México. Autoridades deben proteger al periodista Jacob Morales tras intimidaciones de policías ministeriales de Acapulco

El martes 7 de octubre, alrededor de las 19:00 horas, Jacob Morales, reportero del medio digital e impreso El Sur e integrante de la Asociación de Periodistas de Guerrero,  fue víctima de intimidación y hostigamiento por parte de elementos de la Policía Ministerial de Acapulco.

Los hechos ocurrieron mientras Morales manejaba por el bulevar Vicente Guerrero, en la colonia Las Cruces de Acapulco, cuando fue detenido por un retén de la policía ministerial. Sin identificarse, más allá de las siglas de FGE de los uniformes, los policías ministeriales inspeccionaron el auto de forma excesivamente minuciosa, además de tomarle fotografías a él, al interior del auto y a las placas. Además de decirle que el auto tenía ciertas “irregularidades e inconsistencias”, sin decirle cuales. Morales se identificó como prensa y mostró los documentos que acreditaban la posesión de dicho automóvil, así como sus identificaciones oficiales

Morales es un periodista crítico que se enfoca principalmente en coberturas de Derechos Humanos, Corrupción y Seguridad, por lo que no se descarta que estos actos intimidatorios tengan vínculo con su labor y con su reciente retorno a Acapulco.

Es importante mencionar, que está no es ni la primera revisión ni retén que experimenta Jacob, sin embargo, sí es la primera ocasión, en la que elementos revisaron sin identificarse, y sin ninguna otra justificación legítima. También es necesario decir, que durante la revisión, el reportero, por seguridad, no accedió a bajarse de su automóvil, por esta razón, los elementos de seguridad volvieron a tomar fotografías del automóvil, las placas y también del reportero.

Preocupa el actuar de la Guardia Nacional, y la implementación de medidas otorgadas por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo), pues Jacob, cómo parte de las medidas, solicitó el auxilio de la Guardia Nacional (GN), quienes sí le contestaron, y le dijeron que iban en su ayuda, y nunca llegaron.  La unidad más cercana de la GN se encuentra a 15 minutos del lugar de los hechos.<

Jacob Morales, es beneficiario del Mecanismo desde el año 2017. Debido a las múltiples agresiones de las que ha sido víctima, en su labor periodística, Morales tuvo que ser desplazado de manera forzada de Acapulco para evitar un daño mayor en su vida, integridad y libertad. Si bien desde el año 2020, el Mecanismo optó por asignar un esquema de protección menos duro en el que las autoridades de Acapulco, de Guerrero y Guardia Nacional deberían coordinarse para auxiliarlo y prevenir agresiones, esto no ocurrió. En ese sentido, el plan de protección carece de sentido, si las autoridades no actúan de manera adecuada, sobre todo en aquellas situaciones donde se les notifica una emergencia.   

Preocupa a las organizaciones el contexto actual  de violencia  Guerrero, que con el cambio de gobierno, se observa una efervescencia política y social que impacta negativamente en quienes ejercer el derecho de informar. Dentro de este contexto, por ejemplo, se ubica la desaparición de Vicente Suastegui, defensor e  integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP), desaparecido desde el 5 de agosto.

A este contexto, se suma, la violencia ya generalizada contra la prensa en la entidad,  así como el desplazamiento de periodistas, mismos que han sido documentados por las organizaciones firmantes. Durante el primer semestre del presente año, ARTICLE 19 documentó en dicha entidad, 21 ataques contra medios de comunicación y periodistas en vínculo con su labor. Las organizaciones conocen que  existen grupos de poder fáctico que se disputan el poder en diversas entidades, donde el cambio de gobierno, la posible colusión entre autoridades y estos grupos, la impunidad y la ausencia de medidas que prevengan la violencia contra la prensa, hacen de esta entidad un lugar altamenteme peligroso para el ejercicio de la libertad de expresión. 

Por lo anterior, las organizaciones firmantes exigimos:

• Al Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, investigar las omisiones en la implementación del plan de protección en el caso de Jacob y rendir un informe a la Junta de Gobierno para tomar las acciones pertinentes y evitar que esto vuelva a ocurrir. Asimismo se llama a revisar las medidas que tiene el periodista así como fortalecer la coordinación y colaboración con autoridades como la Guardia Nacional, a fin de que actúen en favor de las personas beneficiarias.

• Al Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos así como a la nueva gobernadora del Estado, Evelyn Salgado,  establecer en coordinación con el Mecanismo de Protección, periodistas y organizaciones de la sociedad civil en la entidad, las medidas necesarias para la protección de Jacob Morales y su familia, así como medidas que pongan alto y prevengan la violencia contra la prensa en la entidad. 

• A la Fiscalía y mando de la policía ministerial investigar a los elementos que estaban en dicho retén así como asegurarse que las fotografías e información personal de Jacob Morales sea eliminada y no filtrada, así como generar las condiciones que garanticen su seguridad y  la no repetición.