Las maniobras de las autoridades hondureñas para hacer callar a la voces críticas

Honduras es uno de los países más peligrosos de América Latina para la prensa. Los asesinatos de periodistas son frecuentes en el país –se han registrado 8 desde 2015–, al igual que las maniobras de los políticos y de las autoridades para censurar a las voces que les parecen demasiado críticas. En los meses de agosto y septiembre de 2016, Reporteros sin Fronteras registró diversos ataques graves contra la libertad de la prensa en el país.

El 26 de agosto de 2016 el periodista Ariel Armando D’Vicente, director y conductor del programa informativo “Prensa Libre”, transmitido por el canal independiente Libertad TV, fue condenado a tres años de prisión por difamación. La sentencia, apelada por su abogado, también lo inhabilita para ejercer el periodismo durante tres años. El periodista fue acusado por Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, exjefe de la policía del departamento de Choluteca (sur), de haber perjudicado su imagen. En 2014 D’Vicente reveló que Mejía Tinoco y policías bajo su mando estaban implicados en el tráfico ilegal de ganado entre Centroamérica y México, en colusión con grupos criminales. En 2012 Ariel D’Vicente sufrió un intento de asesinato tras haber denunciado un caso de desvío de fondos en el que estarían implicados tres agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal.

Desde inicios de agosto, el alcalde de Siguatepeque (centro), Juan Carlos Morales, lleva a cabo una campaña de descrédito contra tres periodistas de su municipio. ¿Cuál fue el error de los periodistas? Haber difundido información negativa, como el aumento del nivel de pobreza en el municipio, y haber criticado la mala gestión del alcalde. Una mala publicidad para Juan Carlos Morales, que quiere presentarse como candidato en las elecciones que se realizarán en noviembre de 2017 y reelergise en su cargo.

Así, Leonel Juárez, conductor del programa “Juárez informa”, del canal TV Centro, señaló que Juan Carlos Morales lo estaba acosando, que buscaba por todos los medios acabar con su programa: campañas de difamación y de descrédito tanto en la prensa como en las redes sociales, presiones a los anunciantes y a su familia. Leonel Juárez no tuvo otra opción que poner fin a su programa y contempla dejar Honduras para ponerse a salvo de las amenazas. Los periodistas Anselmo Rubio, conductor de Libre Opinión TV, y Walter Ulloa Bueso, locutor de la radio local Estéreo Cielo, han padecido un hostigamiento similar orquestado por el alcalde

El 3 de septiembre de 2016, en la ciudad de San Pedro Sula (noroeste), el periodista Milthon Robles fue amenazado por un desconocido que circulaba en automóvil, quien le apuntó con un arma. Dos semanas antes, un individuo que conducía el mismo vehículo intentó de atropellarlo. Estas agresiones sucedieron después de que Robles realizó una investigación sobre los “impuestos de guerra”, exigidos y recabados por grupos criminales locales, los ‘Maras’; señaló que las autoridades (funcionarios locales) estaban implicadas en este caso. Milthon Robles es corresponsal del sitio web informativo Criterio.hn, miembro del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), red de alerta y protección a periodistas, así como activista defensor de los derechos humanos y presidente de la asociación hondureña Comunicadores Sociales.

“Las autoridades y los políticos, quienes deberían proteger a los periodistas, muy a menudo son sus primeros opresores”, señaló Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF. “El proceso judicial que enfrentó Ariel D’Vicente es muy irónico dado que la impunidad de los crímenes cometidos contra la prensa es casi total en Honduras; asimismo, muestra el clima hostil que enfrenta el gremio periodístico. En un país presa de la corrupción y del crimen organizado, el respeto y la protección del trabajo de los periodistas es, más que nunca, esencial”, añadió.

Si se confirma la sentencia impuesta a Ariel D’Vicente, ésta será la segunda vez en dos años que la justicia dicta una sentencia que prohíbe a un periodistas ejercer su profesión. El 29 de octubre de 2015 un Juzgado de Ejecución de Honduras entregó a Julio Ernesto Alvarado, conductor del programa “Mi Nación”, del canal Globo TV, una notificación oficial de suspensión de la profesión de periodista (prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con la difusión de información), a pesar de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado para el periodista en noviembre 2014 y de su solicitud de suspender la ejecución de la sentencia condenatoria mientras que la CIDH estudiaba su caso.

Reporteros sin Fronteras pide una vez más a las autoridades de Honduras que tomen en cuenta las recomendaciones hechas en el Examen Periódico Universal (EPU) de 2015 y que respeten todos los compromisos que el país adquirió al adherirse a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Asimismo RSF solicita al Estado de Honduras que implemente completamente a la mayor brevedad la Ley de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y Operadores de Justicia, para que los periodistas puedan ejercer su profesión sin amenazas o un clima de miedo.

Honduras se encuentra en el lugar 137, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de RSF.