Proceso irregular y campaña de desprestigio: el periodista hondureño Jairo López, en medio de la tormenta

Jairo López, periodista y conductor del noticiero televisivo ‘El Informador’, transmitido por el Canal 21 en la ciudad de Choluteca (sur del país), enfrenta un proceso penal por "difamación y calumnia". En septiembre de 2015 el empresario Alcides Alejandro Aguilar Corrales, cercano al gobierno de Honduras y propietario del Canal 39, presentó una demanda en su contra. El periodista había revelado actos de corrupción, como un caso de uso irregular del agua en el que presuntamente estaba implicado Corrales, junto con funcionarios y políticos, entre ellos el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

En la primera audiencia, efectuada el 1 de febrero de 2017, los jueces encargados del caso señalaron que se habían perdido las pruebas presentadas por el abogado defensor. Observadores internacionales de Peace Brigade International (PBI) y de organizaciones locales defensoras de los derechos humanos, como la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU), que asistieron al proceso, fueron sacados de la sala de audiencias a petición de la parte querellante porque “podían afectar su honor”. A pesar de estas graves irregularidades, el proceso continúa.

“El proceso judicial emprendido contra Jairo López no puede continuar desarrollándose en esas condiciones. El Tribunal de Sentencia de Choluteca debe suspender las audiencias hasta que se encuentren las pruebas proporcionadas por la defensa”, señaló Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de Reporteros sin Fronteras (RSF). “El Estado hondureño debe garantizar la seguridad de Jairo López otorgándole las medidas de urgencia contempladas en el Mecanismo de Protección de periodistas (nacional). Asimismo, debe despenalizar los delitos de difamación y de calumnia, utilizados con gran frecuencia por miembros del gobierno para censurar a las voces críticas en el país”, agregó.

A la par de estas irregularidades judiciales, se ha emprendido una campaña de desprestigio contra Jairo López, uno de los pocos periodistas críticos en la región, quien no duda en denunciar de manera constante los abusos de poder (tráfico de influencias, uso indebido de medicamentos, empleos ficticios, etc.).

El 5 de febrero pasado Jairo López, al igual que periodistas de otros medios de comunicación, difundió en “El Informador” un video en el que aparecían pobladores que expresaron su descontento lanzando piedras al presidente del Congreso Nacional y la violenta respuesta de los guardias de seguridad del funcionario: uno de ellos apuntó con un arma de fuego a los manifestantes. En opinión de Jairo López, la publicación de este material es la causa de la campaña de desprestigio emprendida en su contra: videos en los que se acusa al periodista de ser jefe de una banda criminal, de blanqueo de dinero y de tener nexos con narcotraficantes de la región, difundidos en Internet y en las redes sociales. Asimismo, Jairo López ha recibido amenazas y observado extraños motociclistas estacionarse frente a su domicilio.

En medio de este tenso clima, Jairo López solicitó las medidas del Mecanismo de Protección de periodistas; aún espera las medidas de protección. RSF considera que éstas son urgentes para preservar la integridad física del periodista y de su familia.

Honduras se encuentra en el lugar 137, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de RSF.