Obtención de los registros telefónicos de la Associated Press: RSF denuncia un “abuso gravísimo”

Reporteros sin Fronteras considera una falta de respeto gravísima a la libertad de información la violación, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de los historiales de llamadas telefónicas de la agencia The Associated Press (AP). En una carta con fecha del 10 de mayo de 2013, el Departamento de Justicia notificó a la AP que obtuvo los registros de 20 líneas telefónicas de la agencia durante los meses de abril y mayo de 2012. Sin embargo, la carta no precisa los motivos ni los argumentos jurídicos de tal procedimiento. Esta interferencia habría tenido el objetivo de identificar quién reveló a la agencia de noticias información sobre una operación de la CIA en Yemen. En una nota difundida el 7 de mayo de 2012 la AP reveló una operación de la CIA que buscaba impedir un atentado de Al Qaeda en un avión que se dirigía de Yemen a Estados Unidos. Los registros obtenidos incluyen las llamadas hechas desde los teléfonos de varias oficinas de la AP en Estados Unidos y desde su número principal en la sala de prensa de la Cámara de Representantes, así como de los teléfonos personales de reporteros y editores, entre ellos los cinco periodistas y un editor que trabajaron en la noticia difundida el 7 de mayo de 2012. “Suscribimos las palabras de Gary Pruitt, director general de la AP, que en una carta enviada el 13 de mayo de 2013 al Fiscal General, Eric Holder, denuncia una ‘una intromisión masiva y sin precedentes’”, declaró Christophe Deloire, Secretario General de Reporteros sin Fronteras. “Reporteros sin Fronteras pide al Departamento de Justicia que acceda sin demora a la demanda de la AP, que exige la devolución de los registros telefónicos y la destrucción de todas las copias. Asimismo, consideramos que hechos que contravienen las garantías constitucionales requieren un examen en una comisión de investigación del Congreso”. “Reporteros sin Fronteras constata con pesar que el actual gobierno federal no rompió con las prácticas llevadas a cabo bajo el doble mandato de George W. Bush, que sacrificaron la protección de los datos personales y, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a ser informados, garantizado por la Primera Enmienda”, agregó Christophe Deloire. “Este caso demuestra la necesidad de una ley federal relativa a la protección de fuentes (federal shield law). Un principio que 34 estados de la Unión reconocen, en diversos grados, en su legislación”.