Por una prensa sin censores ni censura

Por Luis Alberto Rivera Leyva Un testimonio de las difíciles condiciones de trabajo de los periodistas independientes en Cuba y de la intimidación y el acoso de que son víctimas. Las autoridades de la isla proclaman ante el mundo que en Cuba no se toman represalias contra los periodistas independientes, sin embargo, se nos considera como "contrarrevolucionarios", como "mercenarios al servicio del Imperio americano" y se nos somete a todo tipo de presiones por el mero hecho de informar que un niño no tiene leche para beber o que un grupo de personas ha organizado un acto cívico en oposición al régimen. Al igual que en otras provincias del país, en Santiago de Cuba, ciudad donde resido y sede de la APLO, a unos 900 km al sudeste de La Habana, el año 2000 fue de una gran tensión para quienes practicamos el oficio de informar. En el mes de agosto en la terminal de ómnibus de Santiago de Cuba cuando iba viajar con destino a la capital, dos agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), acompañados de un oficial de la seguridad del Estado, registraron infructuosamente mi equipaje delante del público presente (táctica usada para infundir temor a los demás ciudadanos). Este hecho marcó el inicio de una verdadera campaña de hostigamiento en mi contra, que se caracterizó por arrestos, interrogatorios, registros en lugares públicos, amenazas de cárcel y acoso permanente. El año pasado fui detenido dos veces. La primera, en La Habana, en el mes de agosto cuando me disponía a entrar en la sede de la agencia Cuba Press y la segunda en Santiago de Cuba, el 7 de septiembre, víspera del día de la Virgen de la Caridad del Cobre (patrona de Cuba) precisamente, como se informó durante mi detención, para que no cubriera la muy concurrida misa del 8 de septiembre en la que se le rinde culto. En ambas oportunidades fui conducido por agentes del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) a casas de "interrogatorio", en las que los oficiales emplearon lo que aparentemente debe ser su nuevo "método de trabajo": en lugar de golpes o amenazas, me ofrecieron exquisita comida y bebidas, que me negué a probar, e intentaron persuadirme de que abandonara la actividad periodística o de que escribiera sobre los logros de la revolución, recurriendo durante mi segunda detención a los servicios de un médico psicólogo del Ministerio del Interior para ejercer una mayor presión. También en esa oportunidad, el teniente coronel Emilio Pérez, jefe del DSE en Santiago de Cuba, quiso que me tomara una fotografía con él (conocido recurso de la policía política que utiliza luego esa imagen para desacreditar al periodista entre los opositores al régimen y crear un clima de desconfianza). Las dos veces se me liberó tras ser amenazado de encarcelamiento si continuaba informando. Mi caso no es excepcional, es un ejemplo entre muchos otros de las difíciles condiciones en que trabajan los profesionales de la información. Todos los medios son buenos para obstaculizar nuestra actividad, en particular impidiéndonos la cobertura de acontecimientos considerados "sensibles". Para citar sólo un caso, el 21 de julio pasado, día del proceso de dos opositores en Santiago, fui detenido en mi domicilio y liberado al final de la audiencia. Las plazas disponibles para el público fueron ocupadas por miembros del Partido o por fuerzas del orden, de modo que los periodistas independientes que habían escapado a la detención o a la residencia vigilada no pudieron asistir a los debates pues la sala estaba completa. Otro recurso muy frecuente es el decomiso del material de trabajo. Así, hace dos años se me confiscó mi cámara video, la misma que hoy utilizan los miembros de la seguridad del Estado para filmar las actividades de los opositores al régimen en iglesias o casas particulares. Sólo puede entender lo que esta pérdida significa quien conozca nuestras condiciones materiales de trabajo y el irrisorio equipo del que disponemos. Salimos a cubrir las noticias de a pie (el periodista que dispone de una bicicleta puede considerarse afortunado), tomando notas en trozos de papel que conseguimos gracias a la generosidad de amigos o familiares. El nuevo instrumento legislativo del que se ha dotado el gobierno cubano desde 1999 (la bien bautizada "ley mordaza" por la oposición), que impone penas de hasta veinte años de prisión a quien colabore "por cualquier vía con medios de difusión extranjeros", no ha logrado debilitar al periodismo independiente. Por el contrario, el número de colaboradores está en creciente aumento, prueba de que existe en el país una necesidad visceral de informar y de estar informado. Pese a que la política represiva del gobierno ha obligado a numerosos colegas a exiliarse, muchos también hemos optado por resistir y quedarnos con la esperanza de contribuir a que un día haya en Cuba una prensa sin censores ni censura.