Paramilitares : unas ‘Aguilas negras' dispuestas a abatirse sobre la prensa

De marzo de 2003 a marzo de 2006, 30.000 paramilitares, que en otros tiempos fueron reclutados como suplemento del ejército para destrozar a las guerrillas de extrema izquierda, han sido objeto de un proceso de desmovilización emprendido por el Presidente de la República, Alvaro Uribe. Sin embargo, muy pocos de estos milicianos se han reinsertado verdaderamente en la sociedad civil y son muchos, dedicados al narcotráfico, los que continúan sembrando el terror, en particular en los medios de comunicación locales. La Ley de Justicia y Paz, aprobada en julio de 2005, al establecer de cinco a ocho años de cárcel para los delitos más graves, les garantiza una impunidad prácticamente total. En 2006, los supuestos “desmovilizados” fueron culpables del asesinato de dos periodistas, entre ellos el de Gustavo Rojas Gabalo, apodado “El Gaba”, de Radio Panzenú, ocurrido el 4 de febrero de 2006 en Montería (Noroeste). Muy presentes en los departamentos de la costa caribeña, algunos grupos reconstituidos, como el de las “Aguilas Negras”, han llevado a cabo varias operaciones intimidantes contra algunas redacciones, forzando al exilio a una decena de periodistas. En el momento en que el gobierno de Avaro Uribe se ve salpicado por un escándalo, por sus relaciones con el paramilitarismo - relaciones que en ocasiones han confirmado los propios jefes paramilitares, como Salvatore Mancuso - , Reporteros sin Fronteras ha querido evaluar el impacto real del proceso de desmovilización en la actividad de los periodistas. Del 28 de abril al 5 de mayo, y aprovechando el Día Internacional de la Libertad de Prensa celebrado en Medellín, la organización viajó a Colombia y, entre otros lugares, a Montería, vivero del paramilitarismo. Entrevistándose con periodistas locales o nacionales, en actividad o en el exilio, políticos y militantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión, Reporteros sin Fronteras pudo constatar el persistente peso de la amenaza paramilitar, y la autocensura a que se ven obligados los periodistas locales. La organización está preocupada igualmente por las presiones ejercidas desde el nivel gubernamental sobre determinados medios de comunicación, y por el trato desigual que reciben los periodistas, que viven y trabajan inmersos en la inseguridad. Este informe, dedicado a los paramilitares, no exonera en absoluto a los movimientos guerrilleros de su responsabilidad en los ataques a la prensa, en Colombia. Si Reporteros sin Fronteras ha sacado de su lista de predadores al Ejército de Liberación Nacional (ELN), actualmente en conversaciones de paz con el gobierno, la organización ha mantenido en él a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por idénticos motivos que a los paramilitares.