septiembre de 2002 se aprobó un decreto presidencial que prevé el establecimiento de "zonas especiales". El decreto somete a la aprobación del Ministerio de Defensa el acceso a esas zonas de los extranjeros, incluidos los periodistas, argumentando que es para impedir que los grupos armados "puedan asociarse con terroristas de otros países". Los enviados especiales deberán informar previamente a las autoridades de sus desplazamientos, mientras que la concesión de una autorización dependerá de la situación militar en esas zonas. "La posibilidad de que a los periodistas se le niegue el acceso a las zonas especiales constituye una flagrante violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 13 garantiza la libertad de circulación de los periodistas", manifestó Robert Ménard, secretario general de Reporteros Sin Fronteras. En una carta dirigida al presidente Uribe, la organización ha pedido que el acceso a las zonas especiales dependa únicamente de la verificación de la condición de periodista del demandante. "O bien se trata de impedir la entrada de eventuales terroristas en esas zonas, y es suficiente la verificación de la cualidad de periodista, o bien se trata de enmarcar el trabajo de los profesionales de la prensa, y en este caso hay razones para temer que, en realidad, el texto sea utilizado para llevar a cabo una guerra sin testigos, explicó Robert Ménard. Quien, igualmente, manifestó su temor por las consecuencias que el mismo texto puede tener sobre el secreto de las fuentes, al autorizar detenciones, registros y escuchas telefónicas. "Tales medidas no se pueden aplicar a los periodistas sin poner en cuestión la neutralidad de la prensa", manifiesta, preocupada, la organización. El 10 de septiembre, el presidente Alvaro Uribe firmó el decreto 2002 que establece "zonas especiales de rehabilitación y consolidación" en las regiones en que causan estragos los grupos armados. Esas zonas de conflicto, que podrían afectar a 14 de los 32 departamentos del país, según la Agencia France-Presse, estarán bajo la dirección de un mando militar y el control del gobernador. Según el decreto 2002, el acceso de los extranjeros a esas regiones, incluidos los periodistas, estará sometido a la autorización del gobernador local, que dispondrá de ocho días para responder a cada demanda, que podrá ser denegada dependiendo de "las especiales condiciones de orden público". En el caso de que no respete la decisión de las autoridades, el periodista será expulsado de Colombia. Algunas precisiones, facilitadas posteriormente por las autoridades, indican que los enviados especiales deberán informar a las autoridades de los trayectos que piensan efectuar, y que la concesión de un salvoconducto tendrá que ser aprobada por el Ministerio de Defensa. Según Fernando Londoño, Ministro del Interior, estas medidas pretenden impedir que los grupos armados "puedan asociarse con terroristas de otros países". Sin embargo, Ricardo Galán, jefe del servicio de prensa de la presidencia, respondiendo a preguntas de AFP, afirmó que esas restricciones "no afectarían" a los corresponsales extranjeros acreditados en Bogotá, a los que se les ha indicado que deben presentar una demanda, en el Ministerio de Defensa, que deberá entregarles un salvoconducto válido hasta el 31 de diciembre de 2002, sin ninguna garantía de que sea renovado. Por otra parte, el decreto 2002 autoriza detenciones y registros domiciliarios sin mandato judicial, en caso "de urgencia insuperable (o) la necesidad de proteger un derecho fundamental en grave o inminente peligro". Igualmente, las fuerzas del orden podrán ordenar escuchas telefónicas y la interceptación del correo, sólo con la autorización verbal de un juez. Estas medidas se adoptaron en el marco del estado de conmoción interiror (estado de excepción) decretado el 12 de agosto de 2002, por el presidente Alvaro Uribe, para reforzar la lucha contra las guerrillas comunistas y los grupos paramilitares extremistas. En agosto de 2001 fueron detenidos tres presuntos miembros del Irish Republican Army (IRA), sospechosos de haber enseñado las técnicas de la guerrilla urbana a miembros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).