Perfil bajo de los derechos humanos en la subcomisión de la ONU

Apenas una decena de periodistas acudieron el 15 de agosto a la conferencia de prensa de Halima Ouarzazi, presidenta de la Subcomisión de promoción y protección de los derechos humanos, en la clausura de su 55 sesión, celebrada en el Palacio de las Naciones en Ginebra. Incluso en período estival, este desinterés manifiesto es un reflejo tanto del agotamiento de ese órgano de expertos "independientes", como del conjunto del sistema onusiano de los derechos humanos. En su declaración de clausura de la sesión, la propia presidenta de la Subcomisión reconoció que "no se han cumplido las ambiciones de todos nosotros, ni se han satisfecho plenamente las esperanzas de las organizaciones no gubernamentales". Usando el método Coué, dedujo que "a la vista de las dificultades encontradas, los resultados conseguidos son más meritorios". Y se refirió a la profusión de textos aprobados este año, 43 en total, "sin haber tenido que efectuar ni una sola votación", precisó. Ante el puñado de periodistas, Ouarzazi, rodeada de otros cuatro miembros de la oficina de la Subcomisión, se dedicó a hacer un ejercicio de autofelicitación, sin olvidarse de dar coba a su escaso auditorio subrayando "la importancia del papel de la prensa, para dar a conocer mejor el trabajo de los expertos, y las actividades de la subcomisión, en favor del respeto a los derechos humanos en el mundo. Evidentemente -concedió de paso- ya no podemos elaborar resoluciones específicas relativas a algunos países, pero podemos incluir alusiones a los derechos humanos, en todo lo que hacemos...". Como resultado de las restricciones que se le han impuesto, la Subcomisión se ve reducida a saltarse los casos concretos y atenerse a las generalidades, sin relación directa con la realidad. Allí se habla de todo: globalización, derecho al desarrollo, agua potable, pobreza extrema, minorías, pueblos autóctonos, esclavitud, administración de la justicia, seguridad, e incluso trata de seres humanos. Y así, al tratar de la corrupción, la subcomisión "anima a los dirigentes políticos a ser, en sus respectivos países, otros tantos ejemplos nacionales de probidad, integridad y honor, para basar el gobierno en una ética sólida". Lo que resulta muy fácil de decir. De hecho, el declive de la Subcomisión va parejo con la delicuescencia de la propia Comisión de Derechos Humanos. Principal órgano subsidiario, que pretende ser un "laboratorio de reflexión para secundar a la Comisión en sus trabajos", la Subcomisión cuenta con 26 expertos que se dicen independientes, pero que le deben el puesto a sus gobiernos. A pesar de sus limitaciones, la Subcomisión era un lugar en el que las víctimas podían hacerse oír, y donde se abordaban los atentados a las libertades fundamentales, que no siempre llegaban a la Comisión. Así, después de Tiananmen, aprobó algunas resoluciones sobre China, en 1989, y especialmente sobre Tibet, en 1991. Sin embargo, eso fue demasiado para algunos países, que no podían soportar ver como la Subcomisión osaba inmiscuirse en sus asuntos; o dicho de otra manera, ocuparse de la defensa de los derechos humanos. Y que no han cesado de arañar las atribuciones de la Subcomisión consiguiendo, en 2000, una reducción de cuatro a tres semanas en su sesión anual, mientras la Comisión prohibía a los 26 expertos adoptar resoluciones sobre casos de violaciones, nombrando explícitamente a algunos países. Hoy, la Subcomisión ni siquiera puede hacer referencia a algunos ejemplos nacionales, para ilustrar sus documentos temáticos. Esta práctica parálisis alcanzó su punto álgido durante el debate del punto 2 del orden del día, relativo a las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. Apenas se oyeron, y mucho menos se escucharon, las intervenciones de las ONG y los testimonios, a veces punzantes, de las víctimas de los atentados a los derechos humanos, en las cuatro esquinas del planeta. Por otra parte, varios representantes de ONG están preocupados por esta regresión desde que, en 2002, a la Subcomisión se le privó de los medios para actuar en situaciones específicas. Algunos expertos de la Subcomisión han manifestado preocupaciones análogas. "A partir del momento en que un órgano pierde el poder de sancionar, lo que es el caso de la Subcomisión, pierde su pertinencia", reconoció la experta rumana Iulia Motoc, invitando a "todos a preguntarse sobre la cuestión de quien utiliza los textos y los estudios de la Subcomisión". Por su parte, la argelina Leila Zerrougui declaró compartir la sensación de sus colegas de que el punto 2 del orden del día "ya no interesa a nadie y los expertos no tienen ganas de intervenir sobre ese punto". A título de ejemplo recordó que la Comisión ha privado a la Subcomisión incluso del derecho a hacer un llamamiento urgente en favor de alguien, que esté a punto de ser ejecutado. El brasileño Paulo Sergio Pinheiro, constatando a su vez que ya no tiene objeto el punto dedicado a las violaciones de los derechos humanos en todos los países, ironizaba diciendo que "dentro de poco puede ocurrir que se le pida a la Subcomisión que efectúe un estudio prospectivo sobre la realización de los derechos humanos en la luna...". No hay que sorprenderse por tanto de que, en la conferencia de prensa, la presidenta de la Subcomisión se negara a entrar en materia sobre la suerte del periodista marroquí Alí Lmrabet, recientemente condenado a tres años de cárcel, por "desacato al rey". "No tengo la intención de responder a ese tema", replicó secamente. "A propósito de ese caso, diríjanse a las organizaciones de defensa de los derechos humanos de mi país, y no a la presidenta de la Subcomisión". Igualmente, Ouarzazi no quiso responder a una pregunta relativa a Reporteros sin Fronteras, que ha asumido la defensa del periodista encarcelado, a la que acusó de "prevaricación" por haber distribuido un informe, sobre las carencias y disfunciones del sistema onusiano de los derechos humanos. Tras el incidente, decidió también acudir a los órganos competentes para pedir sanciones suplementarias contra Reporteros sin Fronteras, ya suspendida durante un año de su estatuto consultivo en la ONU por haber denunciado la elección de Libia para la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos.