Los periodistas extranjeros, persona non grata en Venezuela

La expulsión, simple y sencillamente. Eso fue lo que ordenaron las autoridades venezolanas en el caso de los periodistas brasileños Leandro Stoliar y Gilzon Souza de Oliveira, reportero y camarógrafo del canal Record TV, respectivamente, en febrero de 2017 cuando investigaban en Venezuela el caso de corrupción de Petrobras, en particular, las relaciones entre la empresa Odebrecht (BTP) y ciertas autoridades venezolanas. Los periodistas fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), los servicios secretos y de contraespionaje; estuvieron detenidos más de 10 horas. “Me sentí como un preso, un criminal", señaló Leandro Stoliar. Tras agresivos interrogatorios, en los que los periodistas fueron tratados de “terroristas de Estado” y amenazados con permanecer presos "para siempre", les quitaron su material y los enviaron a Brasil, vía Perú.

Periodistas expulsados del país al llegar al aeropuerto

Desde agosto de 2016, a más de 20 periodistas y colaboradores de medios de comunicación de nueve nacionalidades diferentes les han impedido entrar a territorio venezolano o han sido expulsados del país al llegar al aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar (ubicado a una veintena de kilómetros de Caracas). La razón oficial: problemas burocráticos y/o migratorios. La mayoría de estas expulsiones se han efectuado días antes de que se llevaran a cabo grandes manifestaciones en Caracas, organizadas por partidos de oposición.

Un equipo de cinco periodistas del canal de televisión Al Jazeera, del que formaban parte Teresa Bo, Lagmi Chávez y John Holman, fue expulsado un día después de su llegada, poco antes de la gran manifestación del 1 de septiembre de 2016. Lo mismo le sucedió a la corresponsal del diario francés Le Monde, Marie-Eve Detoeuf; las autoridades de migración consideraron su ingreso a Venezuela “no admisible” porque no cumplía con las reglas migratorias. Las autoridades emplearon el mismo argumento para no permitir el ingreso de los corresponsales colombianos César Moreno (de Radio Caracol), Dora Glottman (Caracol TV), así como de los corresponsales estadounidenses John Otis (NPR) y Tim Wyss (Miami Herald).

El 26 de octubre de 2016 las autoridades venezolanas rechazaron la entrada al país de los periodistas peruanos Ricardo Burgos, Armando Muñoz, Leónidas Chávez y Ricardo Venegas, del canal de televisión mexicano Televisa, que habían viajado a Venezuela para cubrir las nuevas manifestaciones. El mismo día, también se prohibió entrar al país al fotógrafo argentino de la agencia Associated Press (AP), Rodrigo Abd. Días después, prohibieron entrar a Venezuela al reportero canado-estadounidense Joshua Partlow, que trabaja para The Washington Post, porque no contaba con una visa de trabajo; esto, pese a que en los últimos meses había visitado varias veces el país.

El 11 de diciembre de 2016 fue el turno del periodista francés Bernard de la Villardière, del canal de televisión M6, quien había viajado al país con un equipo de cinco periodistas (cuatro franceses y un camarógrafo suizo) para realizar un reportaje sobre la vida cotidiana en Caracas, pero tuvo que tomar un avión de regreso, pues le negaron la entrada al país. Como les habían negado el visado de prensa, el periodista y su equipo esperaban pasar con visa de turistas.

Finalmente, el 22 de enero de 2017 el periodista español Aitor Sáez, corresponsal de la cadena alemana Deutsche Welle (DW), fue deportado sin ninguna explicación.

“RSF no puede creer que las numerosas expulsiones se deban a simples descuidos en la documentación de los periodistas extranjeros”, lamenta Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF. “El hecho de que no se dé una explicación o de que las razones mencionadas por los servicios de migración para impedir el ingreso de los periodistas no sean coherentes, crea un clima de malestar y constituye una amenaza para la libertad de información. Venezuela atraviesa desde hace más de un año una grave crisis económica y política; el trabajo de los periodistas y, en particular, el de la prensa extranjera, es primordial. Las autoridades venezolanas no deben obstaculizarlo bajo ningún pretexto”, añadió.

En entrevista con RSF, Humberto Márquez, presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera en Venezuela (Apex), aseguró que los agentes del aeropuerto a menudo actúan “de manera discrecional”. Algunas veces argumentan que los periodistas no poseen las facturas del equipo profesional que portan; otras, que el consulado del país del periodista no dio aviso al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela (Minci). Toda la información oficial sobre la acreditación de periodistas extranjeros en Venezuela se encuentra en el sitio web del Minci.

El 28 de agosto de 2016, poco antes de la gran manifestación del 1 de septiembre, la periodista venezolana Kay Guerrero, que vive en Estados Unidos y es productora de CNN, fue expulsada de Venezuela por no contar con las facturas de su equipo. En las aduanas del aeropuerto retuvieron las cámaras que llevaban ella y un camarógrafo del canal, Peter Kavanagh; la única manera de recuperarlas era salir inmediatamente del país.

Suspensión de la señal de CNN y censura del canal

El 6 de febrero pasado CNN en Español difundió una amplia investigación titulada “Pasaportes en la sombra”, que revela un presunto fraude de pasaportes en Venezuela e Irak (venta de pasaportes y visas desde la embajada de Venezuela en Irak) en la que se hablaba de la implicación del vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami. Su difusión provocó una reacción en cadena. El 12 febrero el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó públicamente a CNN de manipular la información y de hacer propaganda de guerra. “Quiero a CNN bien lejos de aquí. ¡Fuera CNN de Venezuela! ¡Fuera!", expresó el mandatario. Tres días después, el 15 de febrero de 2017, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó la suspensión de la señal del canal para evitar la transmisión de CNN en español en el territorio del país. Este acto de censura fue condenado por la prensa venezolana y la Organización de Estados Americanos (OEA), que denunció un “ataque contra la libertad de expresión, la democracia y el derecho a la información del pueblo venezolano”.

Recordemos que en diciembre de 2015, con ocasión de las elecciones legislativas, los corresponsales extranjeros se vieron obligados a firmar una “carta de buena conducta” para que no les quitaran su acreditación de prensa.