Negro inicio de año para los comunicadores mexicanos

Aunque México no sea escenario de un conflicto armado, se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los medios de comunicación. En 2014 se distinguió por ser el más mortífero de América: se registraron tres casos de periodistas asesinados en los que el crimen estuvo relacionado con su actividad profesional y uno de una netciudadana asesinada. La colusión de ciertas autoridades políticas y administrativas con el crimen organizado amenaza gravemente la seguridad de los actores de la información y obstaculiza el funcionamiento de la justicia a todos los niveles en el país. Dos de los tres periodistas asesinados en 2014, Octavio Rojas Hernández, en el Estado de Oaxaca, y Jorge Torres Palacio, en Veracruz, investigaban las relaciones entre el crimen organizado y las autoridades. La netciudadana María del Rosario Fuentes Rubio también lo hacía en Tamaulipas. Además, cada vez con mayor frecuencia los medios de comunicación son blanco de ataques. El 15 de febrero pasado dispararon contra un camión que distribuía el diario Reforma en el estado de México; el ataque dejó como saldo un herido. “Es alarmante la multiplicación a un ritmo exponencial de los ataques contra los actores de la información a inicios de 2015”, asevera Claire San Filippo, responsable del Despacho Américas de Reporteros sin Fronteras. “¿Qué hace el Estado mexicano? ¿Continuará mirando hacia otro lado mientras que los medios de comunicación se ven obligados a dejar de cubrir las noticias sobre la violencia, el narcotráfico o la corrupción y que los periodistas optan por el exilio? Las autoridades mexicanas deben imperativamente acabar con la impunidad casi total, que genera miedo y autocensura. Basta de inacción y de complicidad”, añadió.

Veracruz, estado donde confluyen todos los peligros

El estado de Veracruz es una de las zonas más peligrosas de México para los periodistas. Allí, los profesionales de los medios de comunicación a menudo son vigilados, amenazados, hostigados, agredidos, incluso asesinados cuando publican información sobre la inseguridad, los cárteles o la corrupción. El balance es abrumador: desde 2010, cuatro periodistas han desaparecido y otros once han sido asesinados, entre ellos Gregorio Jiménez de la Cruz, en febrero de 2014, y Moisés Sánchez Cerezo, cuyo asesinato se confirmó el 5 de febrero de 2015 con pruebas de ADN. Autoridades que niegan la realidad. Pese a las cifras, indiscutibles, con gran frecuencia las autoridades de Veracruz intentan ocultar la realidad de la violencia. Tras la muerte de Gregorio Jiménez de la Cruz en 2014, el Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Erick Lagos, dijo que el crimen no tenía “nada que ver con el ejercicio del periodismo”. Prefirió mencionar la hipótesis de una venganza personal o un ajuste de cuentas. Cuando Moisés Sánchez Cerezo fue secuestrado, las autoridades locales de inicio negaron su calidad de periodista, diciendo que no ejercía el periodismo, que era un taxista que "sólo hacía publicaciones en las redes sociales". Una justicia que desfallece. En los dos casos anteriores, la falta de cooperación entre las autoridades locales de Veracruz (Procuraduría General del Estado) y las instancias federales (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión) perjudica gravemente el funcionamiento de la justicia y la resolución de los crímenes. “Nos preocupa y estamos temerosos porque he visto una serie de irregularidades en la investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Veracruz”, señaló Jorge Sánchez Ordóñez, hijo de Moisés Sánchez Cerezo, quien agregó: “no confiamos en ella”. Carmela Hernández Osorio, la viuda de Gregorio Jiménez de la Cruz, también denuncia el desfallecimiento de las autoridades locales. Un año después del asesinato de su marido, el crimen sigue impune. Pese a las medidas de protección que le otorgaron las autoridades de Veracruz, ha sido amenazada e intimidada tres veces. Solicitó la protección del Mecanismo para la Protección de periodistas y de defensores de los derechos humanos. Lluvia de amenazas contra los periodistas. En medio de esta tensa situación, otros periodistas también han sido víctimas de amenazas. El 29 de enero pasado El Heraldo de Córdoba fue atacado con bombas molotov, que fueron lanzadas a sólo metro y medio de las instalaciones del diario. “Exigimos a las autoridades resolver el caso y no minimizar los hechos que acabamos de sufrir”, escribió en su cuenta de Facebook la directora editorial del periódico, Daniela Jácome, temiendo que de nuevo se niegue la realidad. Patricia Iveth Morales Ortiz, fotógrafa de la Agencia Imagen del Golfo y Verónica Huerta, colaboradora de AVC Noticias, de Veracruz, también fueron amenazadas. El 1 de febrero pasado Verónica recibió un mensaje de texto en el que le decían: “pendeja, después del Moisés sigues tú, perra te estamos checando” (sic).

Inercia de las autoridades que favorece el exilio de los periodistas

Las agresiones a los actores de la información y la impunidad no se limitan a Veracruz. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 89% de los crímenes contra periodistas permanecen impunes. Ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión, ni el Mecanismo para la Protección de periodistas y de defensores de los derechos humanos han conseguido mejorar la situación. Numerosas investigaciones de asesinatos se han cerrado de prisa, mientras que otras se han frenado por la lentitud burocrática. Frente a las intimidaciones que enfrentan ellos y su familia, ante la falta de justicia y de medidas de protección eficaces, algunos periodistas se han visto obligados a huir. Es el caso de Enrique Juárez, jefe de redacción del diario El Mañana, en Matamoros (Tamaulipas, norte de México), quien fue secuestrado y agredido por un grupo armado durante varias horas el 4 de febrero pasado. Sus raptores le echaron en cara la publicación de textos sobre la violencia que gangrena la ciudad fronteriza y los enfrentamientos entre los grupos armados y las fuerzas de seguridad. La dirección del periódico precisó que el periodista se fue a Estados Unidos, junto con su familia, por cuestiones de seguridad. El diario lamentó el efecto disuasivo de esta agresión y afirmó que como medida de seguridad ya no publicaría información sobre la violencia. Dos días después, en el mismo municipio, Televisa del Noreste fue víctima de un ataque con granada, que hirió a dos guardias de seguridad. El periodista y conductor de radio Moisés Villeda Rodríguez también huyó de Ciudad Juárez (estado de Chihuahua, norte del país) por su seguridad y optó por el exilio. El colaborador del diario El Mexicano pidió asilo en Estados Unidos, acorralado por las amenazas que recibe desde que publicó textos en los que denunció la corrupción. Le dejaron un gato descuartizado a las afueras de la radio donde colaboraba con un mensaje: “¡Bájale!”. Moisés Villeda Rodríguez había sido nominado por el Foro de Periodistas de Chihuahua al Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos 2014, por su reportaje “Infame pobreza contra la ofensiva opulencia”, en el que denunciaba la corrupción en la que se encuentran implicados grupos de poder, el gobierno y narcotraficantes. Según cifras de Reporteros sin Fronteras, con la petición de asilo de Villeda Rodríguez asciende a seis el número de periodistas mexicanos que han solicitado asilo a las autoridades de Estados Unidos desde 2007. Al no actuar o participando directamente en estas agresiones, las autoridades mexicanas dan carta blanca a los ataques cometidos contra la libertad de información. La solución para los periodistas mexicanos no puede ser callarse o huir para evitar represalias violentas. Ya es hora de que el Estado asuma su responsabilidad de garante de los derechos. México ocupa el lugar 148, entre 180 países, en la edición 2015 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.