Los dos diarios del país están en manos de capital extranjero: The National es propiedad del gigante malayo de la explotación forestal Rimbuan Hijau y el Post-Courier pertenece a News Corp, el coloso del millonario australo-americano Rupert Murdoch.La cadena privada EMTV News es un de los escasos medios que promueven un periodismo de investigación. La Australian Broadcasting Cooperation (ABC) es la única organización extranjera de radiodifusión con una sede permanente en Port Moresby.

La alternancia política y la llegada al poder del nuevo primer ministro, James Marape, en mayo de 2019, se percibieron como un signo alentador para la independencia de los medios. Desgraciadamente, los periodistas se han desencantado muy rápido, especialmente después de que el ministro del Interior pidiese públicamente el despido de dos reporteros, en abril de 2020, acusados de haber tergiversado los hechos al cubrir la pandemia de Covid-19. Reelegido en julio de 2022, tras unas elecciones marcadas por las irregularidades, el gobierno de James Marape está intensificando los ataques contra los periodistas demasiado críticos.

A pesar de que Papúa-Nueva Guinea ofrece un marco legislativo relativamente garante para la libertad de prensa, la independencia de los medios se ve cuestionada regularmente. La ausencia de una legislación sobre el derecho a la información pública priva a los periodistas del acceso a documentos oficiales, lo que los puede situar en una posición comprometida cara a las autoridades. Los informadores siguen teniendo dificultades para cubrir, con total libertad, el movimiento independentista que sacude a la región autónoma de Bougainville, en el este del país.

Los periodistas son dependientes de los intereses que tienen los dueños de los grupos mediáticos, esencialmente preocupados por cuestiones comerciales y financieras. De hecho, resulta complicado para los periodistas de The National interesarse demasiado por determinadas cuestiones medioambientales, sabiendo que su publicación está dirigida por un gigante de la explotación forestal. La cercanía entre propietarios de medios y personal político dificulta la cobertura de ciertos temas. De manera más general, la falta de medios asignados por los responsables de los medios a los periodistas de Papúa-Nueva Guinea tiende a favorecer un “periodismo de corta y pega”.

El peso de la religión cristina, que practica el 96% de la población, impide que surjan determinados temas en el debate público, como el derecho al aborto o la cuestión de los abusos a menores en el clero. Para compensar estas lagunas, las redes sociales se desarrollan con rapidez. Pero, la mala regulación de las plataformas como Facebook, extremadamente popular, ha llevado a la creación de numerosas cuentas significadas políticamente, cuya actividad consiste esencialmente en difundir informaciones falsas y en atacar el trabajo de los periodistas independientes.

Intimidaciones, amenazas directas, censura, demandas judiciales, tentativas de corrupción… La profesión de periodista es arriesgada en Papúa-Nueva Guinea. Sobre todo, porque son numerosas las injerencias que amenazan regularmente la libertad editorial de algunos grandes medios, como prueba el caso de la cadena EMTV, cuyas investigaciones incómodas para el gobierno se barajan como detonante de un despido masivo de sus periodistas, a principios de 2022. Este movimiento se produjo a rebufo del cese por “insubordinación” de la responsable editorial de la cadena, Sincha Dimara, tras la publicación de una investigación que molestó a un miembro del gobierno. Esta represalia ya se había producido con su antecesor, Neville Choi, así como con uno de los grandes investigadores de la cadena, Scott Waide, cesado en 2018 por haber divulgado presuntos desvíos de fondos públicos.