Llamado público al señor Miguel Edilberto Vélez Núñez, Presidente de Conatel Honduras
Organización:
Reporteros sin Fronteras envió el 22 de noviembre de 2012 una carta al señor Miguel Edilberto Vélez Núñez, Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) con el propósito de denunciar los hostigamientos de esta comisión hacia distintas radios comunitarias asociadas al Consejo cívico de las Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Señor Miguel Edilberto Vélez Núñez,
Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
Tegucigalpa, Honduras
Señor Miguel Edilberto Vélez Núñez, El 13 de noviembre de 2012, los representantes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) acudieron a la sede del Consejo cívico de las Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) de Intibucá, para llevar a cabo una acción que Reporteros sin Fronteras califica de represiva en contra de tres radios comunitarias pertenecientes a dicha organización. La Conatel había ordenado la reducción de espectro de radiofrecuencias basándose en una queja que data de 2007 y que había sido varias veces rechazada por su propio departamento jurídico. Así, ordenó la reducción de la potencia de emisión de la radio Guarajambala FM y un cambio de frecuencia (Radio Guarajambala viene difundiendo sus ondas desde su creación en 2002 en la misma radiofrecuencia). Los representantes de la Conatel informaron a los miembros del COPINH que contaban con 10 días para realizar los cambios exigidos o sino su material de radiotransmisión les sería decomisado y deberían pagar una multa de por lo menos un millón de lempiras (40 000€). El COPINH posee tres radios comunitarias: Radio Guarajambala FM, La Voz Lenca FM y La Voz Lenca AM. Estas radios, pertenecientes a la Red Mesoamericanas de Radios Comunitarias e Indígenas Garifunas y a la AMARC-Honduras, obtuvieron las licencias de la Conatel pero eran inutilizables ya que ellas habían sido atribuídas también a otras estaciones, evangélicas o comerciales, lo que provocó saturaciones e interferencias radiales. En respuesta a estos incidentes el COPINH notificó a la Conatel, pero frente a su inmovilismo, y a pesar de haber prometido una inspección de terreno, el COPINH se organizó por su cuenta para transmitir desde otras frecuencias. El derecho del COPINH, en su calidad de asociación indígena de disponer de sus propios medios de comunicación le es garantizado no sólo por el artículo 169 de la convención de la OIT sino también por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Desde el año 2007, la Conatel ha venido acusando a las radios del COPINH de transmitir desde una frecuencia que interfiere con la de Radio Metrópolis. Los miembros del COPINH han ido ya varias veces al departamento jurídico de la Conatel para solucionar este asunto, y cada vez han probado que esta acusación no tiene fundamento ya que Radio Metrópolis transmite desde Comayagua, en otro departamento. El pasado miércoles 13 de noviembre de 2012 la Conatel volvió a la carga acusándolos, por una enésima vez, de interferencia a pesar que ella haya sido varias veces desmentida. Es indispensable que la Conatel de una respuesta coherente y clara cuanto antes. Reporteros sin Fronteras, organización internacional de la defensa de la libertad de información le pide que acepte la propuesta reunión con los miembros del COPINH esta semana para que sus derechos a la comunicación, a la información y a la radiodifusión comunitaria sean regularizados y así mismo para que los distintos acuerdos concluidos, en lo que concierne la atribución de cinco nuevas frecuencias, sean efectivos. Los medios comunitarios y sociales han sido creados con la intención de transmitir acerca de temas que tocan directamente a las comunidades indígenas. Las radios del COPINH atribuyen las amenazas, los intentos de censura e incluso los ataques directos de los que han sido víctimas, a la cobertura que ellos han dado a las políticas represivas, sobretodo en contra de los campesinos de la región del Aguán, a la privación de las tierras indígenas Lencas o a la corrupción en el departamento de Intibucá y en su capital, La Esperanza. La estigmatización que padecen aquellos que se expresan o que tienen una opinión crítica debe cesar desde hoy mismo. El 5 de enero de 2011 individuos que llevaban el uniforme de los técnicos de los servicios de la electricidad incursionaron en las oficinas del COPINH donde se encuentran también los estudios de Radio Guarajambala FM y de La Voz Lenca AM. Allí procedieron a cortar súbitamente la corriente eléctrica con el fin de acallar a las radiodifusoras. Según el COPINH, los dos empleados habrían sido enviados por Arturo Corrales Álvarez, ministro de relaciones internacionales y accionario de la empresa SEMEH (Servicios de Medición Eléctrica de Honduras). Ellos amenazaron de muerte a los miembros del COPINH y agredieron físicamente a uno de ellos. El 3 de febrero de 2011, un proyecto legislativo pretendía suspender la atribución de frecuencias a las radios de baja potencia. Inmediatamente el COPINH denunció este atropello. Con esa ley se sienta una base legal para censurar y limitar indirectamente a los medios comunitarios. Esta vez, el COPINH sospecha que las medidas represivas del 13 de noviembre hayan sido tomadas en represalia frente a sus posturas críticas sobre de la campaña electoral y sobre la alcaldesa de Intibucá. Ya es hora de que el presidente Porfirio Lobo Sosa cumpla con el compromiso que tomó en el 2010 en Ginebra al asegurar que Honduras sería un país en donde la libertad de expresión, según los lineamientos establecidos y recomendados por la ONU, se respetaría sin falta. Las amenazas y las presiones constantes que aquejan a las radios comunitarias tienen que parar. El reestablecimiento de una información plural es más que necesario. La impunidad de los crímenes y de las agresiones en contra de los periodistas, medios de comunicación y de los defensores de los derechos humanos debe acabarse. Durante los últimos diez años 31 periodistas han sido asesinados, y 26 de ellos desde 2009. El ambiente de inseguridad y de represión hacia quienes ejercen su libertad de expresión contradice la credibilidad de las elecciones primarias en los partidos políticos que apenas empiezan. Señor Vélez Núñez, la respuesta del gobierno al que usted pertenece, será un símbolo clave de la voluntad política de garantía de la libertad de expresión. Señor Vélez Núñez, me suscribo a usted agradeciéndole de antemano su atención a esta carta. Atentamente,
Christophe Deloire, Secretario general de Reporteros sin Fronteras
Señor Miguel Edilberto Vélez Núñez,
Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
Tegucigalpa, Honduras
Señor Miguel Edilberto Vélez Núñez, El 13 de noviembre de 2012, los representantes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) acudieron a la sede del Consejo cívico de las Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) de Intibucá, para llevar a cabo una acción que Reporteros sin Fronteras califica de represiva en contra de tres radios comunitarias pertenecientes a dicha organización. La Conatel había ordenado la reducción de espectro de radiofrecuencias basándose en una queja que data de 2007 y que había sido varias veces rechazada por su propio departamento jurídico. Así, ordenó la reducción de la potencia de emisión de la radio Guarajambala FM y un cambio de frecuencia (Radio Guarajambala viene difundiendo sus ondas desde su creación en 2002 en la misma radiofrecuencia). Los representantes de la Conatel informaron a los miembros del COPINH que contaban con 10 días para realizar los cambios exigidos o sino su material de radiotransmisión les sería decomisado y deberían pagar una multa de por lo menos un millón de lempiras (40 000€). El COPINH posee tres radios comunitarias: Radio Guarajambala FM, La Voz Lenca FM y La Voz Lenca AM. Estas radios, pertenecientes a la Red Mesoamericanas de Radios Comunitarias e Indígenas Garifunas y a la AMARC-Honduras, obtuvieron las licencias de la Conatel pero eran inutilizables ya que ellas habían sido atribuídas también a otras estaciones, evangélicas o comerciales, lo que provocó saturaciones e interferencias radiales. En respuesta a estos incidentes el COPINH notificó a la Conatel, pero frente a su inmovilismo, y a pesar de haber prometido una inspección de terreno, el COPINH se organizó por su cuenta para transmitir desde otras frecuencias. El derecho del COPINH, en su calidad de asociación indígena de disponer de sus propios medios de comunicación le es garantizado no sólo por el artículo 169 de la convención de la OIT sino también por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Desde el año 2007, la Conatel ha venido acusando a las radios del COPINH de transmitir desde una frecuencia que interfiere con la de Radio Metrópolis. Los miembros del COPINH han ido ya varias veces al departamento jurídico de la Conatel para solucionar este asunto, y cada vez han probado que esta acusación no tiene fundamento ya que Radio Metrópolis transmite desde Comayagua, en otro departamento. El pasado miércoles 13 de noviembre de 2012 la Conatel volvió a la carga acusándolos, por una enésima vez, de interferencia a pesar que ella haya sido varias veces desmentida. Es indispensable que la Conatel de una respuesta coherente y clara cuanto antes. Reporteros sin Fronteras, organización internacional de la defensa de la libertad de información le pide que acepte la propuesta reunión con los miembros del COPINH esta semana para que sus derechos a la comunicación, a la información y a la radiodifusión comunitaria sean regularizados y así mismo para que los distintos acuerdos concluidos, en lo que concierne la atribución de cinco nuevas frecuencias, sean efectivos. Los medios comunitarios y sociales han sido creados con la intención de transmitir acerca de temas que tocan directamente a las comunidades indígenas. Las radios del COPINH atribuyen las amenazas, los intentos de censura e incluso los ataques directos de los que han sido víctimas, a la cobertura que ellos han dado a las políticas represivas, sobretodo en contra de los campesinos de la región del Aguán, a la privación de las tierras indígenas Lencas o a la corrupción en el departamento de Intibucá y en su capital, La Esperanza. La estigmatización que padecen aquellos que se expresan o que tienen una opinión crítica debe cesar desde hoy mismo. El 5 de enero de 2011 individuos que llevaban el uniforme de los técnicos de los servicios de la electricidad incursionaron en las oficinas del COPINH donde se encuentran también los estudios de Radio Guarajambala FM y de La Voz Lenca AM. Allí procedieron a cortar súbitamente la corriente eléctrica con el fin de acallar a las radiodifusoras. Según el COPINH, los dos empleados habrían sido enviados por Arturo Corrales Álvarez, ministro de relaciones internacionales y accionario de la empresa SEMEH (Servicios de Medición Eléctrica de Honduras). Ellos amenazaron de muerte a los miembros del COPINH y agredieron físicamente a uno de ellos. El 3 de febrero de 2011, un proyecto legislativo pretendía suspender la atribución de frecuencias a las radios de baja potencia. Inmediatamente el COPINH denunció este atropello. Con esa ley se sienta una base legal para censurar y limitar indirectamente a los medios comunitarios. Esta vez, el COPINH sospecha que las medidas represivas del 13 de noviembre hayan sido tomadas en represalia frente a sus posturas críticas sobre de la campaña electoral y sobre la alcaldesa de Intibucá. Ya es hora de que el presidente Porfirio Lobo Sosa cumpla con el compromiso que tomó en el 2010 en Ginebra al asegurar que Honduras sería un país en donde la libertad de expresión, según los lineamientos establecidos y recomendados por la ONU, se respetaría sin falta. Las amenazas y las presiones constantes que aquejan a las radios comunitarias tienen que parar. El reestablecimiento de una información plural es más que necesario. La impunidad de los crímenes y de las agresiones en contra de los periodistas, medios de comunicación y de los defensores de los derechos humanos debe acabarse. Durante los últimos diez años 31 periodistas han sido asesinados, y 26 de ellos desde 2009. El ambiente de inseguridad y de represión hacia quienes ejercen su libertad de expresión contradice la credibilidad de las elecciones primarias en los partidos políticos que apenas empiezan. Señor Vélez Núñez, la respuesta del gobierno al que usted pertenece, será un símbolo clave de la voluntad política de garantía de la libertad de expresión. Señor Vélez Núñez, me suscribo a usted agradeciéndole de antemano su atención a esta carta. Atentamente,
Christophe Deloire, Secretario general de Reporteros sin Fronteras
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20.01.2016
Honduras
