Marruecos: La libertad de prensa, en su peor momento desde que Mohamed VI accedió al trono

La libertad de prensa es más precaria ahora que en cualquier otro momento desde los tiempos más opresivos del rey Hassan II. Tres periodistas (Taoufik Bouachrine, Souleiman Raissouni y Omar Radi) están actualmente en prisión. Oficialmente, fueron encarcelados por delitos no políticos, pero la realidad es que se les ha perseguido por su trabajo como periodistas, debido a que el tono independiente y crítico de su periodismo desagrada a las autoridades.

El director del ahora clausurado periódico Akhbar Al-Yaoum, Bouachrine, está cumpliendo una condena de 15 años en prisión (confirmada por el Tribunal de Casación en septiembre de 2021) por cargos de tráfico de personas, abuso de poder con fines sexuales, violación e intento de violación. Él siempre ha negado estas acusaciones, que su defensa calificó como otro intento de presionar a su periódico. Bouachrine ya fue judicialmente procesado en 2009 por una caricatura que se consideró una falta de respeto a la familia real y a la bandera marroquí; en 2015 por un artículo que dañaba «la reputación de Marruecos»; y en 2018 por «difamar» a dos ministros.

Periodistas respaldados por RSF y ONG de derechos humanos

Los casos de Raissouni y Radi son los más emblemáticos dentro de la dramática situación en la que se encuentran los periodistas independientes en Marruecos. Raissouni fue condenado a 5 años de cárcel por un tribunal de Casablanca, en julio de 2021, tras un juicio marcado por flagrantes irregularidades. Su condena (basada en una acusación de agresión sexual claramente falsa que siempre ha negado) fue confirmada en apelación en febrero de 2022. Asistido por RSF y otras organizaciones de derechos humanos, está a la espera de la resolución de su recurso ante el Tribunal de Casación de Marruecos.

Cuando Raissouni fue repentinamente trasladado a la prisión de Ain Borja en mayo, los guardias destrozaron muchas de sus notas y libros, y a su llegada a la nueva cárcel, fue puesto en aislamiento. RSF reaccionó condenando los métodos que, nuevamente, habían violado los derechos de un periodista encarcelado.

Reputado reportero de investigación y defensor de los derechos humanos que ha cumplido ya dos años detenido, Radi está cumpliendo una condena de seis años por cargos de violación y espionaje que fueron confirmados en apelación el 4 de marzo. Su compañero de profesión, Imad Stitou, fue condenado a 12 meses en prisión (de los cuales 6 no suponían su entrada en la cárcel) en relación con el caso de violación, pero evitó la pena huyendo de Marruecos 4 meses antes de que la sentencia fuera confirmada. Stitou está convencido de que la única razón por la que ha sido condenado es su negativa a ceder ante las presiones policiales para testificar en contra de Radi.

Apropiación de tierras y corrupción

Encarcelado por primera vez en diciembre de 2019 por criticar la decisión de un juez de enviar a prisión a los participantes en las llamadas protestas de «Hirak», en la región del Rif (norte de Marruecos), en 2016 y 2017, Radi ha estado en el punto de mira de la monarquía durante años. De acuerdo con su familia y compañeros, las autoridades nunca le han perdonado sus opiniones expuestas en medios y redes sociales durante los dos años previos a su arresto.

También realizó reportajes de investigación sobre la incautación de terrenos públicos por parte de especuladores y sacó a la luz el escándalo de corrupción de los llamados «servidores del Estado» en el que estaban implicadas un centenar de personas, entre ellos altos funcionarios.

En diciembre de 2019, fue puesto en libertad a los pocos días de ser detenido gracias a la presión de RSF y otras muchas organizaciones, y finalmente se le impuso una sentencia de 4 meses de cárcel que, sin  embargo, no conllevó su ingreso en prisión. No obstante, la persecución no se detuvo. En junio de 2020, Amnistía Internacional denunció que las autoridades marroquíes habían usado Pegasus, el programa espía comercializado por la empresa israelí NSO Group, para hackear el móvil de Radi y monitorear sus actividades. Al mes siguiente, el periodista entró por segunda vez en la cárcel.

Se está llevando a cabo una campaña tanto en Marruecos como en el extranjero para lograr la puesta en libertad de Raissouni y Radi, quienes siempre han insistido en que están siendo perseguidos por sus opiniones y el ejercicio del periodismo, incluyendo la cobertura del malestar social y la corrupción en el país. En el caso de Raissouni, parece que ha sido su crítica al predominio de la monarquía en la economía lo que más ha ofendido a las autoridades.

Otros periodistas marroquíes han hecho gala de un gran valor frente a un régimen que no tolera ningún medio de comunicación independiente. El último gran ejemplo es el de Hanane Bakour, quien lleva tiempo en el punto de mira del Gobierno y que recibió una citación judicial el 27 de junio, justo después de que el partido del primer ministro Aziz Akhannouch, el RNI, presentara una denuncia contra ella por una publicación en Facebook. La periodista usa habitualmente sus redes sociales para criticar las decisiones económicas del Gobierno y. con la ayuda de hashtags, tachar de antisociales las medidas del primer ministro. RSF categorizó la citación como una intimidación judicial inaceptable.

Procesos interminables

Otros dos periodistas, Ali Anouzla y Maati Monjib, han sido sometidos a procesos judiciales interminables, aunque ninguno está actualmente detenido. Anouzla está siendo acosado por investigar el presupuesto de la monarquía y los gastos de la familia real. Como resultado de sus publicaciones sobre este tema tabú, se han presentado contra él absurdas acusaciones de apoyo a «movimientos terroristas».  RSF ha seguido de cerca su caso desde que en 2017 se reanudaron sus problemas con la justicia.

Fundador del sitio de noticias web Lakome.com, Anouzla fue noticia en septiembre de 2013 después de poner en un apuro a la monarquía por revelar que Daniel Galván, un ciudadano español condenado y encarcelado en en Marruecos por violar niños, había sido puesto en libertad por medio de un indulto real. Tras la negativa inicial acerca de conocer la gravedad de los cargos contra Galván, el rey dio marcha atrás y anuló el indulto. Poco después, Anouzla fue detenido por una acusación de terrorismo falsa y pasó cinco semanas en prisión.

Como uno de los principales defensores de derechos humanos en Marruecos y respetado columnista, Monjib también ha pagado caro su papel en la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa. En octubre de 2015, se puso en huelga de hambre durante 21 días como protesta contra la prohibición de viajar al extranjero que le impedía asistir a conferencias internacionales (una restricción impuesta por haber sido acusado de poner en peligro la seguridad del Estado).

Tras ser encarcelado el 20 de diciembre de 2020, Monjib fue condenado a un año de prisión y a una multa de 15000 dirhams (1400€) por un tribunal de Rabat en enero de 2021, con cargos infundados de «fraude» y «socavar la seguridad del Estado». Sus abogados y comité de apoyo denunciaron no solo la sentencia en sí, sino también el hecho de que se dictara en una vista celebrada en ausencia de Monjib y que ni siquiera se notificara a sus abogados que se estaba celebrando la vista o se les invitara a asistir.

«Esta condena es doblemente injusta porque ni mis compañeros acusados ni yo hemos amenazado nunca la ‘seguridad interior del Estado’ ni hemos cometido ningún otro delito que no sea ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión y asociación», cuenta Monjib a RSF.

Monjib inició una huelga de hambre como protesta a la sentencia del 4 de marzo de 2021 y, finalmente, se le concedió la libertad provisional tras no comer durante 20 días.