Las rutas del exilio: un camino lleno de obstáculos también para los periodistas

Alessandro Puglia, periodista de La Repubblica, nunca imaginó que su reportaje sobre un centro de acogida para inmigrantes ubicado en la región de Catania, Sicilia, terminaría así. Cuando llevó a su redacción testimonios contundentes de refugiados que denunciaban que eran tratados “como animales”, estaba convencido de que esto sería motivo de que se abriera una investigación. Sí, la justicia italiana se encargó del caso, pero fue él, el periodista, quien fue perseguido por difamación. Además, por haber descubierto que en ese centro no se respetaban los derechos fundamentales de los inmigrantes, lo insultaron y amenazaron en las redes sociales. Su proceso se realizará en octubre de 2018. Lo más duro, lo “inaceptable” para Alessandro Puglia, es enfrentar “una forma legal de intimidación” destinada a “desalentar a los periodistas a hacer su trabajo”.

En el sudeste de Francia, en las regiones fronterizas con Italia, los periodistas que cubren las cuestiones migratorias han aprendido a afrontar otra “forma legal de intimidación”: las acciones de las fuerzas del orden. “Es el único tema en el que he sentido tanta presión”, señala el fotógrafo Laurent Carré, corresponsal regional de diversos diarios, como Libération, quien con frecuencia ha realizado reportajes siguiendo a la policía. El fotorreportero ha dejado de contar el número de veces en que ha tenido que mostrar su acreditación de prensa y reivindicar su “derecho a tomar fotografías” de refugiados ante las fuerzas del orden en la vía pública, “frente a policías que aseveran lo contrario”. A finales de enero de 2017 los gendarmes que irrumpieron en la casa del agricultor Cédric Herrou, perseguido por el delito de solidaridad con los migrantes, incluso lo agredieron y lo tiraron al suelo. De nuevo, un agente de la gendarmería móvil que lo reconoció, lo increpó y le dijo: “le aconsejo que ya no trabaje en esos temas, podría tener problemas”.

Periodistas detenidos cuando hacían un reportaje

El periodista estadounidense Spencer Wolff tuvo ese tipo de problemas. Durante varios meses estuvo filmando un documental para The Guardian sobre Cédric Herrou y los habitantes de Breil-sur-Roya que eran solidarios con los inmigrantes. A finales de junio de 2017 lo detuvieron los mismos gendarmes que el periodista había filmado hacía algunas semanas, cuando no hacía sino seguir a esas personas; lo retuvieron 24 horas, 55 minutos por “ayudar a circular a personas en situación irregular”. “Sabían muy bien que era periodista, pero me interrogaron mucho tiempo para obtener información sobre Cédric Herrou”, recuerda Spencer Wolff.  En la misma región, seis meses antes, la directora de la publicación mensual L’âge de Faire, Lisa Giachino, pasó cerca de diez horas detenida; la Policía de Fronteras (PAF) francesa la detuvo cuando seguía a seis menores eritreos para hacer un reportaje. “Los policías mostraron que me iban a detener sin importar el hecho de que fuera periodista”, explicó en una editorial, en la que precisó: “La realidad es que han movilizado a cientos de soldados, gendarmes, policías y funcionarios en el área de los Alpes Marítimos para perseguir a los inmigrantes y reprimir a quienes los ayuden, incluso a quienes se interesen en el tema.”

Tras el objetivo oficial de desmantelar las redes de pasadores de fronteras (‘coyotes’), “existe también la intención de obstaculizar nuestro trabajo de campo”, indica el reportero independiente Raphaël Krafft, autor de numerosos textos relativos a los exiliados –sobre el Aquarius, Ventimiglia, los puertos alpinos fronterizos y, en particular, la región de Briançon, donde a finales de 2017 fue interpelada Caroline Christinaz, periodista del diario suizo Le Temps–. “No sólo la policía nos impide trabajar. Los gobiernos municipales y otros organismos del Estado también obstaculizan nuestro trabajo al no responder a nuestras solicitudes”. Tanto en Francia como en Italia, asevera, es común que no obtener nunca una respuesta cuando se solicita una entrevista con funcionarios relacionados directamente con la gestión de los inmigrantes o cuando se pide una autorización para entrar a campos de refugiados. Esto no es nuevo. En 2012, en el marco de la campaña Open Access: “Libre acceso: ¡Abran las puertas! ¡Tenemos derecho a saber!”, Reporteros sin Fronteras denunció que los periodistas no podían hacer su trabajo en los centros de retención de toda Europa.

“Nuestras sociedades no pueden prescindir de la cobertura periodística de las crisis migratorias, que hoy en día se encuentran en el centro del debate público, tanto en Europa como en otras regiones”, señaló Christophe Deloire, Secretario General de RSF. “Informar sobre este tema no puede ser un delito. ¿Por qué entonces interpelar y detener a los periodistas, quitarles su equipo, prohibirles el acceso a los centros de retención y campos de refugiados? Los Estados no deben obstaculizar el ejercicio del periodismo empleando como pretexto la defensa de la seguridad nacional, ni promover una versión edulcorada de una realidad a menudo trágica; es su responsabilidad”, añadió.

Investigaciones que muestran la violación de derechos fundamentales

Las investigaciones y los reportajes sobre los inmigrantes “interpelan a los poderes públicos, pues revelan prácticas ilegales: delito de abandono de personas en peligro, de omisión del deber de socorro; negación de la minoría de edad. Muy a menudo están en los límites de la ley”, explica Raphaël Krafft. La periodista Claire Billet y el fotógrafo Olivier Jobard coinciden con él. Ambos atravesaron clandestinamente seis fronteras, de Kabul a París, para hacer documentales y reportajes sobre el camino de exilio que siguieron cinco inmigrantes en 2013. Cuando estaban en Grecia, el barco en que viajaban fue interceptado por las autoridades, quienes le quitaron el motor a la embarcación y la echaron hacia aguas turcas. “Si nos hubiéramos identificado como periodistas, no habríamos podido mostrar nunca que los guardacostas griegos realizan prácticas ilegales de expulsión de grupos de personas”, explican. 

Poco después, en la frontera turca, Claire Billet y Olivier Jobard fueron identificados. Los detuvieron, los expulsaron, los condenaron a pagar una multa y les prohibieron entrar al país durante dos años (no sufrieron malos tratos en este proceso).

Cuatro años después, cuando la situación de los medios de comunicación se deterioró considerablemente en Turquía (tras el intento del golpe de Estado registrado en julio de 2016, el periodista italiano Gabriele del Grande hizo una huelga de hambre para salir del centro de detención turco en el que se encontraba desde hacía dos semanas; lo habían detenido cuando realizaba un reportaje sobre los refugiados en la frontera con Siria.

Controlar la información sobre una realidad: condiciones inhumanas, indignas

Fuera de Europa el cuadro es aún más negro. Agadez, Níger –cruce de inmigrantes guineanos, nigerianos, malíes y sudaneses–, “es un lugar inaccesible”. No es posible entrar ni con la acreditación de prensa. Las puertas del centro de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) permanecen cerradas. No obstante, “sabemos que miles de inmigrantes se encuentran allí en condiciones lamentables y apenas tienen que comer”, explica el director de la radio Kaoucen, Ousmane Oumarou.

En Libia, los periodistas deben vencer el miedo para ir a los centros de detención para inmigrantes, que desde 2014 están controlados por las milicias. Tras un largo proceso administrativo para obtener las autorizaciones necesarias, llegan a lugares donde “la realidad de lo que padecen los inmigrantes fue claramente maquillada” y donde, “por orden de las milicias, debemos filmar puestas en escena precisas”, explicó un periodista libio a RSF, que por razones de seguridad debe permanecer en el anonimato. Los periodistas lo hacen “por miedo a represalias”. Filman o dejan de hacerlo siguiendo sus órdenes. En junio de 2015 “me obligaron a interrumpir la entrevista a un inmigrante que lloraba describiendo las condiciones inhumanas en que estaba detenido”. El año pasado presenció, con impotencia, como los guardias hacían uso de la fuerza para impedir que una mujer embarazada se acercara a hablarle.

Los gulag del Pacífico: agujeros negros de la información

Miles de personas detenidas durante su trayecto de exilio se consumen lejos de las miradas de la población, de las cámaras y los micrófonos, en agujeros negros de la información, creados por los mismos Estados. Australia da un trato offshore a las solicitudes de asilo. Tras haber enviado mar adentro los centros de detención –los instaló en islas del Pacífico–, ha logrado cubrir con una losa lo que sucede en lo que algunos llaman los “gulags del Pacífico”. Para impedir el acceso a la prisión que la República de Nauru –isla ubicada a un costado de Papúa Nueva Guinea– puso a disposición de Australia, se impuso una política de visado particular: los periodistas deben pagar 8.000 euros para obtener la visa, los cuales por supuesto no son reembolsables aunque el visado sea rechazado, lo que sucede por lo general. Para limitar la atención de los medios de comunicación, el gobierno de Nauru también encontró una solución radical: prohibió el acceso a Facebook durante tres años .

En la isla de Manus, de Papúa Nueva Guinea, los solicitantes de asilo detenidos a petición de Australia, aún tienen acceso a Internet, aunque es caro y limitado. Esto ha permitido que desde 2014 el periodista Behrouz Boochani dé cuenta de la realidad de los centros de detención y de las consecuencias de la política de inmigración australiana. En principio, se prohíbe la presencia de periodistas en la isla. La cuestión es que Behrouz Boochani es un refugiado encarcelado: “estoy dentro”, explica el periodista kurdo iraní en Twitter, Facebook y en la prensa anglosajona, donde cuenta la terrible y “lenta agonía” de los refugiados “aterrorizados”, víctimas de un “sistema carcelario sádico”.

Dar a conocer lo que sucede desde el interior de centros o campos es peligroso

Denunciar los maltratos, las torturas y las agresiones que sufren los refugiados en los centros de detención o los campos donde viven hacinados, estando dentro de estos lugares, es peligroso. El 24 de mayo pasado fue detenido el periodista sirio Abdel Hafez al Houlani, quien es originario de Homs y vive desde 2015 en el campo de refugiados de Arsal (este de Líbano). Estuvo detenido seis días, durante los cuales sufrió maltratos. Los insultos se multiplicaron cuando en los interrogatorios admitió que era director del área de prensa de la Unión de Sirios por la Defensa de Prisioneros, corresponsal del sitio web informativo Zaman Al Wasil, y que cubría “todo lo concerniente a los refugiados sirios en el campo de Arsal, como las redadas del ejército libanés y las detenciones que realizaba continuamente”. Finalmente lo dejaron en libertad, pero las autoridades libanesas lo han citado ya dos veces. Abdel Hafez al Houlani sabe que lo vigilan y teme por su vida.

Dos periodistas birmanos, Minzayar Oo y Hkun Lat, también temieron lo peor en septiembre de 2017. Fueron detenidos cuando cubrían la llegada de cientos de miles de refugiados rohinyás en la frontera con Bangladesh. Las autoridades de ese país los acusaron de “difundir noticias falsas” y de “espionaje”. Acusaciones que se vieron reforzadas por el hecho de que Birmania no autoriza a los periodistas atravesar la frontera y mucho menos a cubrir los ataques que han empujado a los rohinyás al exilio. Intimidando a los periodistas estos Estados no sólo buscan esconder que no respetan el derecho internacional humanitario, también pretenden que no se conozcan las consecuencias de sus decisiones políticas y negarlas.